Educación. Cinco razones para hacer una huelga educativa en Madrid

La semana pasada, del 15 al 17 de marzo, se vivió en Cataluña una huelga educativa contra la nueva ley del Gobierno (LOMLOE), los recortes en educación y el decreto del Govern que reducía las horas en catalán en los centros educativos. Aunque quedan dos días de huelga (29 y 30 de marzo), estas primeras jornada ya han sido un éxito: sólo el primer día, 22.000 personas según fuentes oficiales se manifestaron en Barcelona. La respuesta de las autoridades mostró la tensión que la huelga había provocado. La policía tuvo que retener a una multitud que se manifestaba frente a la Consellería de Educación.

Los medios de comunicación bien se han precavido de tapar la huelga para que no se extienda por todo el Estado. De igual modo, las burocracias sindicales han mirado a otro lado. Los sindicatos no van a permitir que las reivindicaciones de los trabajadores resientan por izquierda la estabilidad del Gobierno, a pesar de que bastan razones. Debemos recordar que tanto CCOO como UGT son aliados del Gobierno «progresista», el mismo que no duda en callar manifestaciones a golpe de tanqueta, como vimos en Cádiz.

Por esto, damos aquí cinco razones que justificarían una huelga en el Estado español, pero más concretamente en Madrid, donde los ataques a educación han sido también la tónica del Gobierno de Ayuso.

1. La Lomloe es una ley neoliberal que vende la educación pública a las empresas.

La llamada Ley Celaá es el marco que está permitiendo el resto de políticas neoliberales en las distintas autonomías. En el fondo, no es una nueva, tan siquiera más progresista. El PSOE con el apoyo de UP sacaron esta ley que es un retorno a la antigua ley del PSOE, la cual ya abría la puerta a los convenios, a las subvenciones a la privada y hacía de los planes de estudios rutas de formación para el mundo laboral. Esto lo veremos en el siguiente punto.

Esta ley, a su vez, fue la reafirmación de la política educativa del PSOE, la cual lejos de ser de izquierda, mantenía bueno acuerdo tanto con la Iglesia como con las empresas. De hecho, es una ley que, como la anterior, no se centra en la adquisición de conocimientos adaptados a alumnado, sino en las competencias de cara al mundo laboral.

La ley Celaá, por otra parte, lava la cara a una ley que precarizó como nunca antes la educación. Lo hizo despidiendo, lo hizo reduciendo horas lectivas y sobrecargando con ratios absurdas a los docentes, y creo una de las mayores bolsas de temporalidad de todo el Estado.

La temporalidad sigue siendo una lacra en el sector educativo, como lo es también en el sanitario y la Lomloe no sólo no la elimina, sino que se nutre de ella.
La sola existencia de esta ley, que precariza al sector y hace de la educación una escuela para futuros trabajadores, ya debería ser suficiente para convocar una huelga, no sólo en Madrid, sino en todo el Estado.

2. La LOMLOE ofrece planes de estudios enfocados a las empresas.

Hubo mucho ruido cuando se aprobó la Lomloe, más que nada porque la derecha la usó para intentar minar al Gobierno. Sin embargo, esto era de cara a la galería. Realmente, como hemos dicho, la Lomloe recorta horas (si no elimina) a asignatura, sobre todo, de humanidades. A partir de los dos cursos siguientes, asignaturas como Filosofía, Valores éticos, Música o Latín se reducirán en pos del emprendimiento y de economía de empresa.

Esto no es, siquiera, un intento por hacer de los alumnos grandes empresarios. España el segundo país de Europa con mayor abandono escolar. El 35% de los jóvenes no tienen bachillerato ni grado medio.

Naturalmente estas asignaturas de emprendimiento no van dirigidas al desarrollo económico, sino a inculcar aun más una ideología enfermiza del just do it, una farsa para maquillar la cruda realidad: hay una tasa de paro juvenil del 37.7% y los que trabajan lo hacen en condiciones de precariedad absoluta, cobrando una miseria y sin apenas un derecho laboral mínimo (un 75% de los jóvenes menores de 25 años sufren esta situación).

Con el cambio de planes de estudios, los profesores que conservan horas lectivas lo harán en peores condiciones. Su trabajo será cada vez más técnico y deshumanizado, encargados de inculcar competencias para la nueva tanda de asalariados precarios, alumnos culturalmente analfabetos que sólo sacarán de la escuela domesticación e indolencia para el mundo laboral.

