La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ratificó el procesamiento de 5 vecinos y vecinas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar en defensa del agua y la Iniciativa Popular en mayo de 2021. Seguimos exigiendo el sobreseimiento y el desprocesamiento de todos los procesados.
Viernes 8 de septiembre de 2023 12:42
En mayo de 2021, en la provincia de Chubut, se vivieron jornadas de masivas movilizaciones y acciones de lucha, tras la decisión de los legisladores de rechazar de manera express el proyecto de Iniciativa Popular, que reunía más de 30 mil firmas de toda la provincia, mientras le daban vía libre al proyecto de Zonificación Minera que finalmente en diciembre del mismo año, fue aprobado por esta misma legislatura.
Ante este accionar de los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, el pueblo manifestó su rabia en las calles y las rutas por haber sido quebrantada su voluntad popular de prohibir la explotación minera en el territorio Chubutense, y proteger la meseta de las multinacionales.
En la ciudad de Trelew se realizó una movilización de cientos de vecinos y vecinas que se manifestaron en la ruta Nacional Nº 3, la cual culminó con un desalojo por parte de la fuerza policial de la provincia bajo la orden política del hoy candidato al Parlasur de Unión por la Patria, Mariano Arcioni, desencadenando el armado de causas judiciales por “Entorpecimiento de los Servicios Públicos”, a veinticinco vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. Contra 5 de esxs vecinxs, Noelia Silva, Matías Crespo, SantiagoVasconcelos, Diego Oria y Andrea Leonett, ratificó el procesamiento la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, dando paso a que se inicie el juicio, que está a cargo del Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Gustavo Lleral.
El derecho a la protesta es el único que puede defender al resto de los derechos
El peronista Arcioni criminaliza a quienes luchan en Chubut. Los gobiernos y los empresarios saben que el ajuste y el saqueo de los bienes comunes naturales no pasa sin represión. No es una frase hecha. Es una descripción de como parecen desarrollarse los hechos en la política nacional. O por lo menos, en ciertas partes de su geografía.
#LucharPorElAguaNoEsDelito Rechazamos el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó el procesamiento de 5 imputados por manifestarse contra la megaminería.
Hace dos meses estuvimos en Chubut con organismos de todo el país repudiando esta persecución estatal. pic.twitter.com/I5dZGuXRZ4— CeProDH (@ceprodh) September 7, 2023
Lo vemos en esta campaña donde la mayoría de los candidatos viene profundizando un discurso represivo contra la protesta social. Se puedo ver a Gerardo Morales aplicándola brutalmente y haciendo publicidad de la Reforma Constitucional que criminaliza la protesta e hizo levantar al pueblo jujeño. A Patricia Bullrich hablando de reprimir toda protesta. Javier Milei y Ramiro Marra hablando de cárcel o bala. También apareció Leandro Santoro, precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, afirmando que va a regularizar la protesta social pactando condiciones para las manifestaciones. Como vemos no hay grietas para atacar la protesta social.
Con los anuncios realizados por Massa, de que “la cordillera es una torta”, o de Milei de “que hay que privatizar los ríos” las pretensiones extractivistas, el ajuste y la crisis social no harán sino recrudecer. Por eso este fallo de la Cámara de Apelaciones es un apoyo a las políticas represivas de los gobiernos y de la derecha contra quienes salimos y saldremos a enfrentar el gobierno de Massa, Milei o Bullrich al servicio del FMI en las calles.
El gobernador peronista Mariano Arcioni, del Frente Renovador de Sergio Masa, ministro de economía del Frente de Todos avanza en la criminalización de la protesta contra los que luchan en Chubut.
En Chubut, ya fueron condenados por la justicia los docentes Santiago Goodman y Estela Juárez por la lucha docente de 2019, están procesados los ambientalistas de Lago Puelo y los 5 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn con motivo de la protesta realizada en el mes de mayo de 2021 en la Ruta Nacional Nro. 3, cuando el pueblo de Chubut salió masivamente en distintos puntos de la provincia a defender la Iniciativa Popular 2020, que intentaba prohibir definitivamente en todo el territorio la instalación de la megaminería.
