El conflicto entre las trabajadoras de limpieza y las autoridades de la UNCo escaló durante las últimas semanas. De los despidos a la judicialización de la protesta. Las mentiras del rectorado para defender el negocio de las empresas tercerizadas.
Jueves 29 de junio de 2017 09:01
Agosto de 2015: Crisafulli contrata a la tercerizada Litoral Cleaning por $2.585.016,00
En la gestión de Gustavo Crisafulli, la trayectoria política no es lo único menemista. El rector mantiene el grueso de la herencia neoliberal en la Universidad, expresada en la alianza con el "sector privado". No sólo profundizó los convenios con multinacionales petroleras que modifican a su antojo los planes de estudio, a cambio del financiamiento externo. También mantuvo intacto el negocio de las tercerizadas, que amasan ganancias a costa de la flexibilización laboral, a costa de que haya "trabajadores de segunda" en una universidad pública.
Hoy el rector se quiere victimizar y ocultar su responsabilidad desde el origen del conflicto. Pero fue el propio Crisafulli quien en agosto de 2015 asignó por medio de la resolución N°642/15, la suma de $2.585.016 a "Litoral Cleaning", empresa que a los pocos meses despedía a las trabajadoras. Desde ese año, las compañeras comenzaron a limpiar los pisos, las aulas, los escritorios, los baños y los inodoros de autoridades, docentes, no docentes y estudiantes. En la UNCo todo el servicio de limpieza está tercerizado, de forma permanente. Pero para Crisafulli es habitual decir, con un notorio desprecio de clase y desde la comodidad que le da su abultado sueldo, que las trabajadoras nunca fueron parte de la "comunidad universitaria", sino "ex-asociadas de una cooperativa". Para su gestión es "natural" que haya mujeres que trabajen por unos meses limpiando su mugre, y después sean descartadas cuando se les venza el contrato . Son las trabajadoras y trabajadores invisibles de la universidad.
Salarios adeudados, reclamo y despidos
Desde que comenzó a operar, la empresa domiciliada en Santa Fe, "Litoral Cleaning", incumplió el pago de salarios. Al tiempo, no garantizaba los insumos necesarios para la seguridad e higiene tanto de las trabajadoras como de la comunidad universitaria. Las trabajadoras reclamaron el cobro de haberes adeudados. En ese momento, nos comentaban: “nos pagan 3.500 pesos por 4 horas cuando nuestro sueldo debería ser de 6.000 pesos según convenio, no tenemos insumos, nos mandaban a limpiar solo con agua y cuando comenzamos el reclamo nos amenazaron con despedirnos. El decano de la Facultad –Pescader- le echa la responsabilidad al Rector – Gustavo Crisafulli- y estos a la la empresa, y la empresa nos dice que esta situación se debe a que la universidad no deposita lo convenido. Nadie nos da una solución. No tenemos obra social y hay compañeros que están peor porque ni siquiera les han hecho el contrato, están sin papeles". Nadie les daba una respuesta. Todos se pateaban la pelota. Esa es la gracia de la tercerización.
La situación empeoró para las trabajadoras. Hubo un contrato temporal a otra empresa y en enero de 2016 las trabajadoras fueron despedidas. En una acción de repudio, la Policía de Weretilneck detiene al Secretario General de ATE - Río Negro, Rodolfo Aguiar. Sólo luego de una dura lucha, las trabajadoras lograron ser contratadas por medio de una cooperativa de trabajo, de forma transitoria.
Cooperativa, descuentos anti-sindicales y continuidad de la flexibilización
En marzo de 2016, luego de 3 meses de ninguneo tanto del decano de FADECS Carlos Pescader (ECU), como del rectorado a cargo de Gustavo Crisafulli y Daniel Nataine (kirchnerismo), se acordó la recontratación de las trabajadoras por medio de la cooperativa Mariano Moreno. Fue una salida transitoria, que no terminó con la precarización, pero permitió durante un tiempo la continuidad laboral.
Sin embargo, ahí no terminaron los maltratos. El hostigamiento por parte de la burocracia no-docente aliada al rectorado fue una constante. Las trabajadoras denunciaron acoso, pero las autoridades les plantearon que no se podía aplicar el protocolo para casos de violencia de género porque las trabajadoras "no forman parte de ningún claustro ni de la comunidad universitaria".
El 2017 empieza con una cuenta regresiva: se acercaba la fecha de la licitación del "servicio de limpieza", en la que la cooperativa debería competir, en desventaja, con otras empresas. En el medio la gestión extorsiona a un pequeño sector de trabajadores asegurándoles que les conseguirían trabajo para que se bajen de la lucha: hoy se encuentran desocupados. Las trabajadoras comienzan a reclamar que se las reconozca como lo que son: empleadas de la universidad. Pero para lo único que las consideraron empleadas, fue para descontarles $50.000 de sus sueldos por haber participado del paro del 6 de abril. Nada que envidiarle a la macrista María Eugenia Vidal.
Criminalización y policía, el "diálogo" de la gestión
El "diálogo" que reivindica el rectorado, nunca existió. Desde el inicio del conflicto, tanto la gestión de Crisafulli como la del decano (hoy nuevamente de "licencia") Carlos Pescader, se encargaron de intentar enfrentar a las trabajadoras con el grueso de los estudiantes, docentes y no-docentes, primero de FADECS - FADEL, y ahora del conjunto de la Universidad. Siempre aclarando que no se trataba de "personal de la universidad".
