El Ayuntamiento de ‘Barcelona en Comú’ presentó la semana pasada un nuevo código de actuación frente al conflicto abierto contra los vendedores ambulantes. La Guàrdia Urbana seguirá con su persecución hacia los “manteros” de una forma más sutil.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 22 de octubre de 2015
Foto: EFE
La teniente de alcalde y regidora de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, presentó ante los demás grupos políticos de la oposición un plan especial para abordar el conflicto abierto que mantienen desde este verano contra los vendedores del “top manta”.
Desde BeC, según Ortiz el plan elaborado para solucionar el conflicto debe estar centrado en una mayor intervención social y laboral por una parte, mientras por la otra pretende reforzar la seguridad mediante un nuevo protocolo de actuación de la Guàrdia Urbana, el código Victor Alfa, con el que se pretende incrementar la presencia y vigilancia en las zonas donde el colectivo de vendedores ambulantes tenga más presencia.
Según consta en el texto presentado a la oposición, el Ayuntamiento dice que buscará a través de una mesa de dialogo entre el colectivo de “manteros” y las diferentes áreas del consistorio como Derechos sociales, Ocupación, Comercio, Economía Cooperativa y Seguridad, una salida que garantice los derechos básicos de las personas que por necesidades de subsistencia se dedican a la venta ambulante.
Algunos de los objetivos que se ponen sobre la mesa son la inclusión social de este colectivo y el asesoramiento para regularizar la situación de los “manteros”. Y en el plano laboral se los pretende integrar en un plan de formación ocupacional, además de la reconversión en vendedres ambulantes legales y la integración en el circuito de mercados ambulantes ya existentes.
No obstante, a pesar de todas estas medidas de carácter social que aún son sólo papel, el plan de BeC también incluye un nuevo protocolo de vigilancia sobre el colectivo de venta ambulante. El código de conducta Victor Alfa permite a la Guàrdia Urbana seguir intensificando la persecución, ahora más regularizada, hacia los trabajadores de venta ambulante, como sus propias iniciales indican, VA.
El protocolo indica que en las zonas donde haya más afluencia de “top manta” tiene que haber presencia de un cabo y una dotación de ocho agentes de la Guàrdia Urbana, cuatro de ellos de paisano, además de otra unidad antidisturbios próxima.
Como ya se ha puesto de manifiesto estos últimos días, la presencia de agentes en las zonas de mayor afluencia de venta ambulante es de caracter disuasorio y de intimidación. Sin embargo, esto no impide que las dotaciones puedan intervenir el género de venta, es decir requisar el sustento de vida de los “manteros”.
Por otra parte, la intevención policial directa no está excluida del código Victor Alfa, pues en caso de cualquier conducta violenta, siempre desde la lectura de las dotaciones policiales, se podrá intervenir con anti-disturbios, e incluso pedir apoyo de las unidades de los Mossos d’Esquadra.
El código Victor Alfa está elaborado bajo el discurso de garantizar el uso del espacio público y la convivencia. Pero ¿De qué forma se puede garantizar esto? El cuerpo de la de Guàrdia Urbana sigue siendo hoy el mismo que hace un més perseguía y reprimía a los vendedores ambulantes por orden directa de BeC. Y sigue siendo el mismo que estuvo implicado en el caso 4F, uno de los mayores casos de represión policial descubiertos en la ciudad de Barcelona.
Así mismo, cabe preguntarle a ‘Barcelona en Comú’ quien garantiza los derechos y la integridad física de los vendedores ambulantes de la presencia de la Guàrdia Urbana durante largas jornadas mientras las mesas de diálogo no lleguen a su finalidad.
De esta forma queda demostrada la imposibilidad de BeC de transformar el cuerpo de la Guàrdia Urbana, en especial la USP -antidisturbios-, en un cuerpo policial de proximidad y de asistencia al ciudadano. En ese mismo sentido se dirigien las declaraciones del Comisionado de Seguridad Amadeu Recasens, señalando que disolver totalmente los antidisturbios de la policía municipal de Barcelona no será una tarea facil. Es más, Recasens se ha mostrado abierto a reformular la USP -Unitat de Suport Policial-, dejando así en papel mojado una de las principales medidas que proponía ‘Barcelona en Comú’ en su programa electoral, como es la disolución de uno de los unidades policiales con más casos de represión a sus espaldas.
La política del Ayuntamiento de BeC es hoy la del “sentit comú”, anteponiendo los intereses del “lobby” turístico y de la Guàrdia Urbana a las necesidades de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad como son los inmigrantes y los vendedores ambulantes.
