Editorial. Cobro a la salud pública de Jujuy: el desfinanciamiento y el negocio privado como antesala

Lejos de ser una medida solidaria para fortalecer el sistema público de salud como afirmó el ministro de salud antiderechos, Gustavo Bouhid, junto a diputados oficialistas, la Ley 6453 que crea el SEPROSA - Seguro Provincial de Salud, obliga a trabajadores precarizados y sus familias que no cuenten con obra social a pagar por un derecho gratuito y universal que tendría que garantizar el Estado para todas las personas sin distinción de raza, religión, ideología política, condiciones económica o social.

Recordemos que el derecho a la salud en Argentina está garantizado en la Constitución provincial y nacional. En está última, adhiriendo a pactos y tratados internacionales. Tomando los mismos, la salud es un derecho colectivo, público y social, de hecho la Organización Mundial de la Salud - OMS establece que el derecho universal a la salud es un derecho humano y que los Estados tienen que adoptar un enfoque para garantizar.

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La medida aprobada en la Legislatura va en sentido contrario. Expresa un cambio profundo, inconstitucional e ilegal, de cómo se concibe a la salud, de ser derecho universal a ser una mercancía. Según esta última concepción, un servicio que ofrece el Estado al igual que el sistema privado, que se accede mediante el pago, como ya lo proponía el Banco Mundial en los años 90´, el Plan Federal de Salud en el 2004, y la misma Cobertura Universal de la Salud - CUS del macrismo.

En Jujuy, es el Plan Estratégico de Salud, creado en el gobierno de Gerardo Morales (UCR) y aprobado por el bipartidismo en el 2018, que funciona como laboratorio de la privatización y arancelamiento del sistema público. Es así que antes de llegar a la medida votada recientemente, se avanzó en el cobro racista a hermanas y hermanos extranjeros, como también la ley que promueve la iniciativa privada en el sistema público de salud, además de la descentralización del sistema sanitario, entre otras medidas.

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No hay plata para salud, pero si hay superávit

La ley que cobra a más del 50% de la población que no tiene obra social, que seguramente engrosa el 55,7% de los pobres de la provincia, es justificada para “suplir” recortes nacionales del gobierno de Miliei, en materia de salud que existen y lo venimos denunciando, que la UCR avala.

En la provincia, según el Censo de población de hogares y viviendas del 2022, la población más afectada no casualmente son de departamentos donde prevalecen comunidades indígenas y familias, que producen para el autosustento o tienen trabajos precarios. Yavi, Cochinoca, Tilcara, Humahuaca, Santa Catalina, Santa Bárbara, de los departamentos con mayor porcentaje de personas sin obra social, prepara ni plan estatal.

Lo llamativo es que mientras acuden a cobrar a precarios y precarias, que si no tienen obra social o prepaga, es porque no pueden o no les garantizan sus patrones, la provincia hace alarde del superávit de más de 7 mil millones de pesos, y que podría ser mucho más si pagarían los grandes empresarios, exentos y con beneficios de pago impositivos, de más de 35 mil millones de pesos, que el mismo bipartidismo avaló con el presupuesto 2025 de Jujuy aprobado el mismo día que se vota la ley antiderechos.

No es de ahora, año tras año, la izquierda ha denunciado los presupuestos de ajuste que afectan la salud pública, un caldo necesario, para sembrar la idea de que si es gratuito, es en las condiciones que conocemos, con hospitales venimos abajo, sin turnos, sin ambulancias necesarias, con profesionales y trabajadores con salarios de pobreza. Una política deliberada mientras a la par se promueve el negocio privado de la salud.

De hecho, en Jujuy, llegamos al extremo donde los mismos funcionarios y políticos son los empresarios de la salud beneficiados, como el ministro Gustavo Bouhid, en el negocio de la radiología, el presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, dueño de la clínica Fátima, o el diputado de la LLA, Manuel Quintar, dueño de la Clínica Los Lapachos, que por un lado acomodó a un conocido de su clínica en el PAMI provincial, pero además justificó que no le reconozcan medicamentos gratuitos a las y los jubilados.

