En los últimos días se dio a conocer que el Congreso del estado de Hidalgo envió al Congreso de la Unión una propuesta de ley que reformaría la Ley Orgánica del IPN. Como respuesta, el jueves 9 de septiembre la comunidad se movilizó en rechazo a la iniciativa de ley; enfrentando un bloqueo de granaderos y policías de la CDMX.
Viernes 10 de septiembre de 2021
En redes sociales la comunidad del politécnico ha expresado su desacuerdo con la iniciativa presentada sin ningún tipo de consulta a la comunidad y que además de acentuar la estructura antidemocrática en el instituto, abre la puerta para atacar las condiciones laborales de las y los trabajadores.
La noticia despertó una serie de debates acerca de las implicaciones de una modificación en la Ley Orgánica del IPN. Te presentamos algunas claves para entender en qué se enmarca esta propuesta de reforma y las consecuencias al Interior del Instituto.
La Ley Orgánica del IPN se creó en 1949 después de un amplio movimiento estudiantil que luchaba por la consolidación del proyecto nacional que representaba IPN. Las principales demandas de este movimiento buscaban la legitimidad de los títulos expedidos por la Institución y el establecimiento de una Ley Orgánica propia.
La Ley Orgánica que resultó de aquel proceso integró aspectos progresivos como la gratuidad de la educación que se imparte el IPN o la obligación para el politécnico de garantizar el ingreso a trabajadores y estudiantes de escasos recursos.
La esencia de estas formulaciones ha sido atacada desde entonces. A veces atacando abiertamente la educación pública y gratuita y reduciendo la matrícula, otras, velada, atacando el carácter crítico, científico y tecnológico de la educación que se imparte en el IPN
“Desconcentrado” o “Descentralizado”
Hoy, el cambio de redacción en el artículo 2 de la Ley Orgánica establece un cambio en la personalidad jurídica del IPN, que pasaría de ser un “órgano desconcentrado” a un “organismo descentralizado” de la Secretaría de Educación Pública.
Entre las principales consecuencias de lo que esto significa, se encuentra un cambio en la situación laboral de los trabajadores del politécnico que pasarían a formar parte del apartado “A” del Artículo 123 Constitucional. Este cambio de apartado, del que forman parte los trabajadores de organismos descentralizados, arriesga las conquistas sindicales logradas durante años por los trabajadores del instituto.
La nueva Junta Académica
Otra de las modificaciones importantes tiene que ver con la creación de un nuevo órgano de gobierno nombrado “Junta Académica”. Este organismo tendría una atribuciones que antes no existían. La Junta tendría la facultad de proponer una terna de candidatos para la elección de Director General; elección que en última instancia dependería del presidente de la República como sucede en la actualidad.
El nuevo organismo, cuya composición estará marcada por restricciones de edad y grado académico, aparece sin mucha claridad respecto al peso relativo o específico que tendrá en la vida interior del instituto, en apariencia disputa espacios de poder y toma de decisiones con el Consejo General Consultivo (CGC) y la actual estructura de gobierno. El CGC tendrá como nueva atribución acordar el mecanismo de elección del Secretario General y los secretarios de las distintas áreas educativas.
Es evidente que tanto con la actual estructura de gobierno, como con la propuesta de reforma, son estructuras que mantienen la antidemocracia pues las decisiones las toman unos cuantos y a nosotros nunca nos consultan.
¿Opacidad en los recursos?
Dentro de las funciones actuales del Director General se encuentra: “Presentar oportunamente al Secretario de Educación Pública, para su aprobación, el anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la Institución”. En la nueva redacción este “anteproyecto del presupuesto” se entregaría al Consejo General Consultivo.
De este cambio han surgido varias hipótesis de lo que podría significar "mayor autonomía en la gestión presupuestal". Se dice que podría traducirse en mayor opacidad en el uso de los recursos del cual no participan los sectores que integran la comunidad universitaria para decidir en qué gastar el presupuesto asignado. Así mismo, se ha argumentado que podría ser la puerta de entrada al desvío de fondos o a cuotas obligatorias. Esto último no parece ser un peligro inmediato.
Más allá de la posible corrupción entre los altos funcionarios, está el andamiaje institucional que solapa salarios por arriba de los 150 mil pesos para funcionarios de la Dirección General, los lujos de las oficinas y el uso discrecional del presupuesto. Todo ello mientras los laboratorios nunca tienen equipamiento suficiente, mientras se precariza la labor docente con profesores sin base o que otorga aumentos salariales que no cubren la canasta básica para el personal de apoyo a la educación.
A la luz de la pandemia los recursos bien podrían destinarse a aumentar el monto y número de becas, a garantizar salarios dignos y una canasta tecnológica para que estudiantes y profesores tengan acceso a Internet y dispositivos tecnológicos para estudiar y trabajar.
Pero esto no vendrá de los altos funcionarios que no saben lo que vive la comunidad de carne y hueso, los que nos conectamos en dispositivos viejos o los que compartimos una misma laptop entre varios hermanos porque en casa no alcanza para comprar otra. Solo si la comunidad discute de manera democrática sobre cómo y en qué se gasta el presupuesto es posible orientar el gasto a las verdaderas necesidades de los estudiantes, docentes y trabajadores.