Cuando las trabajadoras iniciaron la toma del decanato de FADECS, la gestión pasó de los dichos a los hechos. Fue así que el 19 de abril, días después del ingreso de la policía en la Universidad de Jujuy, ingresó la Policía Federal a la UNCo, vestida de civil, y con una orden judicial irregular. Sacaron fotos, tomaron datos, amedrentaron a las trabajadoras. El rectorado sacó un comunicado ambiguo, en el que sólo “aclaraba” que no habían sido ellos quienes denunciaron a las trabajadoras con la Policía (luego se conocería que fueron sus no-docentes aliados).
Desde que las trabajadoras se trasladaron al rectorado, las autoridades endurecieron aún más su política, y anunciaron con bombos y platillos que denunciarían la toma. Fue así que la semana pasada presentaron una denuncia por “defraudación agravada”, que a su vez invoca los artículos 237 y 238 del Código Penal, que establecen penas contra el “atentado y resistencia a la autoridad”. Así, los mismos que dicen horrorizarse con las represiones del gobierno nacional de Mauricio Macri, apelan a la criminalización lisa y llana de un conflicto laboral. El ingreso de la Policía por segunda vez en lo que va del conflicto, sienta un precedente nefasto.
Macartismo y estigmatización
El rectorado sabe que el conflicto no se resuelve sólo en la toma de parte de las instalaciones del edificio central de la UNCo. Por eso intenta generar un clima hostil a las trabajadoras entre la comunidad universitaria y la opinión pública en general. Es la misma estrategia que usó el decano Pescader en FADECS: intentar enfrentar a la comunidad universitaria con un supuesto enemigo “externo”, compuesto por “ex – asociadas” y organizaciones de izquierda.
Por eso lanzaron una campaña mediática haciendo abuso de los medios de comunicación oficiales de la Universidad (web, plataforma de educación a distancia, Prensa UNCo en Facebook, etc). En ese marco, declararon públicamente que la toma fue instigada por "el PTS, el PO e IS", y particularmente por "el diputado Raúl Godoy". Manifestando un macartismo abierto, intentan deslegitimar el reclamo contra los despidos que ellos mismos efectuaron, planteando cínicamente que la medida "es funcional al recorte de presupuesto a la educación pública".
Sin embargo, con esta política, más allá de un puñado de funcionarios y agrupaciones serviles (como el MILES), sólo lograron el apoyo de los concejales del Movimiento Popular Neuquino, la Justicia y la Policía Federal. Ni el sindicato docente, ni el sindicato no – docente, ni la federación estudiantil, defienden su política.
Prioridades
El colmo de esta política fue el intento de mostrar a “la comunidad universitaria” como contraria a las trabajadoras de limpieza. Con ese objetivo la semana pasada convocó una movilización supuestamente “en defensa de la educación pública”. Llama la atención que quienes dicen defender la educación pública no hayan hecho ni un 1% de lo que hicieron contra las trabajadoras, para resolver la falta de calefacción en el edificio de Humanidades, que obliga a estudiantes y trabajadores a soportar temperaturas bajo los 0°C, situación que lleva a la suspensión permanente de cursadas, al recorte de contenidos y a la insalubridad de quienes habitan la UNCo. Tampoco tiene ese nivel de iniciativa para combatir el 82% de deserción estudiantil. El discurso de “defensa de la educación pública” es pura demagogia.
El mismo rector que recibió con la alfombra roja al encargado de negocios de la embajada yanqui, apunta contra trabajadoras, madres de familia, que sólo quieren volver a trabajar, les cierra los baños, les corta la luz... Ni siquiera fueron capaces de respetar la declaración unánime del Consejo Superior del 4 de mayo, que planteaba la continuidad laboral de las compañeras y la necesidad de revertir la tercerización laboral. Se niegan al diálogo y perpetúan un conflicto que podría haberse resuelto fácilmente, algo que empieza a generar fisuras en su propio espacio político.
La lucha de las trabajadoras tiene que triunfar
La lucha de las trabajadoras lleva un año y medio, tres meses de toma del decanato de FADECS, y una semana del rectorado de la UNCo. Es una lucha difícil porque encuentra a la burocracia aliada a Crisafulli y Nataine a la ofensiva, y porque se profundiza cuando se acerca el receso invernal. Sin embargo, no es cierto que la comunidad universitaria apoye su política, algo que quedó demostrado en las “marchas y contramarchas” de la semana pasada.
La judicialización del conflicto generó un amplio repudio de la política del rectorado, que se empieza a expresar en las declaraciones y expresiones de apoyo hacia las trabajadoras de personalidades como las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y el Alto Valle, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, etc. A su vez, las asambleas estudiantiles en la sede Neuquen y Fiske Menuco (Roca), votaron realizar una marcha en apoyo a las trabajadoras hoy a las 17:00hs desde el rectorado.
Es necesario que los centros de estudiantes, la Federación Universitaria del Comahue, el sindicato docente ADUNC y el no-docente APUNC, se jueguen realmente a apoyar a las trabajadoras, contraponiendo a la campaña sucia de Crisafulli la más amplia solidaridad. La lucha de las trabajadoras es la lucha contra la tercerización y el fraude laboral en la universidad, contra la criminalización de la protesta, y también, en defensa de la educación pública. Por eso, tiene que triunfar.