Las obras implicarán “la desaparición total de aproximadamente el 50 % del río”, señalan. Otros informes describen impactos negativos en fauna, flora, riqueza arqueológica, desacople con el Lago Argentino y posibilidad de desabastecimiento de agua para Comandante Luis Piedra Buena.
Miércoles 11 de noviembre de 2020 13:21
El Grupo de Estudios sobre Territorio, Poder y Ecologías desde el Sur (Estepes) ha hecho “un llamado a la responsabilidad y compromiso ético de los profesionales” que integran las instituciones públicas que evaluarán los estudios de impacto ambiental de las megarrepresas de Santa Cruz. Exigen “que elaboren sus informes desde el mayor rigor científico posible, sin ceder a presiones de ningún tipo, y sin caer en la falacia del corporativismo académico o profesional”.
También hacen “un llamado a todas las instituciones, al Gobierno y a la Corte a no subestimar una vez más la crisis ambiental que ahoga al planeta. A nuestro país también. No es un eslogan político, sino una verdad científica”.
Corte Suprema interpela al Ianigla y a la Administración de Parques Nacionales
En el marco de una causa iniciada por la Fundación Banco de Bosques contra el Ministerio de Planificación Federal, el pasado 22 de octubre la Corte Suprema de Justicia resolvió “requerir al Estado Nacional que informe, en el plazo de 30 días, el estado actual de avance de las obras correspondientes a los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic, actualmente Condor Cliff y La Barrancosa”.
El objetivo del pedido es saber “si se han realizado los estudios de impacto ambiental de la Línea de Extra Alta Tensión”, para lo cual el Estado deberá “acompañar copias certificadas de sus resultados o informar y acreditar el estado actual del emprendimiento respectivo”. Para esto, la CSJ solicitó a su vez a tres instituciones públicas ligadas al campo de la investigación y la conservación que se pronuncien sobe dichos estudios.
Al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, la Justicia le exigió que “se pronuncie con carácter definitivo sobre los estudios producidos por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., atendiendo especialmente a la cuestión del ‘desacople’ en relación con la evaluación realizada por el ingeniero Ascencio Lara”.
Al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) le exigió que “verifique la idoneidad de los estudios realizados por la firma EBISA en el marco de esta causa y dentro de su ámbito de competencia, y que emita una opinión fundada en relación a la necesidad de realizar un estudio de ‘sismicidad inducida’”.
A la Administración de Parques Nacionales (APN) le exigió que “se expida a partir del examen del Estudio Impacto Ambiental respecto de los posibles daños a la biodiversidad (especialmente en relación con la subsistencia y conservación del macá tobiano) y emita una opinión fundada sobre la idoneidad de las medidas desarrolladas en el Plan de Gestión Ambiental con relación a dichos daños”.
Los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti les dieron 30 días a las tres instituciones para que se pronuncien sobre lo solicitado. Es en este contexto que el Grupo de Estudios sobre Territorio, Poder y Ecologías desde el Sur (Estepes), entre cuyos miembros se encuentran el geógrafo Alejandro Schweitzer y el ingeniero geomático Guillermo Tamburini Beliveau –ambos del Centro de Investigaciones y Transferencias de San Cruz (Conicet)- ha hecho “un llamado a la responsabilidad y compromiso ético de los profesionales que integran las instituciones interpeladas en la elaboración de sus informes”.
En una carta abierta a la población, pero con un mensaje dirigido a los profesionales del Ianigla, de la Administración de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el grupo Estepes les solicitó “que elaboren sus informes desde el mayor rigor científico posible, sin ceder a presiones de ningún tipo, y sin caer en la falacia del corporativismo académico o profesional. Estamos evaluando el ambiente, un sistema complejo, natural y social, en donde no se puede observar el bosque sin ver al árbol, ni se puede hablar del árbol sin considerar al bosque”.
