Este lunes 4 de julio es el acto de cierre de la Convención Constitucional tras un año de discusiones. La derecha y los grandes empresarios se juegan con todo al rechazo para no cambiar nada de la herencia de la dictadura. A esto se suman actores claves de la ex Concertación. Están en contra, incluso, de reconocer derechos básicos a las y los trabajadores, mujeres, pueblos originarios y sectores populares. Hay que enfrentar esta ofensiva de la derecha, pero sin confiar en que el nuevo borrador de la Convención acabará con los "30 años" contra los cuales nos movilizamos.
Lunes 4 de julio de 2022
La Convención Constitucional dio por término un año de discusiones para finalizar con un borrador que fue acordado por los dos tercios del pleno, mediante acuerdos entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, Partido Socialista, Independientes no neutrales (centroizquierda), Movimientos Sociales Constituyentes, la ex Lista del Pueblo, entre otros.
La derecha y los grandes empresarios ya comenzaron la campaña por el rechazo. Su objetivo es no cambiar nada de la herencia de la dictadura plasmada en la Constitución del 80. Se trata de una defensa con uñas y dientes de dicha herencia, atacando todo lo que pueda hacer referencia al estallido social y sus demandas. Se trata de un intento por cerrar la situación abierta luego de la rebelión de octubre de 2019 por derecha, imponiendo el discurso del orden. Se oponen, incluso, a reconocer derechos básicos de las y los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios. A esto se han sumado importantes figuras de la ex Concertación, que proponen que el actual Congreso sea quien defina los ejes de una Nueva Constitución.
Hay que enfrentar esta ofensiva de la derecha y los grandes empresarios, pero sin confianza ni ilusiones en que la nueva Constitución acabará con los "30 años" contra los cuales nos movilizamos. No nos confundimos. El camino del “rechazo” es la política de la derecha y la reacción para intentar defender todo de la herencia pinochetista, para defender el saqueo, la explotación y la opresión. Muchas y muchos compañeros ven en el apruebo una forma de acabar con la Constitución del ’80. Nada puede ser peor que la constitución de la dictadura y es algo elemental que se reconozcan derechos básicos invisibilizados durante décadas. Si en el borrador se reconocen algunos de estos derechos, es porque durante décadas hemos peleado por ellas en las calles, liceos, universidades, lugares de trabajo, etc. No son regalos de la Convención sino que fueron arracandos por luchas de las cuales hemos hemos parte. Hay que enfrentar al rechazo de forma consecuente desde una posición política independiente.
Pero hay que hacerlo con los ojos abiertos, porque sólo será mediante la lucha de la clase trabajadora y el pueblo, enfrentando a los grandes empresarios y afectando sus ganancias que podremos conquistar las demandas pendientes del estallido social. Nos buscan condicionar a una Constitución que mantendrá el viejo régimen y los pilares del capitalismo chileno. El borrador de la Convención no es un texto refundacional. De hecho, deja en pie pilares fundamentales de la herencia de la dictadura como el saqueo de los recursos naturales, un sistema político presidencialista, con una Cámara Alta oligárquica, el derecho a propiedad, la participación fundamental de los privados en salud, pensiones, educación, entre otras.
Esto no es extraño, pues la Convención Constitucional desde al principio se subordinó a los poderes del régimen, moderó las expectativas y demandas del estallido y se mantuvo ajena a las urgencias populares. También permitió que los responsables de la represión se van para la casa con total impunidad. Incluso la Convención rechazó la iniciativa popular de norma constitucional que establecía una amnistía a las y los presos del estallido. Ese fue el origen de la Convención: el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que buscó salvar a Piñera y el régimen en un momento donde estaba a punto de caer por la movilización popular.
Más de fondo, quienes hoy dirigen la campaña del Apruebo como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el propio gobierno de Boric apuestan recomponer la gobernabilidad, modernizar el régimen político reconociendo derechos básicos que durante décadas fueron invisibilizados, pero con la condición de mantener pilares fundamentales de la herencia de la dictadura y lograr desmovilizar a las y los trabajadores, mujeres, jóvenes, pueblos originarios y sectores populares. Una nueva "transición" que traerá nuevas frustraciones.
El camino hacia el plebiscito
De cara al plebiscito de salida los grandes poderes económicos ya definieron posiciones. La derecha y algunos sectores empresariales ya están haciendo campaña por el rechazo. Los partidos de Chile Vamos han definido los rostros: RN nombró al convencional constituyente Bernardo Fontaine; la UDI puso a cargo al académico de la UDD, Gonzalo Müller; Evópoli le dio esa tarea al exdirector de la Secom Jorge Selume y Republicanos asignó al abogado Marco Antonio González. Además, desde el mismo sector indican que el empresario y líder de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, es uno de los más dispuestos a colaborar con dinero para la campaña.
El pasado jueves comunidades mapuche protestaron contra Juan Sutil en medio de un encuentro empresarial en Temuco, y es que la posición política de Sutil proyecta una línea contra los derechos históricos ancestrales del pueblo mapuche junto a una visión privatizadora de los recursos naturales. Por otro lado. varios sectores de “tecnócratas” ligados a la DC y ex DC´s también plantean rechazar, supuestamente para luego “reformar”, En esta misma línea sostienen “Amarillos por Chile”, encabezado por Cristián Warnken.
