Empezamos con este una serie de artículos para desgranar qué hay detrás de cada una de las crisis que sufrimos la juventud, cuáles son los problemas y quiénes sus responsables para buscar una salida. Arrancamos con recortes, subida de tasas y clases online. Hoy hablamos de la crisis educativa.
Pablo Castilla Contracorrent Barcelona - estudiante de Filosofía, Economía y Política en la UPF
Jueves 20 de enero de 2022
La pandemia ha hecho estallar problemas que venían de antes y la situación en la enseñanza pública es un ejemplo, siendo la falta de recursos la primera de las claves. Aun así, la Generalitat continúa sin tomar medidas para revertirlo. En los presupuestos aprobados para el 2022, la partida destinada al funcionamiento de los centros educativos públicos es inferior a la del año 2010, a pesar de que el número de alumnos se ha incrementado en un 12,5% en la red pública.
La interrupción de las clases presenciales también tuvo un fuerte impacto sobre el estudiantado, especialmente en primaria y secundaria donde el alumnado dependía más de la ayuda en casa para poder seguir los contenidos. En el estudio “Clase social de origen y rendimiento escolar como predictoras de las trayectorias educativas” realizado por Bernardi y Cebolla, se destaca que la posibilidad de tener refuerzo académico o el tiempo que pueden dedicar los padres a pasar con los niños tiene un efecto compensador que actúa sobre el resto de las circunstancias como las propias aptitudes del estudiante o los recursos de las escuelas e institutos a las cuales se asiste. La consecuencia es que los estudiantes de clase trabajadora tienen menos probabilidades de continuar estudiando cuando llegan a los 16 años que aquellos que provienen de familias de clase alta.
Esta es la segunda clave: quién estudiamos en la universidad. Según datos del Observatorio del Sistema Universitario, la tasa de acceso a la universidad entre el estudiantado con progenitores con estudios universitarios es del 82,6% mientras que para los hijos e hijas de progenitores con formación postobligatoria es del 38,2%. Para aquellos y aquellas estudiantes con progenitores únicamente con estudio obligatorios la tasa es la más baja: 28,3%.
A pesar de que la criba de clases a la hora de acceder a la universidad ha existido siempre, la subida de las tasas universitarias en 2012-2013 fue un paso más en plena crisis que profundizó el proceso de elitización. Este tercer elemento tampoco ha sido revertido por el Gobierno, el cual efectuó una rebaja en los precios de los créditos que ni siquiera recuperaba el coste de antes del tasazo. Para el presente curso, el precio medio de los créditos es de 23,47€ y el grado más “barato” supone más de 1.000€.
Además, repetir asignatura no es para pobres. La segunda matrícula cuesta un 23,5% más de media que la primera mientras que la tercera llega a ser casi el triple. A su vez, el tipo de grado también puede constituir una barrera de clase añadida, puesto que no todas las carreras cuestan lo mismo. De base, una carrera como Derecho correspondiente al tramo A supone 1.061,4€ de matrícula. Psicología, situada en el tramo B, son 1.502,4€ y Medicina (tramo C) 1.660,2€.
En este contexto, la precariedad constituye la cuarta clave para analizar la crisis educativa. Hablamos tanto de las prácticas universitarias no remuneradas o mal pagadas como de los trabajos precarios obligados a coger para pagar la carrera. Según datos de Vía Universitaria para el periodo entre 2017-2019, el 22% de los estudiantes universitarios de clase baja trabajaban ocasionalmente; un 20,6% trabajaba menos de 35 horas semanales y un 9,8% hacía más de 35.
Ahora bien, la presión y la necesidad de trabajar no es igual para todas las estudiantes. La fuente anterior también muestra que el peso de los ingresos familiares en la financiación de los estudios representaba casi 2/3 partes por los estudiantes de clase alta, lo cual contrasta con la situación del alumnado de clase media (50% del coste) y baja (no llega al 41% del coste).
Ante esta situación, los y las estudiantes deberíamos tener algo que decidir desde los órganos de gobierno de las universidades, pero esta no es la realidad. La quinta pata de esta crisis educativa es quién manda sobre los campus y las facultades. La infrarrepresentación del alumnado en los espacios de toma de decisiones contrasta con la presencia de las grandes empresas, las cuales van de la mano de la casta universitaria.
El caso de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) resulta muy ilustrativo para observar cómo funciona. El Foro social y empresarial donde están Banco Sabadell, Grupo Santander, La Caixa, Bayer, Grífols, Telefónica o el Grupo Planeta tiene voz sobre las prácticas, qué se estudia y qué se investiga. Este órgano está ligado al Consejo Social, donde Foment del Treball – la patronal catalana – también está representada.
¿Quiénes son los responsables?
La falta de recursos, la elitización, la precariedad y el modelo de universidad-empresa vienen dadas por la sociedad de clases en la que vivimos, pero también por las políticas que la apoyan. Así, hay que señalar a los partidos que hay detrás.
Los recortes de la Generalitat, la infrafinanciación de la educación pública por parte de los gobiernos centrales y autonómicos o la Ley Castells-Subirats son algunos ejemplos. Pero las políticas no caen del cielo, sino que los gobiernos del PSOE y el PP desde el Estado central junto con CiU primero y con ERC y JxCat después son los responsables.
A pesar de que Unidas Podemos se suma ahora con una nueva reforma neoliberal de la universidad, su compromiso ya lo demostró ICV reprimiendo las protestas contra el Pla Bolonia como parte del tripartito.
¿Por qué educación luchamos?
Ante la infrafinanciación de la educación pública, defendamos impuestos a las grandes fortunas y los beneficios empresariales para garantizar una enseñanza pública gratuita en todos sus niveles, así como el aumento en la contratación de profesorado y recursos, especialmente durante la pandemia. Asimismo, acabemos con el negocio de la concertada y echamos la Iglesia.
Contra el modelo de universidad-empresa, peleemos por tumbar la Ley Castells. Terminemos con las tasas y defendamos una universidad gratuita y becas-salarios para no tener que estudiar y trabajar en condiciones precarias. Nos negamos a ser mano de obra barata y exigimos que las prácticas sean remuneradas según convenio sectorial. Enfrentemos también la universidad precarizadora y planteemos la internalización de todos sus servicios, así como el paso a plantilla fija del profesorado asociado.
Basta de este modelo antidemocrático a disposición del interés privado. Echemos a las empresas de la universidad para poner el conocimiento al servicio de dar respuesta a los problemas de la clase trabajadora y los sectores populares. Ni rectorados ni decanatos ni empresas: universidad gobernada por estudiantes juntamente al personal docente y no docente.
¿Cómo luchar por esta salida?
Aquellos que han sido responsables no son aliados porque no hay salida de la mano de quien nos precariza y reprime. Así pues, hay que desarrollar un movimiento estudiantil autoorganizado en asambleas en cada centro de estudio donde discutir y decidir sobre nuestras demandas y el plan de acción para conquistarlas. Pasemos de “cuestionar la universidad de clases a cuestionar la sociedad de clases” y unámonos con la clase trabajadora, aquella que también sufre y enfrenta las políticas de los partidos culpables de la crisis educativa.