Esto que vemos en Chubut gobernada por el peronista Arcioni, también pasa en Salta, gobernada por el peronista Sáenz que votó una ley antipiquetes para prohibir la protesta social, o la kirchenrista, Alicia Kirchner en Santa Cruz que procesa a los docentes y estatales por luchar.
Hay que derogar el artículo 194
Este artículo que utiliza el Juez Lleral a pedido del Poder Ejecutivo de Arcioni tiene su origen en 1968 cuando el dictador Juan Carlos Onganía emite el decreto-ley 17567 mediante el cual entre otras medidas se incluye esta norma para criminalizar la protesta social. Actualmente el artículo 194 del Código Penal establece que: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
En todo el país hay alrededor de 5000 luchadores procesados, muchos de los cuales están bajo esta ley penal de Onganía y numerosas represiones de las fuerzas de seguridad se hacen en nombre del cumplimiento de este artículo. Por eso hay que derogar el artículo 194 que como decía el proyecto de ley presentado por Nicolás Del Caño y otros legisladores para derogar este artículo se explica que: “Hay que destacar que no se castiga cualquier entorpecimiento o interrupción del tránsito, sólo se pena cuando esas situaciones son el resultado una manifestación pública. Por ejemplo, algo habitual en la Argentina: un festejo deportivo o una celebración religiosa interrumpe las mismas calles, por el mismo tiempo, con la misma cantidad de personas. Pero no existe una sola causa por la aplicación del art. 194 del Código Penal en esos casos.”
Fortalezcamos a la campaña por el sobreseimiento de los procesados en Chubut
Este conjunto de ataques tiene un denominador común. Constituyen un intento de cercenar el derecho a la protesta para facilitar el avance del ajuste y el extractivismo. Un ajuste que, como reconoce la propia clase dominante, debe profundizarse muchísimo a futuro. Ese horizonte es el que anuncian las propias coaliciones políticas que responden a los intereses empresarios. Allí tampoco hay grieta. Hay, a lo sumo, matices. Mientras el Frente de Todos-Unión por la Patria aplica el ajuste ordenado por el FMI, Juntos por el Cambio y la derecha rabiosa de Milei, exigen una dureza aún mucho mayor.
Es necesario enfrentar políticamente y en las calles estos intentos de cercenar el derecho a protestar. Luchar contra la avanzada represiva es esencial para estar en mejores condiciones de pelear contra el ajuste y el extractivismo que pretenden profundizar.
Por esto, no podemos permitir el avance de la criminalización de la protesta social. Desprocesamiento de todos los luchadores. ¡Luchar por el agua no es delito!
Reproducimos el Comunicado de los 5 procesados por luchar en mayo de 2021
La Camara de Apelaciones sostiene el procesamiento de 5 vecinxs que luchaban por el agua.
El día miércoles 5/9 se dio a conocer la sentencia de la Camara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en la cual se ratificó el procesamiento de 5 vecinos y vecinas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por luchar en defensa del agua y la Iniciativa Popular en mayo de 2021. Entre este grupo de vecinxs perseguidxs por la justicia se encuentra Santiago Vasconcelos, diputado provincial electo del Frente de Izquierda Unidad, entre otrxs militantes de izquierda y del movimiento socioambiental de Chubut.
La misma Cámara tuvo que reconocer que no había motivos para procesar a 11 de lxs 16, dictando falta de mérito, con lo cual se confirma que la causa no tiene fundamento sino que tiene como objetivo amedrentar a la población para evitar que luche cuando avanzan sobre sus derechos.
En la provincia y en el país avanzan con la criminalización de la protesta como mecanismo para hacer pasar el ajuste y el saqueo de la mano de los gobiernos y el FMI que se profundiza cada vez más.
Seguiremos luchando por la absolución de lxs 5 compañerxs, asi como por el resto de las causas existentes.
LUCHAR POR EL AGUA NO ES DELITO.
ABSOLUCION YA!
Ariel Iglesias
Nació en Buenos Aires en 1969. Es docente (jubilado). Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Escribió en Ideas de Izquierda "La Educación en el país de los soviets"; "Chubut: Crónica de un triunfo popular contra la Megaminería". Escribe y edita La Izquierda Diario+ en Chubut.