Causa armada. Chubut: La Justicia del gobernador Torres criminaliza y persigue a ambientalistas

La justicia de Chubut en una verdadera provocación, por partida doble, inició el jueves 22 de agosto el juicio contra 8 manifestantes de la rebelión obrera y popular que conmovió a la provincia en diciembre de 2021 y derrotó en las calles a la zonificación minera de Arcioni y el Frente de Todos. Como señalábamos acá “sientan en el banquillo de los acusados a todo el pueblo de Chubut mientras le dan impunidad a los responsables políticos y materiales de la feroz represión que desató el gobierno contra los manifestantes”.

Pero la segunda provocación llegó a través de una notificación judicial que acusa a seis ambientalistas, algunos de ellos fotoperiodistas y periodistas independientes, por haberle manifestado el pasado 15 de agosto su desaprobación a dos diputados, Aguilera y Juncos, por haber votado la adhesión al RIGI en la legislatura de Chubut, de manera exprés y a espaldas del pueblo, abriendo de esta manera la puerta al saqueo de los bienes comunes naturales y a la megaminería, en particular, para la que no hay licencia social en la provincia.

Como señala el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos "La medida cautelar que dió lugar la justicia de Chubut y que prohíbe selectivamente a lxs comunicadores acercarse a menos de 500 metros de la Legislatura provincial y edificios gubernamentales, es irracional e impide el desarrollo de la labor periodística y atenta fuertemente contra libertad de prensa y expresión".

La causas armada contra los seis ambientalistas por la justicia de Chubut, siguiendo el modus operandi de la “miliquita” Patricia Bullrich, amiga e ideóloga, del gobernador Torres y se basa en acusaciones falsas. Los videos que circulan en las redes desmantelan la narrativa oficial construida por Torres, Menna y Aguilera sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto, durante un cuarto intermedio de la sesión legislativa.

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Las acusaciones hablan de violencia física y de la retención de una menor. En ninguno de los videos e imágenes tomadas por testigos se observa la gravedad de las acusaciones que presentó el vice gobernador Gustavo Menna, y la diputada Aguilera acompañado por declaraciones del gobernador Torres y con el apoyo de todo el arco oficialista que lanzaron junto a los diarios como El Chubut o Jornada una verdadera cruzada contra los seis ambientalistas imputados por la justicia.

Desde el PTS señalamos que "Queda al descubierto el intento de armar una causa por la ridícula obsesión de Torres, Menna y la justicia cómplice de ‘encontrar violentos y antidemocráticos para desviar que están entregando los bienes comunes naturales con la adhesión al RIGI, aplicando la política del gobierno nacional de Javier Milei’".

El gobernador Ignacio Torres en menos de un mes lazó dos mentiras, acompañado por el vicegobernador y los legisladores oficialistas, primero decir que la adhesión al RIGI no incluye a la megaminería de la implementación del RIGI. La mentira tenía el objetivo de que no se expresara la lucha en defensa del agua y los territorios. La segunda criminalizar, a través de los jueces adictos al poder, a seis ambientalistas por decirles en la cara a los legisladores Aguilera y Junco que “Chubut ya decidió, que el agua y los territorios se defienden” y que “la megaminería no pasará”.

Este accionar del gobernador muestra una vez más, que sus falsas promesas de campaña y su discurso de que era lo nuevo, eran una mentira más para aprovecharse del hastío y el odio que había en el pueblo trabajador contra el gobernador peronista Arcioni y contra el peronismo en general.

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Hoy vemos tras casi nueve meses de gobierno que en lo esencial es una clara continuidad del gobierno de Arcioni, funcionarios en ministerios como los peronistas Meiszner y Papaini, ajuste permanente contra los trabajadores estatales, como muestra el ejemplo de los docentes provinciales, que son junto a los de Mendoza, son los trabajadores de la educación con salarios más bajos de la provincia y como queda claro con el ataque a la Lof Pailako (discursos racistas mediante) y ahora con la imputación a los seis ambientalistas, las inversiones que promete no son más que falsas promesas para instalar la megaminería, desalojando a las comunidades originarias y criminalizando la protesta social, cuyo fin es seguir pagando la deuda externa y garantizando las ganancias de las multinacionales y de sus empresarios amigos. Toda similitud con Arcioni no es pura coincidencia.

Como señalan los propios imputados “Es claro que el objetivo es correr el eje de discusión y que no discutamos la entrega que votaron con el RIGI. Tendrían que ser los diputados que expliquen los perjuicios que traerá esto a la población. No han realizado consultas públicas. En las comisiones del proyecto el tratamiento ha sido menos de una hora. No se invitó a ningún especialista de las ciencias, ni tampoco a ninguna persona del ámbito judicial. Tampoco se convocó a la universidad ni a ningún ente experto en el tema. En este contexto express, sin información y en plena ignorancia la Cámara de diputados aprobó la adhesión al RIGI».

Rechazamos este ataque a las y los luchadores, exigimos el desprocesamiento de los 6 ambientalistas imputados, como así también la absolución de los 8 manifestantes que están atravesando un juicio por la lucha social ambiental ocurrida en diciembre de 2021 que derrotó la zonificación minera. Luchar no es delito.