Aunque la gran mayoría de la burguesía nacional se definió por el rechazo, sí hay sectores burgueses por el apruebo, como el mismo Mario Marcel que aseguró que la llamada Constitución Económica no afectaba la inversión, e incluso del capital financiero internacional como se vio en las declaraciones de Morgan Stanley y otros poderes del capital financiero que ven con buenos ojos este proceso. En un tono similar ya se habían pronunciado altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea. El cálculo que hacen es que si gana el rechazo, la incertidumbre y la inestabilidad serán mayores. Prefieren aprobar esta y luego irla reformando en el Congreso y jugársela para que el diseño e implementación de las nueva institucionalidad sea lo más moderada y gradual posible. El mismo presidente Gabriel Boric hizo alusión a este proceso.
Esto refleja que hay dos vías para intentar reinstalar la desmovilización y una “nueva gobernabilidad”: está la derecha y la burguesía más directamente ligada al pinochetismo que quieren defender con uñas y dientes lo más que puedan la herencia de la dictadura, aunque saben que tendrán que ceder la Constitución y por eso hasta la UDI dio por muerta la Constitución del 80’ y hablan de “rechazar para reformar” y de una “tercera vía”.
Los sectores progresistas y neoliberales progresistas quienes apuestan por el triunfo del Apruebo lo hacen para moderar expectativas, haciendo varios cambios que no le gusta a la derecha, pero que mantienen los pilares del sistema económico y social y, en palabras del propio Jaime Bassa, buscando que la Convención logre “canalizar la crisis político y social tan importante como la que hubo el 2019”, obviamente, a través de la institucionalidad y lejos de las grandes mayorías populares.
La ofensiva restauradora de los partidos de los 30 años
Los partidos de los 30 años nuevamente aparecen para negociar sus privilegios. La llegada de Bachelet y la foto de Ricardo Lagos con Gabriel Boric es un símbolo de esto: llaman al Apruebo para reformar. Además de la misma Convención Constitucional, la cual está amarrada a una transición desde el actual Congreso que se mantendrá hasta 2026. El peligro de esto último es que el Congreso abre la posibilidad de que los partidos políticos que han gobernado 30 años quieran proponer un proyecto de reforma constitucional, además de que modifique sustancialmente la nueva Constitución con toda la adecuación institucional y normativa.
Es que la Convención llegó con amplias expectativas de grandes sectores de la población, esperanzados en poder reflejar sus demandas en este proceso. Pero con el paso del tiempo, demostró que se dedicaría a cumplir la función por la cual fue creada en el “Acuerdo por la Paz” del 2019: modernizar el régimen político chileno para recomponer la gobernabilidad, pero sin tocar los pilares fundamentales de la estructura capitalista del país, a la vez que alejándose de las reivindicaciones populares que se plantearon claramente en la rebelión popular.
Esto se ve en el hecho de que traicionaron a las y los presos políticos de la revuelta ya que se dedicaron tan sólo a realizar una declaración a favor y luego la Comisión de Justicia rechazó la Iniciativa Popular de norma por el Indulto. En palabras vacías quedó la consigna de que “no habría nueva Constitución” o que “no iban a sesionar” con presos políticos. Y más estructuralmente decidieron no declararse como una Convención soberana, asumiendo su sometimiento a los poderes constituidos de los “30 años”, a la vez que se alejó de las demandas populares.
Por su parte, Apruebo Dignidad comenzó la campaña por el apruebo, puesto que el gobierno se juega mucho en el plebiscito. Mientras hablan de plurinacionalidad y derechos sociales, reponen el estado de excepción en el Wallmapu y fortalecen la represión.
Los Movimientos Sociales Constituyentes y grupos que surgieron desde La Lista del Pueblo, se concentraron en la disputa institucional, entrando en una dinámica totalmente parlamentaria sin usar sus tribunas para convocar y organizar movilizaciones o acciones de lucha coordinada. Sus constituyentes, muchos de ellos con asambleas de base en las espaldas, no expresaron esa amplia base social que los votó y prefirieron jugar bajo las reglas del juego que impuso el régimen. Muy lejos de la consigna de “desbordar” y “rodear” la Convención.
Sabemos que muchos compañeros y compañeras votarán por el Apruebo para acabar con la Constitución de la dictadura. Y la lucha contra toda la herencia de Pinochet, incluyendo su Constitución, es una lucha que compartimos y de la que somos parte. Pero es necesario poner blanco sobre negro de qué se trata esta nueva Constitución.
