El medio de investigación periodístico Ciper analizó datos referentes a las causas y bajo qué delitos están perseguidos los presos de la rebelión que inició en octubre de 2019. Aún son cientos los jóvenes que se encuentran esperando sentencia y ya hay otros que se encuentran procesados y cumpliendo penas, el factor común en ambos casos, es la utilización de leyes concebidas para reprimir la protesta social y así sostener la prisión política en Chile.
Miércoles 18 de agosto de 2021
En innumerables ocasiones desde La Moneda y los partidos de los 30 años han salido a negar la existencia de la prisión política en Chile en el contexto de la rebelión de 2019, argumentando que nadie se encuentra en calidad de preso por sus ideas sino porque fueron detenidos cometiendo alguna acción que infringe las leyes.
Este discurso de que “en Chile no hay presos políticos” resuena en cada vocería o entrevista en la participan personeros de gobierno o representantes de partidos que han sustentado este Chile de saqueo empresarial, intentando acallar la realidad de miles de personas, en especial jóvenes, que estuvieron o los que aún se encuentran en cautiverio por el hecho de manifestarse, lo que se cruza con el relato de sus familias que han tenido que vivir casi dos años de incertidumbre y ver de cerca cómo ha operado la Justicia que para sus hijos, nietos, hermanos, parejas y amigos no ha sido justa.
Incluso desde organizaciones que se fundamentan como “defensoras de los Derechos Humanos” como Human Rights Watch niegan la existencia de presos políticos en nuestro país en el contexto de rebelión popular, en una entrevista con T13 el 1 de agosto indicó que “no -hay presos políticos-, de eso no cabe duda alguna… Es un tema que se ha tratado hasta la saciedad, yo he tenido la posibilidad de pronunciarme. La categoría de presos políticos es muy específica, no cualquiera puede ser preso político” y continuó diciendo que “en Chile hay un problema en relación con la prisión preventiva, como lo hay también en el resto de América Latina”, ya que, “se abusa del principio de la prisión preventiva”.
Las palabras del abogado son interesantes de analizar, ya que en primer término blinda el discurso del régimen con la negación de los presos políticos, poniendo al centro las categorías dónde las convenciones internacionales que “los presos políticos se dan típicamente en sistemas totalitarios donde las personas son perseguidas por sus ideas, opinión y opciones religiosas, sobre esas bases se construye un expediente para reprimirlos y perseguirlos”, pero a reglón seguido confirma que se ha abusado de la prisión preventiva, la cual ha sido una de las herramientas que se ha utilizado para facilitar la situación que viven las y los luchadores en esta condición de persecución Estatal.
La investigación de Ciper, se va a este nudo, en el sentido de cómo se han utilizado herramientas para justificar procesos alargados o que los imputados no tengan ningún beneficio durante el proceso. En el artículo publicado el 17 de agosto, dejan al descubierto que la mayoría de los presos no tienen antecedentes anteriores que podrían ser considerados como agravantes y con ello mantener regímenes estrictos como los que se han desarrollado. Lo que pone en contradicción los discursos o tipificaciones que niegan una realidad, ya que los procesados se encuentran bajo leyes que se elaboraron para perseguir la protesta social, donde la decisión política de detener a los que luchan queda encubierta bajo códigos y normas con las cuales se amparan para decir que todo está en manos de la justicia y que no tienen injerencia, pero ellos promovieron y redactaron estas leyes.
Los vehículos legales que más se repiten son la Ley de Seguridad Interior del Estado, la polémica Ley Anti Barricadas la cual fue aprobada con votos del Frente Amplio y la reforma realizada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet a la Ley de Control de Armas. En la investigación, esta última ley la identifican como una de las que más se repite, recordar que una parte de las y los acusados fueron detenidos por el supuesto porte y uso de armas incendiarias como bombas molotov, esto bajo testimonio de efectivos policiales, esta ley no solo arroja penas por el uso de armamento considerado ilegal sinó por su porte.
Dónde las y los presos han sido perseguidos con leyes a la medida y las principales pruebas son el testimonio de los agentes del Estado quienes hicieron carne la política del garrote que arrojó Piñera durante la rebelión popular.
Ante estos procesos tramposos e intentos de ocultar la realidad, se hace urgente retomar el camino de la movilización, los grandes organismos de trabajadores pueden dar vuelta el tablero y convocar a movilizaciones unitarias para conquistar la libertad de nuestros luchadores.
