Estas semanas, a nivel nacional se ha puesto al centro la discusión sobre la vuelta a clases presenciales, el necesario uso de las instalaciones educativas, y las medidas necesarias para que se garanticen protocolos sanitarios efectivos y condiciones para que todes les estudiantes, sean de región, trabajen o enfrenten problemáticas, puedan acudir sin obstáculos.
Martes 7 de septiembre de 2021
La crisis de la educación pública se ha visto profundizada por la pandemia. La existencia de una educación para ricos y otra para pobres y la precarización de la educación pública e Institutos Técnicos son más grandes que nunca. Y pese a que las universidades se han ahorrado importantes recursos por la virtualidad, el cómo se usan estos recursos es una incógnita. Ante la crisis, las autoridades han decidido cortar por el eslabón más débil que ha sido precarizar y despedir funcionarios, no invertir en infraestructura y aumentar los aranceles. Mantienen, sin embargo, millonarios sueldos gerenciales para toda la casta de decanos y rectores elegidos entre ellos mismos.
Desde el año 2020 les estudiantes venimos denunciando esta situación. La carga académica, el desempleo y la precarización de las condiciones de estudios han generado una pandemia de salud mental. Mientras tanto la beca gratuidad ya no alcanza para todos y cada vez son más quienes la pierden, llegando a 69.000 las y los estudiantes que perdieron la beca por extenderse más allá del plazo formal de sus carreras. Las becas de mantención son cada vez más exiguas ante el avance de la inflación y el endeudamiento con créditos bancarios con tasas de intereses draconianas es el camino al que miles de estudiantes siguen estando obligados a seguir.
A 10 años del 2011 la educación gratuita y de libre acceso sigue siendo una demanda pendiente. Rectores como Zolezzi, de la Usach, han planteado que esta debe ser una conquista de la Convención Constitucional mientras mantiene la precarización y el subcontrato. Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista nos empujan a depositar toda la esperanza en acuerdos parlamentarios, como los que hicieron el año 2017 apoyando la reforma de Bachelet que sumó precarización a la educación heredada de Pinochet. Y los organismos estudiantiles como la Fech y la Confech -dirigidas por el FA y el PC- han abandonado realmente esta pelea, sin buscar que desde las bases el les estudiantes se organicen y peleen por un programa propio; así actuaron durante la rebelión, cuando impidieron que el histórico movimiento estudiantil irrumpiera en la escena como tal.
Pero hoy el endeudamiento para enfrentar aranceles carísimos y la precarización sigue empujando a los estudiantes fuera de la universidad. Las autoridades mientras tanto otorgan "cursos y diplomados de DDHH" a la policía asesina y represora, mientras despide trabajadores. Es decir, hay dinero para cursos a la policía y sueldos gerenciales de Rectores pero no para una vuelta a clases como es demandada por el estudiantado. Este es el proyecto constituyente y progresista que propone Ennio Vivaldi al país.
Para enfrentar esta situación de emergencia decimos fuerte y claro que ¡la crisis no pueden pagarla los estudiantes y trabajadores! Para esto exigimos el siguiente programa de emergencia para la Universidad de Chile:
- Suspensión del cobro de cualquier deuda universitaria, que se extienda la BAES a todo aquel que la necesita y aumente su valor, y que se financie la carrera a todo estudiante que pierda la beca gratuidad, condonando todas las deudas, como el CAE y otras. Que se asegure la residencia y mantención de les estudiantes de región o que se encuentren en situaciones de riesgo. Que abra los jardines de la universidad y que cubra el acceso a jardines externos en caso de no haber cupo.
- Los cargos de rector, los decanos y el cuerpo directivo no deben cobrar más que el sueldo de un funcionario público de grado XIX (840.000). Exigimos que se llame a un claustro refundacional triestamental en la Universidad de Chile, que redacte un nuevo estatuto en el que toda autoridad sea electa por el voto universal de todos los integrantes de la universidad y que el gobierno de la universidad esté compuesto por todos los estamentos con igualdad de derechos políticos. Abajo el voto censitario del actual estatuto, que las decisiones de la universidad sean tomadas por trabajadores, estudiantes y académicos.
- Fin a la precarización laboral. Que todos los funcionarios y académicos de la U. de Chile pasen a planta y se garantice su estabilidad. Que el Estado garantice fondos administrados triestamentalmente para adecuar la universidad para cumplir el protocolo Covid-19 el cual debe ser elaborado por toda la comunidad educativa.
- Clases presenciales y uso de instalaciones educativas con todas las medidas sanitarias y con la conformación de una comisión triestamental por cada facultad, que sea independiente de las autoridades, para garantizar la elaboración y cumplimiento de un protocolo sanitario, seguimiento a las dificultades por pandemia y las necesidades presupuestarias para un retorno seguro.
La Fech no está buscando enfrentar la crisis que afecta a los estudiantes de la universidad. Los protocolos con rectoría carecen de aplicación concreta, no son más que migajas que caen de la mesa de los decanos. Esta crisis sin duda no puede ser resuelta íntegramente en el actual esquema de desfinanciamiento que el estado neoliberal somete a la educación pública para sostener la educación de mercado, herencia de la dictadura pinochetista y reforzada por las reformas de Bachelet. Por tanto exigimos a la Fech:
- Reponer la lucha por la educación gratuita y la exigencia de un financiamiento basal a toda la educación pública acabando con la lógica de voucher y endeudamiento, mediante asambleas de facultad y carreras. Que convoque la Confech para que desde todas las universidades se organice un plan de lucha en perspectiva de un paro nacional, y exigir a la convención constituyente que decrete esta medida.
- ¡No más dilataciones! Congreso Fech, ahora: Con delegados mandatados y revocables de todos los cursos, secciones, facultades, carreras para definir un plan de lucha y un programa para el movimiento estudiantil. Que se convoque a asambleas para elegir delegados y organizar un plan de lucha y movilización para conquistar este programa.