En Córdoba trabajan como monotributistas. Ante las medidas de suspensión de clases es necesario que el estado garantice su sostén económico.
Lunes 16 de marzo de 2020 17:44
Frente a la crisis sanitaria actual por el coronavirus (Covid-19) el gobierno nacional de Alberto Fernández así como el gobierno provincial de Schiaretti se han visto obligados a tomar medidas de urgencia, que si bien, pueden ser correctas para la contención del virus, a la hora de implementarlas dejan en el aire a miles de trabajadores y trabajadoras que ven perjudicada su fuente de ingresos.
Ante decisión de cesar las clases para prevenir que el alumnado se contagie el virus,no se contempla la situación económica de trabajadoras y trabajadores que trabajan como monotributistas. Dentro de las instituciones educativas, ademas de docentes y personal administrativo, también asiste un grupo de trabajadores especializados en integraciones escolares: las y los profesores de apoyo y acompañantes terapéuticos.
El hecho de que las y los estudiantes no asistan a clases implica que las y los integradores escolares no puedan cumplir con el módulo de horas dispuesto por las obras sociales lo que se traduce en que tampoco cobren el monto total de sus salarios. ¿Cómo llevaran el pan a casa o comprarán los insumos mínimos de salubridad para evitar el contagio de esta pandemia? ¿Con el sueldo de quién?
Todo este sector de trabajadoras y trabajadores contemplado en su amplia mayoría en la figura del monotributo. Figura que surgió junto a todo el paquete de medidas de ajuste que implicó la ley de Flexibilización Laboral impulsada por el menemismo en la década de 1990.
Con la llegada de la "década ganada", los laburantes de monotributo siguieron en ascenso. Se estima que en la actualidad existen unos 120 mil monotributistas y autónomos en la provincia de Córdoba. Siendo cada vez más frecuente, ocupa casi todos los servicios estatales y privados y equivale a la pérdida de derechos básicos como el aguinaldo, vacaciones, licencias por enfermedad, indemnización, aportes jubilatorios y obra social las cuales dependen exclusivamente del bolsillo del mismo trabajador monotributista. A su vez, cada vez más empresas aprovechan este tipo de “contrataciones” para engrosar las filas de sus fábricas, abultar sus ganancias y dividir a la clase trabajadora.
En ese marco, las y los integradores escolares se ven absolutamente vulnerados ante la posibilidad de garantizar su salario y es por ello que necesitan que la Superintendencia de Salud de la nación se pronuncie a su favor para:
• Garantizar el pago completo del módulo de apoyo a la integración escolar para quienes trabajan con obras sociales o en centros categorizados de integración y centros de día públicos y privados mientras duren las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández en todo el territorio nacional.
• Exigir a las obras sociales provinciales, nacionales y prepagas que cumplan con el pago completo del módulo en tiempo y forma a todo personal que efectúe tareas de integración escolar o trabaje con personas con discapacidad en centros categorizados o centros de día, públicos y privados.
Asimismo, los colegios de profesionales como el colegio de psicopedagogos y el colegio de psicólogos de la provincia de Córdoba deben acompañar a las y los trabajadores ante la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país y la provincia.
Hasta la publicación de esta nota se conocían dos resoluciones del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la número 178/2020 y la 184/2020.
La primera resuelve en su artículo 1 “Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares…” y en el artículo 2 “La licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir".
Y la resolución 184/2020 en su artículo 2 resuelve “Se considerará incluidos a estos efectos, a quienes presten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios reguladas por el Decreto N° 1109/2017, aquellas que se desarrollen en forma análoga dentro del sector privado, las prestaciones resultantes de becas en lugares de trabajo, pasantías y residencias médicas comprendidas en la Ley N° 22.127. En el caso de pluriempleo o de múltiples receptores de servicios, la licencia alcanzará a los distintos contratos".
Si bien estas resoluciones parecen contemplar a la mayor parte de monotributistas también es claro que no queda definido si las obras sociales o si los centros privados cumplirán esta normativa. Además de que nada dice de quienes trabajamos, en centros de integración privados, sin ningún tipo de contrato. Entre las y los integradores circula la incertidumbre de si el estado nacional y provincial tomarán en sus manos el cumplimiento de estas resoluciones como garantes del servicio indispensable que brindan.
Esta situación de emergencia sanitaria mundial pone al desnudo que en países como la Argentina del FMI nada bueno puede esperarse para el pueblo trabajador, el más afectado, a la hora de acceder a magros ingresos, muchas veces en negro, y peor aún cuando es necesario acudir al sistema de salud.
Necesitamos que el Gobierno asigne todas las partidas presupuestarias necesarias para garantizar a quienes sostienen sus hogares lo puedan continuar haciendo. Los fondos no son para el pago de la deuda fraudulenta e ilegal con el FMI.
Las y los trabajadores tenemos que unirnos para exigir que esta vez, a la crisis no la paguemos con nuestras vidas, porque definitivamente valen más que sus ganancias.
