En los últimos meses, con la pandemia, el estado de alarma y las medidas del confinamiento, la “ley mordaza” ha sido la base para aplicar más de un millón multas y sanciones. Un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio tras la promulgación de la ley en 2015 por el Gobierno del PP.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 30 de junio de 2020
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante lo que supuestamente era una “ley de seguridad ciudadana”, pero que ha sido conocida como la “ley mordaza” por suponer un claro instrumento de la ofensiva represiva que llevó a cabo el Gobierno del PP. La ley fue aprobada entonces sin problema alguno, gracias a la mayoría absoluta que el PP tenía en el Congreso.
Tiempo después, en 2018 con la moción de censura liderada por el PSOE, Pedro Sánchez calificó de “urgente” la reforma de esta normativa. Sin embargo, lejos de revertir esta ofensiva represiva, Sánchez la aumentó con una nueva ley de “mordaza digital”, a la que los nuevos socios del PSOE, Unidas Podemos, no se opusieron. Ambas leyes han sido claves, entre otras cosas, para la represión política que se ha llevado a gran escala en Catalunya contra el movimiento independentista.
Con la consolidación del autodenominado “Gobierno progresista” este año y la entrada de Unidas Podemos a los ministerios, una vez más la situación no se ha revertido. Por el contrario, la “ley mordaza” de hecho ha servido de base legal para imponer una verdadera militarización de las calles durante el Estado de alarma con la que Sánchez e Iglesias han gestionado la pandemia. Como resultado, en 75 días, entre el 14 de marzo día en que se decretó el estado de alarma, y el 1 de junio, momento de los últimos datos, las multas han sido de 1.089.197. Una cifra que supone un incremento del 42% respecto a las 765.416 que se impusieron entre 2015 y 2018 con el PP.
Concretamente el artículo 36.6 de esta ley ha sido el aplicado masivamente por las fuerzas policiales durante el Estado de alarma, al permitir sancionar por falta grave las “desobediencias a las fuerzas de seguridad” con multas de entre 601 a 30.000 euros.
Amnistía Internacional, que entregará este martes 142.000 firmas en el Congreso para reclamar la derogación de esta ley infame, asegura que el 70% de las sanciones impuestas entre 2015 y 2018 eran en aplicación de dos únicos artículos, uno de ellos este 36.6. Justamente el artículo que ni siquiera sería modificado por la reforma que, supuestamente, el “Gobierno progresista” tiene en proyecto realizar en algún momento. Así lo señaló Grande-Marlaska, ministro de Interior, en su comparecencia en el Congreso el pasado 23 de abril.
Además, la represión policial ha estado marcada por su carácter clasista y racista, con escenas de abusos y violencia que han afectado duramente a los barrios obreros y populares. Una situación que es la tónica general en muchos países y contra la que se enfrenta el movimiento internacional Black Lives Matter, incluso planteando la abolición de la policía.
Mientras tanto, el Gobierno “progres” consentía las manifestaciones de la extrema derecha en los barrios ricos como Salamanca en Madrid, tratadas con “guantes de seda” por parte de la policía.
El Estado de alarma, apoyado en la “ley mordaza” y la militarización de las calles, ha dado mayor margen de intervención a unos cuerpos represivos que están atravesados por un historial de abusos y de vinculación con la extrema derecha, herencia directa de su continuidad con la dictadura franquista.
Así es cómo, gracias al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la “ley mordaza” ha cumplido cinco años y está más vigente que nunca. No es, por lo tanto, una cuestión del PP o de la famosa “herencia recibida”, la misma historia que nos han tratado de vender con la privatización de la sanidad. Son décadas con las mismas políticas que han mantenido los hilos de continuidad en un Régimen monárquico y represivo nacido en 1978 con el “atado y bien atado”.
