Ser inmigrante y de clase trabajadora en este sistema parece multiplicar el riesgo a exponerse a condiciones laborales extremadamente precarias e inseguras. Solo esta semana en Huelva y Madrid son dos los accidentes laborales mortales que cumplen estas características.
Viernes 5 de mayo de 2023
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En la madrugada de este lunes 1 de mayo, en la carretera nacional que une San Juan del Puerto y Almonte, en la provincia de Huelva, ha volcado un autobús que transportaba a 40 temporeras marroquíes de la fresa que se dirigían a trabajar esa mañana. El accidente se ha cobrado una víctima mortal y el resto han resultado heridas, tres de ellas en estado muy grave.
Las autoridades todavía no han ofrecido una versión acerca de lo que ha causado que el autobús volcase, se baraja la hipótesis de que la intensa bruma que se acumulaba en la carretera a esas horas de la mañana pudiera haber sido un gran condicionante. El conductor, de una empresa de transporte subcontratada, hacía el trayecto habitualmente a la misma hora, llevando a las temporeras a trabajar todo el día en las fincas de la zona.
Todas las trabajadoras son contratadas en origen, vienen a pasar la temporada de cosecha y luego vuelven a Marruecos. Las de esta empresa en concreto, se alojan en los albergues habilitados principalmente en San Juan del Puerto y salen todos los días a las 6:00 para comenzar su jornada de trabajo. Pero muchos trabajdorxs migrantes del campo no cuentan con estas condiciones, sino que se encuentran viviendo en asentamientos informales a los lados de la carretera, con condiciones insalubres y extremadamente precarias.
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Si bien no se ha dado una versión oficial sobre la causa del accidente, las condiciones de precariedad e inseguridad que rodean el trabajo agrícola de las temporeras no es un secreto para nadie. Jornadas eternas y extenuantes, condiciones de trabajo de miseria, salarios insuficientes y acoso laboral son algunos de los aspectos que caracterizan este tipo de trabajo en el estado español. Bajo un acuerdo entre el gobierno de Marruecos y el español, se utiliza mano de obra migrante – principalmente de mujeres madres de origen humilde – para desempeñar estas labores, lo que facilita no solo que se perpetúen estas condiciones, sino que además se aseguran de que las madres querrán volver a su familia en Marruecos al final de la temporada, evitando el riesgo de que se quieran quedar en Europa.
El segundo caso ha ocurrido en Madrid el pasado miércoles, donde un trabajador de origen colombiano que trabajaba sin contrato murió tras sufrir una descarga cuando manipulaba una instalación eléctrica en una de las casetas preparadas para las próximas fiestas de San Isidro en la capital.
El trabajador, de 47 años, trabajaba en condición de irregularidad para una de las empresas subcontratadas por el ayuntamiento de Madrid para la logística de las fiestas patronales. Los dos responsables de la empresa han sido detenidos por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
Este caso es solamente un ejemplo más de las condiciones laborales a las que se enfrentan muchas personas migrantes de clase trabajadora en el estado español. Muchas empresas, como esta, aprovechan la situación de irregularidad de lxs trabajadorxs que están dispuestxs a realizar más horas de trabajo por menos dinero y en peores condiciones, con tal de obtener un ingreso. El ayuntamiento de Madrid también es responsable: la tercerización de los servicios libera de toda implicación legal a la empresa (o en este caso, a la institución) que subcontrata porque técnicamente la persona no trabaja directamente para ellos, dando más vía libre a condiciones laborales precarias, abusos e inseguridad. Esto ocurre cada vez de manera más frecuente por el brutal proceso de tercerización que llevan ya varios años realizando los gobiernos del Partido Popular tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Para acabar con esto en el estado español, la lucha no es solamente por unas condiciones de trabajo y salario dignas, sino también por la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs. Medidas que además deben servir como punto de apoyo para la destrucción de un sistema que está estructuralmente diseñado para condenar a la clase trabajadora, migrante, mujer y racializada a la precariedad y la pobreza.