El recientemente publicado informe del Defensor del profesor, establecido por el sindicato de enseñanza ANPE, informa que ha atendido las llamadas de casi 2000 docentes.
Aníbal Maza Zaragoza
Viernes 25 de noviembre de 2016
Foto: Getty
Durante el curso escolar 2015-2016 1.961 docentes de todo el Estado Español han sido atendidos por el Defensor del Profesor. Desde la creación de este servicio en 2005 más de 30.000 docentes han acudido a él.
Éste es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de violencia y conflicto en las aulas. El sindicato ANPE lo planteó como una medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención ante el problema creciente de la violencia escolar.
La mayoría de los demandantes de atención son docentes de la Enseñanza pública según notifica el propio sindicato.
La tipología de los casos atendidos, relacionados con el alumnado son: 31% a faltas de respeto, 20% a problemas en clase, 19% a ciber acoso (grabaciones, fotos e internet), 10% a conductas violentas entre alumnos, 7% a acoso y amenazas, un 3% por agresiones y un 2% por daños materiales.
En lo referente a los docentes: 26% de las consultas refieren a problemas con la dirección de los centros, 18% a problemas con la administración, 13% por no aplicar el reglamento del centro, un 11% referentes a los compañeros y un 2% por expedientes disciplinarios.
En los que se relacionan con las familias: el 50% de los casos son acusaciones sin fundamento, un 29% por amenazas y acoso, 18% por denuncias, un 8% por coerciones para cambiar calificaciones de los alumnos etc.
La distribución de casos por tramos del currículo educativo es la siguiente: un 39% corresponden al profesorado de Primaria, el 35% a Secundaria, un 6% a infantil, 3% a FP Básica, 3% a ciclos formativos y un 14% para el resto de enseñanzas.
El sindicato notifica que se ha reducido el número de casos con respecto al curso anterior, pero sin embargo han aumentado los porcentajes referentes al ciber-acoso en las redes sociales, las acusaciones carentes de fundamento hacia el profesorado y el acoso y amenazas de padres a los profesores.
Las consecuencias en la salud mental de los docentes se hacen notar puesto que el 57% de los casos presentaba ansiedad, el 7% depresión y el 9% en situación de baja laboral. Lo que muestra unos preocupantes índices de burn-out que se están dando en la escuela.
Estos datos permiten conocer mejor algunas de las problemáticas de la realidad del sistema educativo en el Estado Español, puesto que muestran una radiografía más precisa que las estadísticas ministeriales y empresariales al respecto, al ser el demandante de atención quien plantea los problemas y no el encuestador como muchas veces suele ocurrir (con la inherente falsificación de resultados a interés del pagador). Se sorprendería el lector de lo fácil que es “trucar” las variables de la estadística para conseguirlo.
El sindicato ha propuesto a la administración la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, con algunas medidas útiles como la rehabilitación de los agresores de docentes, creación de protocolos para contener el acoso escolar para docentes y alumnos y asistencia jurídica y psicológica gratuita. También han solicitado la reactivación del Observatorio Escolar Sobre la Convivencia Escolar.
No obstante, pretende que sea liderado y coordinado por el Ministerio de Educación, el mismo ministerio de los recortes, la privatización, la precarización de los trabajadores de la enseñanza o que impone la LOMCE a profesores y alumnos. Esta posición que plantea hacer peticiones a este ministerio imposibilitará la obtención de dichas mejoras o solucionar estos problemas de convivencia escolar.
Sólo los trabajadores de la educación, alumnos y familias pueden empezar a atajar efectivamente estos problemas actuando democráticamente “desde abajo”, y cambiando de forma efectiva la vida escolar. Además de tener claro que sólo la lucha de trabajadores y estudiantes permitirá arrancar concesiones parciales (que siempre suelen ser temporales o armas de doble filo como nuestro estado del “malestar”) como la financiación de planes serios para rehabilitar a los alumnos que agreden a compañeros o docentes.
Otras de las conclusiones que ha obtenido ANPE del estudio están sesgadas por la política conservadora de este sindicato (como se ha visto en sus posiciones rechazando la huelga de deberes por ser vistas como un ataque a la autoridad del profesor).
El sindicato ha incidido en su campaña para reforzar la “autoridad pública” otorgada por parte de las administraciones a los profesores. Literalmente: “El desarrollo reglamentario en todas las Comunidades Autónomas del artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes.”
Esta medida no está contribuyendo a solventar los problemas que el propio estudio muestra, puesto que se han recrudecido los más graves que supuestamente debía atajar esta “judicialización de la docencia”. Algunos sindicatos y muchos docentes ya se opusieron a la medida en 2011 como muestran claramente las declaraciones de Enrique García de CGT: "Se va a judicializar la docencia y eso no va a resolver los conflictos que se producen en las aulas ni mejorará la convivencia", abogando por otras soluciones como los “educadores sociales” en vez de "crear un estatus similar al de la Policía Local porque eso no gana el respeto de los alumnos".
Lo que también muestra este análisis es que hay correlato entre los problemas que sufren docentes y alumnos. No es fruto del azar que coincidan en el tiempo y el espacio con los problemas que se dan entre los propios alumnos como el auge creciente del stress infantil, el acoso y la violencia en las aulas. Una violencia que en ocasiones lleva al suicidio de los alumnos.
Estos problemas responden a un mismo clima de crisis explosiva que se lleva gestando décadas en la institución escolar y que se ha agravado con la actual crisis capitalista. Una crisis que ha supuesto un “bombardeo” a la educación con los recortes, las leyes educativas cada vez más reaccionarias y puestas al servicio de la burguesía financiera y empresarial, además de las consabidas influencias opresivas y degradantes presentes en los propios materiales educativos y/o culturales. Unas influencias ejemplificadas claramente en las denuncias de algunos Observatorios contra la homofobia contra libros de la ESO.
Lo más racional es que estas evidencias que nos está dando “la vida”, es decir la realidad inmediata, que plasman informes como éste, nos lleven a desconfiar de la injerencia, cada vez mayor, de los capitalistas en la escuela (de ellos y de sus brazos ejecutores). Es necesario abandonar las confianzas inconscientes, que aún se mantienen, en quienes se benefician de la degradación educativa de los hijos de los trabajadores y el pueblo.
Los trabajadores, alumnos y padres (que son quienes sufren las consecuencias) deben empezar a confiar en sí mismos y en sus propias fuerzas coordinadas y auto-organizadas para empezar a cambiar estas realidades de miseria material y educacional, degradación moral y cultural, opresión y violencia que se dan en las instituciones educativas. Si no, nadie lo hará.
