LEGALIZACIÓN. Claves para entender en qué va la regulación del cannabis en México 

Mientras en países como Estados Unidos y Argentina se han dado pasos en torno a la regulación de la planta de cannabis, en México el Senado de la República discute una nueva Ley Federal en el mismo sentido y en cumplimiento de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suprimir artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo de marihuana antes del próximo 15 de diciembre. 

• Tras varios meses de retraso (el dictamen había sido aprobado en lo general desde marzo) y distintas protestas a las afueras del Senado, las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos acordaron un dictamen que podría aprobarse o no este jueves. 

Organizaciones y activistas han denunciado también que se trata de una ley que invade la privacidad de los ciudadanos y que está basada en prejuicios y miedo en torno al consumo del cannabis que, lejos de significar una diferencia en su cadena de producción o en el libre desarrollo de la personalidad, implica un registro en donde se brinda al Estado un control más riguroso de la vida cotidiana del consumidor. 

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En todo el continente, países como Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Puerto Rico han aprobado el uso de la marihuana con fines medicinales. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar su consumo "recreativo" seguida por Canadá y algunos estados de Estados Unidos, mientras que Argentina, como mencionábamos al principio, aprobó distintas medidas en torno al autocultivo, producción, distribución e investigación de la planta. 

• Bolivia, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Brasil y Panamá son algunos de los países en América en donde la marihuana está prohibida en cualquier caso.

Entre las medidas que implica esta nueva ley se encuentra la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Este Instituto sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y el nombramiento y remoción de su director general estará en manos de dicha dependencia. 

De acuerdo a esta Ley, se aumentaría de 5 a 28 gramos la cantidad de marihuana que sería"legal" transportar y se impondría penas mínimas a quienes superen esa cifra hasta 200 gramos. Esta medida, que también limita a cuatro plantas de cannabis por persona para su consumo individual, resulta cosmética si se considera que no viene de la mano de una regulación sobre su producción y distribución. 

• El uso compartido del cannabis en asociaciones es otra de las medidas contenidas en esta nueva Ley. Implica que hasta 20 personas se reúnan con el permiso de las autoridades. Este apartado forma parte de otras medidas que condicionan y restringen el consumo, mismas que han sido presentadas como en atención a los no fumadores y como medida de seguridad en el manejo y operación de maquinaria pesada o conducir, es decir, un uso civil e individual de la planta.

Es decir, se podría aumentar el gramaje portable, pero seguiría siendo ilegal producirla, almacenarla, transportarla y distribuirla salvo por los establecimientos autorizados por el Instituto. Las multas van de los 5, 200 a los 261 mil pesos mexicanos, sanciones económicas que, desde luego no aplican a las grandes fortunas que se han amasado en el negocio.

• Esta iniciativa está lejos de implicar grandes cambios en la situación de consumo y producción en el país. Adolece, además de sustancia, de medidas elementales como la discusión en torno al uso medicinal de la planta, así como de otros de sus derivados como el cáñamo y su uso industrial. Destaca, además, que en esta Ley no se habla de "consumo lúdico" ni "recreativo", sino de un "consumo adulto" que apela apenas a un aspecto de las múltiples dimensiones que hacen al tema de la marihuana en México.

Un número desconocido de consumidores (gracias a la falta de un censo pese al cual se pretende legislar en materia de salud) continuarán enfrentando no sólo la estigmatización de su consumo, sino también un clima de violencia en torno a la producción y comercio de la planta, actualmente en manos del crimen organizado con la venia de autoridades locales y federales que se han beneficiado durante años de sobornos y comisiones. Empresarios y farmacéuticas tienen también la industria y su potencial millonario en la mira. 

• Entre la polarización de posiciones por parte de los partidos en el Senado, destacan las declaraciones de integrantes del PAN y del Morena. Estos últimos, además, en medio de divisiones internas que se expresaron en la irregular votación en la que al menos ocho morenistas no definían su voto. 

Activistas citados por Forbes señalan que se trata de una forma de "maquillar" el cumplimiento del mandato de la SCJN y que el Senado no trata el asunto como un tema de derechos. Consideran que en este debate en donde han hablado los políticos, las empresas y los sectores de derecha, no se ha escuchado a los consumidores, todo esto en medio de una constante denuncia a la indiferencia de Morena, cuya posición en el Senado contrasta con su discurso de presunto "apoyo" por la regulación de la planta.

• El mayor control individual, la militarización, los recortes a la cultura y a otros rubros de impacto social así como la mayor precarización y pauperización de millones son medidas que están muy lejos de cualquier discurso a favor de una solución a la violencia de una "guerra" que ya cumplió 13 años enlutando al país.

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No basta con regulaciones de algunos aspectos del consumo o producción de la planta. Es necesario tener claro que cualquier proyecto apunta al embuste o al beneficio de los empresarios si no contempla medidas que aumenten el presupuesto al sector salud y a la atención integral de consumidores y enfermos de adicción, así como campañas en centros públicos y educativos de todos los niveles para informar sobre la marihuana y otras sustancias sin ningún estigma.

Como decimos aquí, la producción de la planta debe estar en manos del Estado para evitar su privatización y sus trabajadores son quienes deben controlar su producción, distribución y comercio, con regulación por parte de expertos, productores y usuarios, no por políticos ni curas. La discusión debe contemplar la regulación para evitar que la naciente industria en torno a la planta continúe con la explotación de productores y el lucro con enfermedades que pueden tratarse con el cannabis.

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