Santa Cruz. Cinco militantes de ATE están presos por una causa armada

Permanecen en la Alcaldía y en la Comisaría Quinta de Río Gallegos. Sólo Patricia Benítez tiene prisión domiciliaria por razones de salud.

Su detención se dio en el marco de una enorme lucha de los estatales, por salario y las condiciones laborales. En la paritaria que se llevaba adelante, exigían terminar con sus sueldos de hambre, en una provincia de ganancias extraordinarias de las petroleras instaladas allí.

4200 pesos era su sueldo, cuando en ese momento la canasta básica alimentaria en esa provincia era de 12.400 pesos, el gobierno en una verdadera provocación ofrecía $180. Los trabajadores venían siendo víctimas de brutales represiones ordenadas por el gobierno, pero a pesar de ello su pelea seguía firme. Como propio de esta provincia, la respuesta del gobierno y la justicia al servicio de las patronales, fue responder a sus reclamos armándoles una causa para detenerlos.

El 18 de octubre se produce un incendio del edificio de la subsecretaria de la función pública, donde se desarrollaban las reuniones paritarias, en base a este hecho detienen a los cinco trabajadores por orden de la jueza María López Lestón (prima de ex presidente Kichner).

Como ellos mismos denuncian, esta es otra de las tantas causas armadas que lleva adelante la justicia contra los que osan salir a pelear. Estrago doloso, daño agravado y lesiones leves agravadas reiteradas, son los cargos que le imputan. No tienen pruebas para mantener a los trabajadores detenidos.

Marcamos sólo unos ejemplos para ilustar: la mayoría de los testigos que declaran en la causa son policías, que estando presentes en el momento, no intervinieron; citó personas a declarar, que en base a sus testimonios los utilizó como prueba, que ni siquiera se encontraban en la ciudad el día de hecho; varios de los detenidos, no estaban en el lugar y los otros sólo tiene como prueba fotos de los mismos, pero ninguna probatoria que los relacione con el incendio; había un camión de bomberos a sólo 100 metros que no intervino y la jueza no indago porque y quien dio esa orden.

La jueza llevó adelante una investigación amañada, parcializada y direccionalizada para condenar a los trabajadores con dudoso valor probatorio

Otra de las denuncias que realizan es que ellos fueron víctimas de la interna política gubernamental. En octubre de 2013 había elecciones nacionales, en el cual el gobierno provincial se encontraba en un “enfrentamiento” con el gobierno nacional.

En este clima se da este hecho, esta se resuelve y el resultado es que los que pagan los costos de esta interna, son los trabajadores, que reclamaban mejoras salariales para poder vivir en una escalada inflacionaria que empobrecía a gran parte de los empleados públicos de Santa Cruz

A pesar de las presentaciones de los abogados defensores, demostrando su inocencia, los reclamos de organismos de derechos humanos que hemos viajado para visitarlos y reclamamos su libertad, la Cámara en lo Criminal en un voto dividido, dos de los jueces Cabral y García negaron su excarcelación, en tres ocasiones con argumentos escandalosos como su peligrosidad e intento de fuga, cuando la mayoría de ellos se presentó espontáneamente a declarar convencidos de su inocencia.

Todos los trabajadores detenidos, tiene hijos y la jueza ordeno también, que no cobraran más su sueldo y quitarles las asignaciones familiares.

La semana pasada familiares de los detenidos, junto con el secretario de prensa de ATE Santa Cruz, viajaron a Buenos Aires para poder comenzar una gran campaña nacional, dar a conocer a todos los trabajadores y organizaciones la situación de los compañeros y la necesidad de luchar por su libertad.

Desde las organizaciones obreras comenzando por la CTA de la cual son parte los compañeros, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y estudiantiles tenemos que llevar adelante esta campaña. Porque sabemos que depende de nuestra lucha lograr su inmediata libertad, porque se da en la misma provincia feudo del gobierno nacional donde existe una gravísima criminalización de la protesta social.

Actualmente en Santa Cruz hay 600 procesados. Todos ellos trabajadores y pobladores que salen a reclamar sus necesidades. Petroleros, docentes, desocupados, trabajadores de la salud, empleados estatales y padres de familia.
Tenemos la condena a perpetua de los petroleros de Las Heras, siendo la causa más grave contra trabajadores de la dictadura a esta parte.

El 9 de septiembre se ha presentado un nuevo recurso de casación, ante el Tribunal Superior de Santa Cruz, el mismo que tiene en sus manos la decisión sobre la condena de los petroleros. Este tribunal tiene un mes para decidir, necesitamos poner todas las fuerzas para la excarcelación inmediata es una necesidad urgente que piden los compañeros, porque como ellos mismos dicen no fuimos ni siquiera condenados, pero nos están haciendo pagar en los hechos una condena.

Los integrantes del CeProDH estamos a disposición de los compañeros, somos parte de esta campaña, viajamos a Río Gallegos en la delegación con Nora Cortiñas donde pudimos conocerlos, y reclamamos la inmediata libertad de los compañeros, así como su absolución.