3. La LOSU es un refrito de la Ley Castells.

La Ley Orgánica para el Sistema Universitario, presentado por el ministro Joan Subirats, es la ley que ya hiciera Castells, pero maquillada. Subirats habla de garantizar financiación y favorecer la investigación. Para sorpresa de nadie, toda la comunidad universitaria ha criticado esta ley, y el único apoyo ha sido en el espacio político UP… y el PP.

Al igual que con Castells, la LOSU da todo el poder a los órganos docentes, dejando de lado a los trabajadores del PAS y a los estudiantes, haciendo de la universidad un espacio completamente autoritario. Este carácter se profundizó con la aprobada Ley de Convivencia Universitaria, una suerte de Ley Mordaza para los estudiantes.

Un ejemplo de su aplicación es la amenaza que la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, hizo a los estudiantes que protestaron contra la presencia de representantes de Vox y del PP en la universidad. A pesar de que la protesta fue pacífica, la rectora no dudó en demostrar el carácter represivo y autoritario de las leyes de Castells.

Por otra parte, la LOSU también refuerza la presencia en los órganos directivos a representantes de empresas y de la patronal. La influencia que bancos y empresas han tenido en los órganos directivos se ha demostrado en la reconversión de la universidad, que ha dejado de ser una institución educativa para convertirse en un centro de bajo coste de formación de trabajadores especializados para las empresas.

Esto se refuerza en la reducción de años por carrera. Los grados cada vez se ven más reducidos en sus años (tres o cuatro según el caso) y se ven lo estudiantes obligados a cumplir con uno o dos años de máster, lo que encarece significativamente el título universitario. Según Subirats se pretende equiparar el sistema educativo al europeo (acentuando lo que hiciera Bolonia). Sin embargo, España es el país de la UE con menos financiación a la universidad. De hecho, el dinero invertido en el ejército (9,4 millones) casi dobla el invertido en universidades (5,6 millones).

En diciembre, los estudiantes demostraron estar a la vanguardia contra la LOSU, exigiendo una universidad más democrática y lejos de las manos de las empresas y las grandes fortunas, las cuales han llevado, como se demuestra, a la universidad a una estocada.

Hoy en día, es más difícil acceder a la universidad, las tasas son más altas y nunca se había dado una cifra tan reducida de estudiantes. La calidad también se ha resentido, en particular en las ramas de humanidades o cualquier otra que las empresas no consideres punteras para sus objetivos.

4. Ataques de Ayuso a infantil: Ley Maestra y cierre de Escuelas Infantiles.

Desde que llegara al Gobierno, Ayuso declaró la guerra a la educación pública, tanto como amor a la concertada y la privada (como el PSOE, dicho sea de paso). La Ley Maestra que fue aprobada este febrero sigue la estela del PP y Vox: dar todo el peso a las familias a la hora de escoger la educación. Esto no se traduce en libertad de elección, sino en precariedad para lo público y subvenciones para la privada.

La Ley Maestra garantiza la gratuidad de los centros educativos, de modo que los padres puedan escoger el que quieran. Sin embargo, atribuye el mismo estatus para recibir financiación pública a los centros públicos y privadas. Si consideramos los recortes educativos, la falta de medios y un cuerpo docente cada vez más saturado al que se le exigen resultados y se les llena las aulas de alumnos (30 alumnos de clase en secundaria, 25 en primaria y hasta 20 en infantil); es fácil saber que los padres derivarán a los jóvenes a centros privados, los cuales recibirán más subvención y/o exigirán una tasa exorbitada a los padres.

El ejemplo más evidente de esta treta para sangrar a la escuela pública es que Ayuso, además de cerrar nueve escuelas infantiles en Madrid, ha eliminado el segundo ciclo de infantil (3-6 años), desplazando a los alumnos a los centros de primaria.

Según ella, ha sido para descongestionar la lista de espera para el primer ciclo, al cual muchos niños no podían acceder. No obstante, esto se contradice con el cierre de escuelas y no se generan tantas plazas como para acabar con la lista. Y ni qué decir tiene que esto no lo ha hecho contratando a más personal.

Los colegios no están habilitados, ni por espacio ni por medios para acoger un ciclo entero de infantil, por lo que la solución será, de nuevo, recurrir a la enseñanza privada, ya sea pagándola de tu propio bolsillo o a través de los “cheques de guardería”, que es otra forma de financiar la privada a través de las familias.

La libertad que ofrece Ayuso tiene a la vez otra connotación. La ley Maestra recoge las exigencias ideológicas de Vox en materia ideológica sin cambar una coma. Exigen banderas de España en las aulas, reconocimientos de las grandes gestas españolas (suponemos que la colonización de América o la victoria de Don Pelayo), el enaltecimiento de los toros y la caza… en resumen, un adoctrinamiento nacionalista estándar.