Los Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz (AHRSC) son un proyecto en marcha de dos megarrepresas sobre el río Santa Cruz, en la provincia patagónica homónima, con el fin pretendido de incrementar la capacidad del sistema eléctrico nacional en aproximadamente un 4 %. Este proyecto presenta debilidades de gran magnitud, denunciadas por variados sectores sociales, tanto en aspectos técnicos, económicos, políticos, sociales como ambientales. Amas represas destruyen una de las mayores cuencas hídricas del país, siendo ésta singular por ser netamente glaciaria (sus fuentes son los grandes glaciares patagónicos) y por ser un elemento troncal del ecosistema y las sociedades patagónicas australes.
“Somos conscientes de que la APN no puede negar la trascendencia de un río Santa Cruz fluyendo libre hasta el mar para la conservación del ambiente natural de la región”, señalan los investigadores. “Tanto las nacientes como la desembocadura del río Santa Cruz se ubican dentro de parques nacionales. Inicia y culmina en parques nacionales. Dos parques que basan su riqueza en el patrimonio hidrológico, los glaciares y lagos del Parque Nacional Los Glaciares (donde se preserva el glaciar Perito Moreno, Patrimonio Mundial de la Humanidad), y el estuario del río en el Parque Nacional Monte León. Nos preguntamos ¿cómo sería posible considerar que dos megarepresas que predestinan a la desaparición del río que vincula a estos Parques Nacionales, no los afecte negativamente?”.
El propio Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Unión Transitoria de Empresas, conformada por China Gezhouba Group Company, Hidrocuyo y Electroingeniería, las desarrolladoras del proyecto, señala que “con la generación de los dos embalses NK y JC, más de 180 km del Río Santa Cruz (longitud total actual 378 Km) se transformarán en un cuerpo lacustre [...]. Esta alteración implicará la desaparición total de la morfometría fluvial y de la dinámica actual del río Santa Cruz en las secciones que serán inundadas”. Según Estepes, “es decir, la desaparición total de aproximadamente el 50 % del río”.
Otro aspecto fundamental para cuestionar las megarrepresas es el del impacto en la flora y fauna del lugar. Estas, según Estepes, “no son bien conocidas debido a la escasez de investigaciones científicas. La alteración de un ecosistema tan importante como el de la cuenca del río Santa Cruz puede afectar irremediablemente en consecuencia a especies biológicas de las que ni siquiera estamos en condiciones de hacer evaluaciones rigurosas en la actualidad (Quintana 2019). Algunos expertos han alertado de los riesgos que pueden suponer para el ecosistema de la cuenca del río Santa Cruz la introducción de las líneas de extra alta tensión (Roesler), o la alteración del régimen del estuario del río (Loizaga de Castro 2013), o la propagación de especies invasoras entre otros muchos impactos”, advierten.
En junio de 2017 la Dirección Nacional de Conservación de la APN (Coordinación Patagonia Austral) alertó sobre los efectos negativos del proyecto. En su APN Informe 2017, el área técnica de Administración de Parques Nacionales describió los impactos negativos en la fauna, la flora, la riqueza arqueológica, la incertidumbre respecto al desacople con el Lago Argentino y advirtió sobre la posibilidad de desabastecimiento de agua potable para la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. “A la vista de los hechos, no cabe esperar más que elevar aún más el grado de alarma de aquella nota”, señalan los investigadores.
Con su carta abierta, los miembros del grupo Estepes hacen “un llamado a todas las instituciones, al Gobierno y a la Corte a no subestimar una vez más la crisis ambiental que ahoga al planeta, a nuestro país también. No es un eslogan político, sino una verdad científica, hemos llegado al punto de inflexión, al umbral del colapso ambiental, y no podemos permitirnos dar más pasos en falso (Ripple 2020). El desarrollo económico no puede ir en contra del ambiente y la comunidad. El incremento de producción y consumo energético no son ya parámetros de bienestar social ni ambiental. La desaparición de nuestro patrimonio ambiental no puede entenderse ni como progreso ni como soberanía”, afirman.
Carta abierta del Grupo Estepes al Ianigla, a la APN y al Inpres by La Izquierda Diario on Scribd
