Entrevistamos al recién electo Diputado Nacional del PTS-FITU, sociólogo y docente universitario, Christian Castillo para analizar el alineamiento político de la "casta empresarial" ante el balotaje entre Massa y Milei y la propuesta de la izquierda para que la clase trabajadora no pague los costos de la crisis.
Lunes 6 de noviembre de 2023 21:59
Christian "Chipi" Castillo es sociólogo y docente universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata UNLP, autor de libros y numerosas publicaciones y artículos. Es Dirigente Nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad y recientemente ha sido electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde La Izquierda Diario lo entrevistamos para analizar el posible realineamiento de la cúpula empresarial a dos semanas del balotaje y las perspectivas para los trabajadores en el marco de la crisis económica, como parte del Informe especial sobre Los dueños del país .
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Yo creo que el conjunto de la clase dominante alentó inicialmente la irrupción de Milei para hacer girar a la derecha la agenda política. Es sabido que su primer patrocinador fue Eduardo Eurnekian, que era su empleador y el conjunto del sistema mediático lo cortejó durante cuatro o cinco años.
Hoy son posiblemente sectores ligados a la especulación financiera, algunos del agro negocio y otros más directamente alineados con Mauricio Macri los que lo apoyan, pero el núcleo de la gran burguesía nucleado en la AEA parece preferir a Sergio Massa y no ven con buenos ojos la propuesta de dolarizar la economía.
Como decía el núcleo central de la gran burguesía, que apostó a una victoria de Juntos por el Cambio, hoy parece inclinarse por Massa, incluyendo al Grupo Clarín y Techint.
Creo que esto se explica por dos motivos. Primero, porque el plan de dolarización posiblemente perjudicaría a la gran burguesía local, al bajar el precio de sus activos luego de la hiper devaluación que implicaría dolarizar. Segundo, por una cuestión de gobernabilidad. Si Milei gana lo haría con poco peso institucional y temen que desate protestas populares masivas si aplica sus planes.
Massa contaría con menor poder político institucional (menos gobernaciones, menos diputados y menos senadores) que el que tuvo inicialmente Alberto Fernández pero podría conformar una suerte de coalición parlamentaria con los radicales, la Coalición Cívica y las “palomas” del PRO que no dieron apoyo a Milei. Una suerte de “coalición del 70%” como la que planteaba Larreta, y auspiciaba el embajador de EE.UU. Mark Stanley, aunque con otra composición interna. Sería una base mayor para aplicar el ajuste de la mano del FMI, además del apoyo de la burocracia sindical.
Sin embargo, no debemos perder de vista que Massa ha sido el candidato peronista que menos votos ha sacado en una elección presidencial, y que gran parte de sus votos han sido por el temor a un triunfo de Milei más que una adhesión a sus planteos.
Lo primero es, obviamente, no seguir con el pago de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y romper con el FMI. Sin esto no hay salida. Argentina tiene a partir de 2025 vencimientos por alrededor de 20 mil millones de dólares por año hasta el 2032, el equivalente a lo que se perdió en la sequía cada año. Y sabemos que el Fondo quiere que lo paguemos recortando aún más las jubilaciones y todo el gasto social.
Junto con esto hay que nacionalizar el sistema bancario y el comercio exterior bajo gestión de los trabajadores, para parar la sangría de dólares y preservar los ahorros de la población. A la vez hay que recomponer el poder de compra de los salarios y jubilaciones que no han dejado de caer en los últimos dos gobiernos, con una transferencia de ingresos que algunos han calculado en 100.000 millones de dólares desde la clase trabajadora hacia el capital.
También estamos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar los salarios ni modificar los ritmos de producción, con un mínimo que cubra la canasta familiar. Y que se terminen todas las formas de precarización laboral, empezando por registrar a quienes no lo están y liquidando las distintas formas de fraude laboral. Todo esto como parte de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores y la perspectiva de la Unidad Socialista de América Latina.
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