En resumen, la Ley Maestra es sinónimo de privatización y subvención de la privada con fondos públicos, de reducción de calidad en la enseñanza y de aleccionamiento proto-fascista. Por si faltaban motivos para hacer huelga en todo el Estado, en Madrid tenemos también este aliciente.

5. La Formación Profesional es una antesala a la precariedad.

No podíamos olvidar a la educación más ignorada: la formación profesional. Si cada vez más las enseñanzas medias y la universidad están en manos de las empresas, la FP no podía ser menos.

La FP ha sido concebida como una antesala al mundo laboral, se ha vendido como la educación que realmente abre las puertas a un buen trabajo de oficio. La realidad es otra: los estudiantes se ven obligados a mendigar plazas.

La absoluta falta de financiación ha cerrado aquellos oficios que no salían a cuentas al mercado laboral. Muchos oficios como Forja u Orfebrería han sido casi eliminados de la formación profesional en Madrid, y los que quedan lo hacen en edificios muy concentrados, por lo que las plazas son muy limitadas. Ilustremos esto: un 54% de las solicitudes no tuvieron plaza, casi 7.000 estudiantes se quedaron sin plaza en Grado Medio, y casi 8.000 no pudieron cursar Grado Superior.

Los alumnos que no se resignen, serán derivados a las academias privadas, que cuestan entre 7.000 y 10.000 euros, y que a pesar de suponer un 44% de la oferta de Formación Profesional, reducen los gastos por estudiantes al mínimo. Los pocos que tengan suerte recibirán un cheque escolar que, como vimos antes, no sirven para más que desviar fondos públicos a manos privadas. El año pasado se invirtieron 18,5 millones en este tipo de “ayudas”.

Las academias, por otra parte, son insuficientes, segregan a los alumnos según puedan pagar y, para colmo, la educación que dan es pésima y sólo orientada a tener un trabajo precario en el futuro. Esto es un hecho: el 15,4% de quienes acaban la FP no trabajan, y desde luego no todos acaban en el oficio deseado. Esto rompe con el mito de que la Formación Profesional es un paso seguro de cara a encontrar un empleo.

La Formación Profesional es una forma de desviar a alumnos, disuadirlos de entrar en la universidad y conducirlos al mismo matadero por la vía más rápida. Los planes desarrollados para le FP han sido para venderla a las empresas, la cual abusa de los alumnos haciendo prácticas remuneradas por debajo del salario mínimo, a pesar de cumplir con las mismas horas laborales. Hay empresas que viven de becarios y se sostienen con mano de obra casi esclava concedida por sus respectivas autonomías y bajo el beneplácito de la ley educativa del PSOE.

Nos hemos centrado en Madrid porque quien escribe estas líneas es profesor de instituto. Sin embargo, eso no quita que habrá otros tantos ataques que, usando como marco la Lomloe, se especifique según la comunidad autónoma.

Sin embargo, esto demuestra que la situación en educación es crítica, y explica por qué los medios se han empeñado en silenciar la huelga de Cataluña. La tendencia de este gobierno y de los venideros (como preconiza la ley Maestra) es la de terminar por sepultar la educación pública para que las clases más desfavorecidas se vean obligadas a recurrir a la privada.

La idea es, como ya hiciera el PSOE años atrás, seguir entregando nuestro derecho a las empresas privadas.
Ante esto, los grandes sindicatos, los más claros UGT y CCOO (aunque no son los únicos), refrenan y contienen el descontento en lugar de levantar una gran movilización, una gran huelga general, por lo servicios públicos (no sólo educación, sino también sanidad, transporte, trabajo social, etc.).

Son los principales capituladores, quienes firman con gusto ante el gobierno si es progresista y con fingida incomodidad cuando es de derechas. Son los mismos que venden a los trabajadores y sus familias ante las exigencias de la patronal y sus gobiernos, entre los que están el PSOE, UP e IU, de la que es cabeza Yolanda Díaz, la no-derogadora de la reforma laboral.

Precisamente por esto, hace falta construir una alternativa, que unifique al sector educativo en sus distintas etapas y sus distintos agentes (tanto familias, como estudiantes, trabajadores y docentes). Tomemos ejemplo de la huelga de Cataluña, profundicemos más, y construyamos una alternativa que organice la lucha por una educación gratuita, laica y de calidad, completamente pública contra los ataques neoliberales que vienen de la derecha y de la izquierda institucional.