Reforma judicial. Claves para entender la Reforma Judicial aprobada en México

A pesar de las protestas (sobredimensionadas por los grandes medios de comunicación) de la oposición neoliberal y de sectores estudiantiles de Derecho, abogados, funcionarios del Poder Judicial, ONG, jueces y magistrados, la noche del pasado lunes 10 de septiembre terminó pasando la Reforma Judicial en el senado con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones.

Una oposición neoliberal en crisis y descoordinada

A las movilizaciones de la oposición se les dio un margen considerable para su realización, lo cual con agrupaciones de la oposición de izquierda habría sido impensable, pues éstas han sido reprimidas prácticamente al instante, como ocurrió el pasado 5 de septiembre contra habitantes de Xochimilco y Tlalpan. Las protestas llevaron a los senadores a trasladar la sesión a la sede alterna ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, la cual fue una discusión donde el Morena y aliados barrieron a la oposición de derecha. Fuera de haber cambiado de sede (algo que finalmente hicieron con bastante facilidad en ambas cámaras), cooptaron rápidamente a senadores de la oposición.

La aprobación contó, además, con el voto decisivo del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, así como de la sospechosa ausencia del senador campechano, Daniel Barreda, del partido Movimiento Ciudadano, quien no estuvo presente por presuntos motivos familiares. Yunes y su padre, quien actúa como senador suplente luego de que aquél adujera problemas de salud, han sido acusados de traidores, incluso llegando al punto en que la también panista Lilly Téllez les arrojó monedas en referencia a la traición de Judas.

La participación de estos personajes no escapó a las críticas hacia López Obrador, quien afirmó en su momento que “en política siempre hay que optar entre inconvenientes, es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”.

La aprobación de la ansiada reforma se tiene pensada, según declaró el propio AMLO, que se anuncie el próximo 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Esto después de la rápida aprobación de la misma en los congresos estatales de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Baja California, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Colima, Nayarit, Durango (donde contó con votos del PRI), Campeche, Sinaloa y Zacatecas.

Como ya hemos señalado con anterioridad, tanto la colaboración del PRI a nivel local como la participación de los Yunes da cuenta de la capacidad del Morena de absorber elementos de la llamada “mafia del poder” del “PRIAN” que tanto criticaba cuando se encontraba en la oposición.

Por su parte, la medida golpea considerablemente a la oposición neoliberal. Ni siquiera medios como El País, alineados con el imperialismo español, escatiman su apreciación. En una columna de Elia Castillo se aprecia que la aprobación de la reforma “hiere de muerte a la oposición”, la cual se muestra descoordinada incluso para hacer frente común al bloque de la 4T.

En ese mismo sentido, sectores del bloque neoliberal ya proclaman con alarma la llegada de la “dictadura” del obradorismo y la transformación del país “en Venezuela” por las supuestas simpatías y similitudes del Morena con el régimen represor del chavismo que gobierna desde hace décadas el país sudamericano.

El exitoso Plan C de López Obrador

La tan ansiada reforma recientemente aprobada era la última carta del Morena para realizar modificaciones en el sistema político mexicano. Se trata del ahora exitoso Plan C luego de los fracasos de los planes A y B.

El primer intento (el llamado Plan “A”) se dio en abril de 2022 a través de una iniciativa de reforma electoral que pretendía convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, desaparecer a los diputados plurinominales, eliminar el financiamiento a los partidos políticos (para actividades ordinarias) y la disminución de consejeros electorales (de 11 a siete). Este intento terminó por no prosperar al no ser aprobado en las cámaras legislativas.

Ante esta situación, AMLO anunció un “Plan B”, el cual consistió en una propuesta de reforma a las leyes secundarias electorales. Concretamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social.

El “Plan B” originalmente fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023 en dos partes, pero el pasado 8 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte. Esto llevó a la formulación del “Plan C”, el cual consistió en el voto masivo por legisladores de la coalición oficial para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras y aprobar las propuestas presidenciales. La Reforma Judicial sería la primera victoria en este sentido.

¿Qué propone concretamente la Reforma Judicial?

La polémica reforma propone la elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito. Se trata de más de 1,600 cargos que se elegirían mediante el voto en las urnas y cuya primera elección se realizaría en junio de 2025 y estaría a cargo del INE.

También propone una reforma al Consejo del a Judicatura Federal, órgano “paralelo” del Poder Judicial que vigila la actuación de los jueces, a excepción de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral. En cambio, la reforma propone crear por separado un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial que podría vigilar a todos los funcionarios y jueces, incluyendo a los ministros de la SCJN y los magistrados del TEPJF. Este tribunal, además, estaría compuesto por cinco magistrados que tendrán una duración de seis años y serán previamente elegidos mediante una terna: una propuesta por el presidente, dos por el Senado (con la aprobación de dos terceras partes) y tres por el pleno de la Corte (con mayoría de seis votos).

Otra de las propuestas es la eliminación de las dos salas del Supremo y, en cambio, resolver los conflictos en el pleno. Actualmente las dos salas revisan en una los asuntos en materias civil y penal, mientras que la otra lo hace en asuntos de materia administrativa y laboral.