Lo anterior sólo sería posible si terminamos con la antidemocracia en el instituto. El Director General tendría que ser electo por voto directo de la comunidad, pero además, para garantizar que efectivamente se escucha nuestra voz, los consejos técnicos y el CGC tendría que tener capacidad resolutiva y un funcionamiento democrático, ser electos por voto directo y estar compuestos de manera tripartita y proporcional sin ninguna restricción para pertenecer a él, salvo el ser parte de la comunidad. Así mismo todo puesto directivo debería estar subordinado a lo que discutan y decidan los consejos.
Las autoridades dicen defender al IPN; ¿esto es verdad?
Desde que la propuesta de reforma se hizo pública, la Dirección General, el CGC y la sección 60 del SNTE, anunciaron su rechazo al intento de reforma. Dicen "defender" al Politécnico de toda intromisión y "exigen" respeto a la vida interna. ¿Pero son congruentes con esto?.
Recordemos que el intento de reforma proviene desde un sector del partido en el gobierno, el mismo que colocó al actual director general y que pese a sus promesas en campaña, no ha garantizado educación para todos y todas.
En el IPN tampoco se han garantizado becas suficientes ni respetado los derechos de las y los trabajadores, para muestra las recientes protestas del personal de apoyo a quien no le han respetado sus procesos de promoción y mejora salarial. Además preguntémonos quién nos consultó sobre el que sería el director de nuestro instituto.
Aunque ahora denuncian que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica no se consultó con la comunidad, la verdad es que ellos nunca consultan a la comunidad para nada. Claro que esto no es nuevo, cuando el PRI y el PAN eligieron a sus respectivos directores generales la antidemocracia también existía en el IPN. Recordemos el intento de imponer el reglamento interno en 2014. En aquel entonces estalló un potente movimiento contra la imposición del reglamento interno y de la reforma al plan de estudios de la ESIA Zacatenco.
Han pasado 7 años desde entonces y el IPN enfrenta nuevos ataques. En los acuerdos que se firmaron con el gobierno se apostó a que todo se resolvería en el Congreso Nacional Politécnico (CNP), pero ese día no parece cercano. En el camino los activistas que vivieron la huelga de 2014 y demás sectores organizados desarrollaron distintas posiciones: hubo quien depositó todas sus esperanzas en el CNP, otros creyeron que con el nuevo gobierno habría más apertura para democratizar el Politécnico, otros incluso pactaron con las administraciones de Enrique Fernández Fassnacht y Mario Alberto Rodríguez Casas.
Quiénes nos organizamos en la Agrupación Juvenil Anticapitalista desde un inicio defendimos que esta lucha podría triunfar sólo si nos organizamos de manera democrática e independiente a las autoridades, organizados en asambleas con mandato de base con libertad de tendencias donde se promueva el debate ideológico, con voceros revocables y rotativos sin ninguna confianza en el gobierno, en aquél momento del PRI pero incluso ahora con el Morena.
Esa perspectiva que defendimos entonces la defendemos ahora. Solo la movilización en las calles y la unidad de profesores, personal de apoyo y estudiantes podría arrancar un Congreso Nacional Politécnico que realmente estuviera en función de los intereses del grueso de la comunidad.
Pongamos al Politécnico al servicio del pueblo pobre y trabajador
Esta propuesta de reforma ha salido a la luz en un momento en el que al interior de las escuelas del IPN se ha expresado un descontento con la creciente precarización y los efectos del aislamiento y las clases en línea.
Durante la pandemia por COVID y la crisis económica se han profundizado las dificultades para continuar con los estudios de miles de jóvenes. Durante el ciclo escolar 2019-2020 abandonaron el bachillerato 6 mil 36 estudiantes, mientras en el nivel superior fueron 17 mil 757 casos, presentado un aumento preocupante en La cantidad de jóvenes que tienen que dejar sus estudios.Te puede interesar: Continúa la deserción escolar por la pandemia: el caso del IPN
A esta situación de deserción se suman problemas graves para la inscripción de materias para los jóvenes que deciden, o logran, continuar con sus estudios. Durante los últimos días se han realizado reuniones de emergencia en varias escuelas del IPN debido a la falta de cupos para la inscripción de materias. También se han manifestado problemas en los trámites de Servicio Social, Títulos y Dictámenes.
Como se ha señalado, esta propuesta de reforma que intenta imponer cierta "autonomía institucional" al Politécnico, no busca resolver los problemas de fondo que cruzan al IPN y su comunidad. Todo proyecto de reforma a las leyes orgánicas universitarias que atente contra derechos laborales de trabajadores universitarios, ya sea académicos o administrativos, es una ofensiva en contra de la educación pública. En ese sentido necesitamos combatir la actual estructura antidemocrática de toma de decisiones y pelear por un Politécnico al servicio de los sectores populares, del pueblo trabajador y en defensa de la educación pública y gratuita.
