Bloqueos, protestas de maestros y jóvenes frente a edificios vinculados con las elecciones y a petroleras, gastos millonarios en campañas, ataques y asesinatos de candidatos y sus colaboradores de distintos partidos, así finalizaron las campañas electorales.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 6 de junio de 2015
Foto de cnnmexico.com
Veinte son los candidatos, precandidatos o miembros de los equipos de campaña que fueron asesinados durante el periodo preelectoral de estos comicios intermedios.
Según informa La Jornada, el gasto total de las campañas fue de 1974 millones de pesos: 1172 millones fueron para las campañas federales y 801 millones a los comicios estatales.
Mientras tanto, en cinco estados se están llevando a cabo medidas de boicot: Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Ataques contra edificios de las instituciones organizadoras de las elecciones y contra las sedes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) y bloqueos de carreteras son algunos de los métodos de protesta encabezados por el magisterio que exige la abrogación de la reforma educativa.
No están solos: de acuerdo con distintos medios de comunicación un amplio sector de la población del país no tiene ninguna confianza en este proceso electoral ni en los partidos que tienen registro ante el Instituto Nacional Electoral y deploran el despilfarro de millones de pesos gastados en las campañas electorales.
Hace años que no se veía un proceso electoral tan convulsivo, y signado por elementos de inestabilidad. Mientras los de arriba están de acuerdo en preparar nuevos planes contra los trabajadores, el repudio y el descrédito se expresa en los días previos al 7 de junio, encabezado por el magisterio.
A su vez, el INE también está cuestionado a los ojos de la opinión pública: fue el racismo manifiesto de Lorenzo Córdova, su presidente, al burlarse de la forma de hablar de un indígena, los 30,000 o 40,000 dólares (se mencionan ambas cifras en distintos medios) pagados a Rigoberta Menchú para que promueva el voto en México y legitime como veedora estas elecciones justo en Guerrero, el estado donde tuvo lugar la tragedia de Iguala. El INE ahora hace lacrimógenos llamados a la paz, para que las elecciones fluyan.
Los de arriba quieren militarizar las elecciones
Por su parte, los partidos de la clase dominante se reunieron con el comisionado de la policía federal Enrique Galindo y con integrantes del Grupo Enlace y Comunicación entre partidos y estrategas de Seguridad, para militarizar los comicios y frenar la protesta social.
Al cierre de esta edición, han arribado fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios del domingo y evitar las acciones de protesta y boicot del magisterio. Mientras tanto, los últimos días se vieron claras muestras de la represión política del gobierno y los partidos del régimen político: este viernes, los trabajadores de INBA fueron golpeados y detenidos en Bellas Artes por las fuerzas policiales del gobierno perredista del Distrito Federal. En tanto que en Puebla fueron detenidos estudiantes universitarios y en Veracruz fueron salvajemente golpeados otros ocho estudiantes. Son claras muestras del cierre de filas de los partidos del Congreso y el gobierno, que quieren evitar que se exprese el descontento y amedrentar a los protestan y y luchan.
Y es que se extiende silenciosa, pero firme, la sombra de las desapariciones forzadas de 43 normalistas de Ayotzinapa, que se expresa en múltiples expresiones de protesta encabezadas por el magisterio y sectores de la juventud. Aun cuando las movilizaciones descendieron mucho respecto al año pasado, la ausencia de los jóvenes es una herida que no ha cerrado para el México profundo.
Enrique Peña Nieto, a mitad de mandato, con estas elecciones está puesto a prueba. Mientras el conjunto de los partidos del régimen aspiran a garantizar la estabilidad y unas elecciones que relegitimen sus instituciones, Peña no ha podido imponer un clima de “normalidad”, la “normalidad” que ansían el gobierno estadounidense y los magnates como Slim. Aun con el despliegue de fuerzas represivas en los estados donde más se hacen sentir los movimientos sociales, especialmente en Guerrero.
El presidente, y su séquito del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), cargan consigo la desaparición y las ejecuciones de cientos de miles de personas en todo el país –el nefasto costo de la “guerra contra el narco”-, incluyendo a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cargan con múltiples escándalos de corrupción: la casa blanca de Angélica Rivera, primera dama, la mansión de Videgaray, secretario de hacienda, en Malinalco, la asociación entre OHL y el gobierno del Estado de México, la impunidad del incendio de la guardería ABC, de la represión de Atenco, y tantos más.
Lo que se juega es la legitimidad electoral que les permita avanzar en la precarización laboral y en la entrega de los recursos del país. ¿Podrán hacerlo fácilmente?
Las protestas que surgen como hongos bajo lluvia en distintos estados del país parecen negarlo.