El Plan Estratégico de Salud, y esta ley votada, deja en evidencia que mientras se desfinancia el sistema de público de salud con ajuste presupuestario de la provincia y desde Nación, se pretende profundizar el negocio de la salud privada, donde según tu condición social y económica podrás acceder a distintos servicios de salud de distinta calidad, donde el que pierde, es el que menos tiene. El negocio es redondo para el sector privado, que empieza a ser parte de las licitaciones de servicios públicos, podrá atender a quienes tenga el SEPROSA y, además con la obra social provincial de miles de estatales con el Instituto del Seguro de Jujuy - ISJ.

“Pobrecitos”

Con el Seguro Provincial de Salud - SEPROSA, las personas sin obra social tendrán que pagar 50 mil pesos por mes -a valores de hoy- por cada integrante del grupo familiar, una brutalidad para quienes no llegan a cubrir los tarifazos de luz o el transporte y además un ataque de dimensiones históricas. Por eso, el malestar que genera en las personas, a medida que se van enterando, por medios de comunicación o redes sociales, a los que se suma, los videos de las intervenciones de diputados como Ruben Rivarola (PJ), Santiago Jubert (UCR), Cintia Alvarado (Frente Cambia Jujuy), cuando se aprueba la Ley, donde deja en evidencia el desprecio hacia las y los pobres.

“Pobrecitos, pobrecitos...” mencionaron algunos a modo de burla, para asimilar el pago del seguro a unas cuantas gaseosas, o hacerlos responsables del sistema público venido abajo, o peor aún, poner en duda su condición de pobre, poniendo ejemplos de que los feriantes que venden papas tienen camionetas 4x4, y si no pagan es porque no quieren…

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El Gobierno de Carlos Sadir con el apoyo del bipartidismo en la Legislatura apuestan a hacer punta en sintonía con el gobierno ultraderechista de Milei contra una conquista que la Argentina es referencia a nivel mundial como sucede también con la educación pública y gratuita. Por eso es indispensable romper el cerco que intentan instalar en la provincia para que avance esta ley reaccionaria.

El avance del arancelamiento en Jujuy no podemos permitirlo porque abre la puerta a que sea un ejemplo para extenderlo a nivel nacional. Así como fueron con las y los extranjeros, ahora contra las y los precarios, pero sobre todo, van por un derecho que nos amparan a todas y todos más allá que lo usemos o no. Eso es lo que se pone en juego.

Necesitamos impulsar una gran campaña provincial y nacional por el rechazo a la Ley que se exprese desde sindicatos de la salud, estatales y que sea tomado por la CGT y la CTA, para definir un plan de lucha a la altura del ataque. Hasta el momento ni las centrales sindicales ni los principales gremios del sector han reunido a las bases en asambleas, mucho menos presentar un plan de lucha al respecto. El gobierno a través del ministro de Salud dijo en los medios que la reglamentación de la Ley la harían entre marzo o abril. Hay tiempo de organizar desde abajo la resistencia para frenarlos.

La pelea es ahí en las calles, no se puede esperar que Sadir la vete, dado que es una Ley de su propio partido y es el responsable del desfinanciamiento presupuestario de la salud durante los últimos años como ministro de Hacienda de Morales. Por el contrario, sabemos que Jujuy también es laboratorio de la resistencia que puede dar pelea y que sea en las calles donde tiremos abajo la ley y se anule.

También para luchar por presupuesto para que la salud pública sea de calidad y gratuita en base al cobro de impuestos a las grandes fortunas como las mineras y sectores del agronegocio que no pagan o pagan muy pocos impuestos en Jujuy. Desde la izquierda proponemos un sistema único de salud en todo el país, que sea controlado por trabajadores, pacientes y la comunidad que sabe qué sistema se necesita y cómo funciona, retomando los aportes y desarrollo en materia de atención primaria de la salud, poniendo por delante la prevención, y sobre todo la salud como derecho.

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