A última hora de este lunes 29 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez del Reclusorio Sur una audiencia para imputar a Rosario Robles, ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto. Su defensa alega que se enteró del citatorio por los medios.
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Martes 30 de julio de 2019
Julio Hernández Barros, abogado de Robles, afirmó que se están violando los derechos de su representada. Le faltó decir que es una pobre palomita inocente.
En la noche del lunes se hizo público que la FGR solicitó que la ex funcionaria fuese vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público. “Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso en contra de la C. María del Rosario Robles Berlanga por el delito de "Ejercicio indebido del servicio público”.
Hernández Barrio declaró a distintos medios que su clienta “se presentará el 8 de agosto. Rosario es inocente, no ha cometido ninguna falta; tiene una conducta apegada a derecho, no ha participado en ningún acto contrario a las leyes”.
El último gran escándalo que estelarizó Rosario Robles fue el dado a conocer por el reportaje “La estafa maestra” de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
Ese informe señala que hubo 11 dependencias estatales involucradas: secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras, Petróleos Mexicanos, 8 universidades públicas y más de 50 altos funcionarios.
El desvío de fondos asciende a más de 3 mil millones de pesos. Se asignaban contratos en forma irregular. Según los investigadores, de 186 empresas contratadas 128 no tenían infraestructura y capital para brindar ningún tipo de servicio.
Para 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la sección de Cuentas por Liquidar de la Sedatu un posible daño a la hacienda pública por $2,039,512,453.
Del PRD al PRI, a salto de chapulín
La historia del arribismo de Rosario Robles no es única, pero tiene sus bemoles. Fue uno de los peronajes más cuestionados durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Luego de una larga carrera política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) –del cual llegó a ser presidenta– se tuvo que retirar por un tiempo tras el escándalo encabezado por ella y Carlos Ahumada, un empresario argentino, cuando se filtró a Televisa en 2004 videos en los que entregó fondos a integrantes de su partido y del equipo de Andrés Manuel López Obrador -entonces era jefe de gobierno del Distrito Federal- como René Bejarano, diputado de la Asamblea Legislativa capitalina.
Bejarano reconoció que había recibido fondos para los gastos de la campaña de Leticia Robles Colín, la candidata del PRD a la delegación Álvaro Obregón. Se lo detuvo, acusado de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. Fue absuelto unos meses después.
El teatro de los tribunales
El caso de Robles es uno de los numerosos casos de corrupción que aportaron su granito de arena a hundir a Peña Nieto y los partidos patronales tradicionales.
Sin embargo, todos los partidos vinculados a los empresarios (nativos o extranjeros) están salpicados de escándalos de corrupción más recientes o pasados. Los puestos de gobierno que obtienen en las elecciones los ponen al servicio de los poderosos, para garantizar los negocios capitalistas y mantener la subordinación de México al imperialismo estadounidense, en materia migratoria y económica.
Ahora, tal como se repartieron las cartas, a Rosario Robles le tocará comparecer el 8 de agosto próximo a las 11 de la mañana. A ver si no teje un acuerdo tan bueno como el que logró Javier Duarte –el ex gobernador de Veracruz acusado de lavado de dinero, asociación con el crimen organizado, desaparición de personas y un largo etcétera– quien logró una condena de tan sólo 9 años, así como detener el decomiso de sus bienes millonarios. Porque para los ricos y los poderosos, reza el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”.
