Racismo y xenofobia. Cinco inmigrantes mueren por día en el Mediterráneo intentando llegar a Europa

Según el informe del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos el total de muertes registradas de inmigrantes en el Mediterráneo durante 2021 fue de 1.838. Esta cifra supuso un aumento sobre las muertes respecto del año anterior (1448) de un 20%.

Son estas muertes auténticos crímenes xenófobos, que se producen al intentar alcanzar las costas del territorio de Europa. Personas migrantes huyendo de la miseria y la desolación de sus vidas, de la falta de futuro o de la persecución política, o de todo ello simultáneamente.

Lo que provoca la huida de esos seres humanos con solo lo puesto no es otra cosa que las condiciones de existencia insoportables en sus países, consecuencia de las políticas imperialistas de la UE, junto a otras potencias mundiales. La explotación económica de los recursos y la pauperización de la población, el apoyo a gobiernos títeres represores al servicio de las grandes multinacionales europeas. Todo esto da como resultado una media escalofriante de cinco muertes al día.

En los meses en los que la meteorología acompaña con mejores condiciones de temperatura y cuando el estado general de la mar resulta óptimo, por ejemplo, en septiembre, la situación se complica por la llegada de más migrantes, con lo que el año pasado se llegaron a registrar tasas de llegadas récord a suelo europeo de más de 16.000 inmigrantes en solo un mes. Y, por ello, aumentaron las muertes y las desapariciones en el mar. Dos meses antes, en el mes de julio, murieron o desaparecieron en naufragios al menos 311 personas migrantes. Lo que implica una media de más de diez vidas al día, duplicando así los cinco de media global que se registraron durante el año.

La ruta Atlántica también resulta mortífera

A esto hay que añadir, para tener una visión más completa, las cifras de la denominada “ruta atlántica” de la migración. Aquí nos encontramos con un panorama incluso más desolador, dado que esta ruta de migración que finaliza en las Islas Canarias tiene un nivel de muertes aún más espeluznante. Alcanzando también cifras récord en los últimos tiempos. Se trata de una ruta de adversas y cambiantes corrientes marítimas y condiciones meteorológicas muy inciertas, incluso en épocas que pueden parecer más propicias.

Durante el año de 2021, el número de muertes y desaparecidos en esta ruta migratoria alcanzó los 937 muertos, cuando en 2019 había sido de 202, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según este organismo, el año 2021 “ha sido el año más mortífero de la ruta migratoria hacia España desde 1997”. Además, el drama ha aumentado en paralelo al incremento en el número de llegadas de inmigrantes a Canarias desde África, a veces recorriendo más de 1.500 kilómetros, consecuencia del mayor control impuesto en la ruta mediterránea. De manera que este año pasado llegaron a alcanzar las costas canarias 19.865 personas migrantes.

Como vasos comunicantes, la situación de la ruta mediterránea y la atlántica interactúan. Y las muertes y desapariciones en el mar de los migrantes son el resultado del cúmulo de las políticas represivas de la inmigración en las diferentes rutas, a cargo de la UE. Incluyendo al “Gobierno más progresista de la historia” del PSOE y Unidas Podemos que también garantiza las leyes racistas contra los migrantes, impidiendo el derecho al libre desplazamiento por causas económicas, sociales o políticas.

Las cifras además resultan muy inciertas, no hay buenos registros y muchas desapariciones quedan sin registrar. Caminando Fronteras, una ONG española que recopila la información de los botes que parten hacia Canarias, eleva el número de muertos y desaparecidos hasta los 2.087 en la ruta canaria solo durante el primer semestre del año pasado, una cifra que prácticamente iguala los 2.170 de todo 2020. De ellos, al menos 83 eran niños que han muerto el año pasado en la ruta atlántica intentando alcanzar las costas canarias, según la OIM.

Las políticas xenófobas de la UE son responsables

Todos los gobiernos de la UE han incrementado la represión sobre la inmigración. Al tono con la agenda política del populismo de derechas y su ofensiva que ha culpabiliza a esta población migrante de ser la causante del paro y los recortes de derechos sociales y económicos de la población. Cuando en realidad esta crisis social tiene su origen en las políticas neoliberales de fuertes ajustes, impulsadas tras la crisis de 2008.

Las políticas del conjunto de los Estados europeos se han caracterizado por la persecución por tierra, mar y aire de las personas migrantes. Intentado evitar que traspasen las fronteras, reforzando los controles, levantando vallas con concertinas, realizando devoluciones en caliente y utilizando acuerdos con Estados “tapón” a cambio de compensaciones económicas, como Turquía, Marruecos o Libia. De ese modo el trabajo represivo queda en manos de otros Estados, mientras los países “muy democráticos” de la UE miran para otro lado.

El Estado español, en este sentido, se ha convertido en ejemplo de país que más ha violentado los derechos humanos en política migratoria. Solo hace falta ver el reciente ejemplo de lo sucedido con la llegada de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos –más de 8.000, entre ellos 1.500 menores– durante mayo del año pasado. A lo que el Gobierno “más progresista de la historia” reaccionó enviando al ejército y la policía para reprimirlos, con miles de devoluciones irregulares en caliente, incluso de menores. Provocando incluso la reprimenda del Defensor del Pueblo por esas expulsiones, sin garantías legales ni asistencia letrada. El Ministerio del Interior de Marlaska hizo oídos sordos, expulsado en convivencia con el Gobierno de Ceuta a miles de menores sin atender el interés superior de los menores que deseaban quedarse en el país. Lo mismo que ocurrió a principios del año pasado en el muelle de Arguineguín donde se hacinaron durante meses miles de migrantes en condiciones infrahumanas. Pero estos solo son solo dos ejemplos entre otros muchos.

A los que logran pasar las fronteras españolas les espera la Ley de Extranjería, que les impide tener derecho alguno efectivo para proteger sus intereses vitales, pudiendo ser detenidos y encarcelados –ante una falta meramente administrativa por entrada ilegal en el país– sufriendo vejaciones y maltratos en muchos casos en los CIE y sin la posibilidad de trabajar con los mismos derechos laborales que el resto de la población. Al estar trabajando ilegalmente, pueden ser objeto de abusos y explotación laboral sin límite alguno. O en el caso de las mujeres, exponerse al maltrato y prostitución forzada, sin que puedan denunciarlo por miedo a la expulsión.

Estas cifras escalofriantes vuelven a mostrar que no hay ningún “progresismo” en este gobierno que ni siquiera se propone derogar la Ley de Extranjería, ni eliminar los CIES, centros de internamiento donde los migrantes son tratados como presos sin derechos.

Terminar con todas las políticas represivas sobre la migración y decretar la libertad de movimientos y derechos sociales y laborales para toda la población inmigrante resulta absolutamente urgente y necesario.