La coyuntura actual entre transportistas concesionados y privados tiene raíz en las condiciones materiales que trajo el mal manejo de la pandemia. Es por ello que nuestras energías deben de estar enfocadas en exigir transporte público y gratuito tanto a la UNAM como al Estado.
Viernes 18 de marzo de 2022
Desde el pasado 7 de marzo se han presentado enfrentamientos entre trabajadores del transporte de sectores concesionados y privados en las inmediaciones de la FES Acatlán. Esto debido a la reanudación gradual de las clases presenciales en medio de un cambio forzoso del semáforo epidemiológico de amarillo a verde.
Este cambio ha respondido a una reactivación económica debido a la crisis de inflación que se vive así como a la recesión que trajo consigo de la cual el gobierno pretende recuperarse. Este contexto de problemáticas económicas, mal manejo de la pandemia, falta de protocolos para volver y que hay una sola ruta para ir de toreo a Acatlán ignorando a quienes vienen de lejos son situaciones que crean el ambiente propicio para que estas problemáticas se desarrollen.
Frente a estas condiciones materiales compañeros y compañeras han optado por viajar en transporte privado exclusivo para estudiantes, pagados por ellos para poder viajar seguros desde lugares como Atizapán, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlán, Tepotzotlán, Tultepec, Ecatepec hasta la FES Acatlán. Puesto que hoy el acceso a la educación es limitado, acompañado de los procesos de gentrificación y encarecimiento de la vida, hay que hacer estos viajes tan largos para poder acceder a una educación de calidad.
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Esta es la razón por la que el resto de los estudiantes gastan en promedio $100 para transportarse aunque desde luego hay quienes gastan más. Este factor funciona también como impedimento para que la juventud más precaria pueda estudiar.
Estas mismas condiciones afectan no sólo a los estudiantes sino que a las y los transportistas tanto privados como concesionados, pues influye de manera directa la manera en la que perciben sus ingresos para sobrevivir.
Es por esto que estudiantes junto con los transportistas se han organizado para solicitar a las autoridades de la UNAM que hagan algo al respecto. Frente a la negativa que las mismas dan, pues alegan que “está fuera de su jurisdicción”, se tomó la decisión de llevar la problemática al gobierno del estado, pero de estas se ha recibido la misma respuesta.
No es algo nuevo que las autoridades no respondan ante las preocupaciones del estudiantado. Recordemos que en el proceso donde se denunciaba que “La UNAM No Paga”, despidieron a 14 profesores mientras que hasta la fecha las demandas siguen sin resolverse.
¿Cómo resolver entonces el problema de raíz?
Optar por una salida punitiva como más policía no sólo no resolverá el problema de raíz sino que profundizará la violencia, la inseguridad y la criminalización de la juventud agravando la situación puesto que el problema no son los transportistas, sino las condiciones materiales que generan estas problemáticas.
La propuesta de que el transporte privado estacione al interior de la FES, podría evitar algunas confrontaciones, pero no termina de resolver el problema de fondo, pues por un lado no todos los estudiantes pueden acceder a este tipo de transporte y el costeo del mismo seguirá recayendo sobre los bolsillos de los estudiantes, siendo que como ya explicamos, esta debería ser una responsabilidad de la universidad y el gobierno.
El papel que juegan las autoridades en el conflicto
Hay que mencionar que es falso que la universidad no tenga jurisdicción sobre la problemática. Al contrario, su papel es protagónico ya que si el presupuesto de la universidad se destinara a garantizar un transporte seguro y gratuito a manera de pumabus que viaje de la FES a estaciones cercanas del metro y a puntos estratégicos de la ciudad y la periferia para las y los estudiantes, invirtiendo en unidades de transporte y contratando a personal con plenos derechos laborales, salario digno y sindicalización, se resolvería gran parte del problema.
Ya que hoy por hoy el presupuesto se desvía en supuestos ceniceros de $10,000 y en los altos salarios del director y funcionarios que ganan arriba de $60,000 al mes mientras el resto de la comunidad tiene que ver de dónde saca para moverse a la escuela. Esta situación de desigualdad salarial la viven también los funcionarios del EDOMEX.
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De la misma manera el gobierno del Estado de México, al no reconocer a todos los transportistas como trabajadores, recluyéndolos al ámbito del trabajo informal, perpetúa y desarrolla este ambiente y las problemáticas que se derivan de este.
Si a estos transportistas también se les contratara con plenos derechos laborales, salario digno y se les sindicalizara, no sólo se frenaría el conflicto sino que habría oportunidad de moverse de manera gratutita desde distintos lugares del mismo estado. También la comunidad estudiantil-docente-trabajadora debemos ser quienes decidamos en espacios de organización amplios y de manera democrática las rutas que deben tomar estas unidades que con el presupuesto se adquieran.
La negativa de las autoridades universitarias y del gobierno responden a que estas personas no viven la realidad que nosotras y nosotros vivimos la violencia en la facultad, de camino a ella y alrededores. Es por eso que como estudiantes debemos exigir transporte seguro y gratuito, poniendo el presupuesto, no en manos de aquellos que no comprenden nuestra realidad sino en quienes día a día encaramos la crisis de la pandemia: estudiantes, profesores, trabajadores y transportistas tanto los privados como concesionados.
Es por eso que a los que nos debemos apostar a la organización, a la movilización del estudiantado, del sector trabajador y docentes de la universidad en unidad con los transportistas tanto públicos como concesionados para arrebatar estas demandas a la antidemocrática burocracia de la UNAM, del gobierno del EDOMEX que responden a los intereses de aquellos que poseen la grandes riquezas y para quienes se pretende reactivar la economía.
Luchar por transporte público, seguro y gratuito es luchar por la defensa de la educación pública y gratuita.