Finalmente, uno de los elementos profundamente reaccionarios que conlleva la Reforma Judicial, recientemente agregado, es la figura de los “jueces sin rostro”, una figura implementada para reprimir sectores populares en Italia o Perú y en la cual además se viola el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece que, “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

¿Qué postura tomar desde la izquierda socialista e independiente?

La poca concurrencia a las manifestaciones contra la Reforma Judicial, así como el voto a la coalición oficialista, dan cuenta del apoyo que aún tiene el gobierno y el descrédito del Poder Judicial, el cual es visto por muchos como un poder corrupto. A pesar de ello, la discusión de esta medida ha despertado una fuerte politización y una discusión de esta rama de la división de poderes en la república, uno de los sectores, además, históricamente más conservadores.

Lejos de la postura de presunta imparcialidad que tanto pretende enfatizar la oposición neoliberal y los miembros del Poder Judicial, el sistema político en México y en gran parte del mundo obedece los mecanismos del Estado burgués. El Poder Judicial no escapa a esta realidad, pues es el pilar que implementa el sustento jurídico de la Constitución.

Es así que el Poder Judicial ha estado históricamente ligado a la defensa de la propiedad privada y los intereses de trasnacionales, empresarios y los políticos a su servicio. Si bien es necesaria la oposición a esta reforma en aspectos puntuales, la defensa del status quo que impulsa la oposición implica la defensa del orden jurídico que hace unos años encarcelaba a cientos de quienes salíamos a las calles (incluyendo a muchos de quienes hoy han sido absorbidos por el Morena) a protestar contra la imposición electoral de Peña Nieto, las “reformas estructurales” de Peña Nieto, la desaparición de los 43, la violencia machista, la militarización del “PRIAN” o la lucha contra el porrismo en la UNAM, por mencionar algunos ejemplos.

Tampoco quita que, a pesar de las controversias que han despertado la oposición neoliberal y el Morena hacia el Poder Judicial, ninguno menciona medidas en las que todos los partidos han estado de acuerdo y que son profundamente antipopulares, como la aprobación del outsourcing, la reforma laboral que aprobó Calderón en 2012 o las medidas de militarización que antes el PRI y el PAN y hoy el Morena (a través de la Guardia Nacional) han llevado adelante.

La Reforma Judicial, aunque incluye una medida democrática elemental como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, no trastoca la estructura de privilegios que ha caracterizado al Poder Judicial durante toda su existencia en el México contemporáneo. En efecto, mediante los mecanismos de la actual reforma, es factible la intrusión de intereses particulares en los organismos judiciales.

¿Qué proponemos desde la izquierda socialista? Partimos de que el Poder Judicial está al servicio de la clase burguesa. Aún con la aprobación del voto popular de los jueces, consideramos que deben ser revocables en cualquier momento; estamos por la abolición de la Suprema Corte de Justicia y postulamos, en cambio, la creación de tribunales populares controlados por sindicatos y organizaciones obreras, como en su momento proponía León Trotsky en un contexto de crisis política para Francia.

Medidas que ni la oposición neoliberal ni la 4T pretenden llevar adelante, pues eso implicaría una verdadera transformación del Estado en uno al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre y no de los capitalistas y sus políticos, sean nacionales o extranjeros o adhieran a la oposición del PRI y el PAN o al Morena y la 4T.

En cambio, la reforma aprobada, a pesar de que reduce el número de funcionarios y otorga topes salariales que no deben estar “por encima de lo que gana el presidente”, no quita que éstos siguen siendo estratosféricos si los comparamos con el salario mínimo que obtiene, por ejemplo, una maestra o una enfermera. La supuesta “independencia judicial” que defiende la oposición implica la continuidad del orden jurídico burgués profundamente represor y al servicio de los capitalistas.

Orden que tampoco modifica sustancialmente la reforma de la 4T. Si bien las críticas de la oposición a la potencial intrusión de intereses particulares en el Poder Judicial tienen sustento, no sería algo novedoso, pues es algo que ya sucede. La adhesión de los ministros y funcionarios a los partidos del régimen —y, por ende, a “politización del Poder Judicial”— no es nueva y, a través de ellos, el papel del crimen organizado se ha dado tras bambalinas por tratarse de sectores de capitalistas ilegales que tienen activos y propiedades.

La Reforma Judicial aprobada por el bloque de la 4T pretende fortalecer aún más al Estado capitalista mexicano, lo cual se traducirá en un monopolio cada vez más fuerte ante quienes nos oponemos por izquierda al régimen. No obstante, la estructura del Estado como ente que garantiza los intereses de los capitalistas se mantiene intacto.

¿Por qué entonces despierta tanta oposición entre sectores ligados, por ejemplo, al Partido Demócrata y los países imperialistas? Porque ellos temen que una reconfiguración del Poder Judicial limite —aunque sea parcialmente— la continuidad del saqueo de nuestros recursos y la obtención de ganancias por la explotación de los trabajadores de México, con condiciones laborales muy precarias.

Por estos motivos, los socialistas del MTS sostenemos la necesidad de la independencia política de los trabajadores, mujeres, jóvenes y pueblos originarios de los partidos del congreso al servicio de los empresarios y trasnacionales.