El borrador de nueva Constitución elimina varios enclaves autoritarios de la Constitución de Jaime Guzmán, reconociendo formalmente derechos negados, como derechos sexuales y reproductivos, derechos sindicales, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Hay algunos aspectos más revulsivos para los grandes empresarios como el establecimiento del agua como bien incomerciable, la plurinacionalidad y el sistema de salud. Sin embargo, mantiene aspectos fundamentales de la institucionalidad republicana como el presidencialismo y un Congreso bicameral. Se mantiene intacto el derecho a propiedad, se mantiene el dogma neoliberal del Banco Central autónomo y sujeto a la regla fiscal, se rechazó la nacionalización de las empresas mineras, etc.
En cuanto a pensiones, el pleno rechazó el sistema de reparto y el nuevo sistema quedará así en manos del Congreso. Al respecto, asesores del banco BCI, confían en que las AFP no dejarán de existir y esperan incluso que haya mayor libertad de elección.
En el fondo, el punto clave es que no toca los ejes de la acumulación capitalista en Chile a la vez que la propia Convención se alejó completamente de las necesidades obreras y populares y de las demandas de octubre, que se han profundizado con la pandemia y la recesión económica, ya que mientras se debatía el borrador de la nueva Constitución, los salarios se desplomaban producto de la inflación, y el reajuste que propuso el gobierno se vio totalmente consumido por el aumento de precios, lo que hace que el nuevo salario mínimo esté completamente consumo por la inflación.
La presentación del borrador de Nueva Constitución se da en un momento en que los alimentos no paran de subir de precio, recrudece la represión en el Wallmapu y el gobierno impulsa reformas limitadas a las reglas del juego que le imponen los grandes empresarios. Por ejemplo, sacan los militares en el sur, pero mantienen intacto el poder de las forestales en la Araucanía, que es una de las raíces claves del empobrecimiento y precarización de la zona, además de la depredación brutal del medioambiente.
Hay que barrer con toda ilusión de que la nueva Constitución va a resolver las demandas por las cuales nos rebelamos el 2019, ya que no toca los principales ejes de la acumulación capitalista, se aleja de las necesidades populares y deja todo en manos de un gobierno que no ha querido tocar a los grandes empresarios y de un parlamento que está dominado por los partidos tradicionales de los 30 años. La nueva Constitución es un nuevo ropaje para vestir la explotación y la opresión del Chile capitalista y patriarcal. Por esto es que tenemos que confiar en el camino de la movilización, de la auto organización, con un programa que se proponga atacar la ganancia empresarial para resolver las necesidades de las grandes mayorías populares.
Enfrentamos un momento de enormes desafíos. Existen dos grandes peligros. Por un lado, que la frustración de las grandes mayorías las empuje hacia la derecha y su campaña por mayor seguridad pública, anti inmigrante, anti mapuche, siendo capitalizada por la derecha del rechazo. Y por otro, que la izquierda y los sectores críticos a Boric queden subordinados al gobierno y a presentar como gran conquista una Constitución que moderniza el régimen político para perpetuar el Chile capitalista dominado por un puñado de familias y el capital extranjero. Todo, mientras la mayoría de las y los trabajadores están preocupados por la precarización en sus condiciones de vida.
Es indispensable pelear por una oposición por izquierda al gobierno de Boric, una alternativa desde la clase trabajadora, socialista y revolucionaria. Esto plantea una tarea inmediata para todas y todos quienes no confiamos en este gobierno: que la clase trabajadora se ponga al centro con sus métodos y sus demandas, partiendo por luchar por las urgencias populares, ligándolas a un programa para que la crisis la paguen los grandes empresarios, por un aumento general e inmediato de los salarios acorde a la inflación de los alimentos y un salario y pensión mínimos de $650.000, por el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y cesantes, rebajando la jornada laboral a 30 horas a la semana, sin rebaja salarial alguna; que plantee la expropiación sin indemnización y bajo gestión de sus trabajadores de todas las empresas de servicios básicos que especulen con los precios como ha ocurrido con el caso de Metrogas, que inflaba en un 20% el precio a los hogares, robándole del bolsillo a las familias trabajadoras y aumentando la inflación.
Que se plantee medidas de fondo cómo poner fin a las AFP, impuestos progresivos a las grandes fortunas y a los banqueros, para financiar las urgencias sociales y que se proponga el camino de recuperar las riquezas nacionales hoy privatizadas, nacionalizando los recursos naturales y las empresas de servicios básicos bajo gestión de trabajadores y comunidades para que estén al servicio de las necesidades sociales.
Una oposición que confíe en el camino de la movilización y la auto organización, partiendo por levantar y fortalecer instancias de coordinación y articulación de sectores en movilización y lucha buscando ampliar la solidaridad y el apoyo de estos, como son movilizaciones obreras como los subcontratistas de ENAP, las movilizaciones de secundarios y la confluencia entre estudiantes y funcionarios que se está desarrollando en lugares como la Universidad de Chile. Una tareas será unificar todas estas luchas, incluyendo a las familias de los presos políticos, por justicia y verdad y contra la represión, pero buscando ampliar la coordinación, porque no basta que sólo unos pocos seamos los que salgamos a las calles, sino que debemos apostar por la coordinación para retomar la masividad de las movilizaciones, exigiendo a la burocracia sindical y estudiantil que se sume a la convocatoria y rompa con su tregua permanente.
