Barcelona en Comú confirma que el Servicio de Atención Domiciliaria no podrá ser remunicipalizado. La alternativa del equipo de Ada Colau pasa por seguir adjudicando las concesiones a las grandes empresas constructoras.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 15 de junio de 2017
El incumplimiento del “compromiso de las escaleras” con los trabajadores de la marea azul de Movistar nada más ganar las elecciones municipales; acabar con los sueldazos de los directivos de TMB o poner fin a la pobreza energética y el drama de los desahucios en una ciudad donde se siguen produciendo siete al día, son solo algunas de las promesas incumplidas por el equipo de Ada Colau y Barcelona en Comú desde que llegaron al Ayuntamiento hace ahora poco más de dos años.
Pero hay más. Y es que esta semana la teniente de alcalde de derechos sociales de Barcelona en Comú, Laia Ortiz, revelaba como imposible la remunicipalización del Servicio de Asistencia Domiciliaria. Otra promesa electoral truncada que afectará, en este caso, a miles de trabajadoras y trabajadores.
La atención domiciliaria a las personas con dependencia es, sin duda, uno de los servicios más esenciales en una sociedad envejecida demográficamente como puede ser la Barcelona actual. Sin embargo, este servicio pasa también por ser uno de los más precarizados. Jornadas reducidas en las que con suerte llegas a las 26 horas semanales y salarios bajos, la mayoría entre 400 y 500 euros por mes. En un sector en el que la gran mayoría son mujeres y con un gran porcentajes de trabajadoras inmigrantes, muchas se ven obligadas a compaginar dos empleos para poder sacar a las familias adelante.
Todo ello, sin contar el esfuerzo físico que implica su trabajo, uno de los aspectos en los que más se refleja la precariedad laboral de este sector. Lesiones laborales no reconocidas o bajas médicas en las que la mutua no se hace responsable. Las consecuencias: soportar dolor crónico de por vida. Se contabiliza que unas 3.200 personas forman parte del servicio público de asistencia domiciliaria. Unas 3.200 personas en situación de ultra precariedad laboral.
Pese a todo, Ortiz afirmaba este martes en la conferencia ’El poder dels drets socials’ -El poder de los derechos sociales- que la remunicialización de este servicio “es muy difícil con el marco legal actual” y admitía que no será posible llevarlo a cabo. El problema, según el propio equipo de gobierno es que con la remunicipalización de ese servicio se alteraría el cupo por ley del número de funcionarios.
Por otra parte, la teniente de alcalde confirmó que como alternativa a la remunicipalización estaban actualmente trabajando en dos vías: “La creación de un instrumento mixto público cooperativo, en el que las trabajadoras puedan participar en grupos de autogestión” y la mejora de los contratos con las empresas adjudicatarias.
La segunda opción es por la que se viene optando y es más de lo mismo, tal y como hizo la propia alcaldesa cuando hace más de un año renovó la concesión de un servicio tan básico como el de cuidados sociosanitarios a una empresa como CLECE, cuyo propietario es, ni más ni menos que, Florentino Pérez. Otras que se siguen beneficiando con el consentimiento de Barcelona en Comú son Valoriza (Sacyr) o Suara.
Como se ponía de manifiesto en esta entrevista de hace unos meses desde la APADC (Associació Plataforma d’Atenció Domiciliaria de Catalunya), “las empresas están incumpliendo el convenio y los pliegos de condiciones y hasta el estatuto de los trabajadores”. Y denunciaban, además, que Barcelona en Comú no ha sancionado en ningún momento estas prácticas. Señalando también que desde el Ayuntamiento se limitan a “crear grupos de trabajo para estudiar la precariedad del sector y dar servicios de calidad, pero no sabemos hasta que punto lo están trabajando, porque no vemos los resultados”.
Y es que como decíamos, el “ayuntamiento del cambio” de Barcelona en Comú, con Ada Colau a la cabeza, se ha vuelto a posicionar a favor de los intereses de los grandes empresarios, a la vez propietarios de los grandes contratos públicos, que se lucran con la gestión de los servicios municipales más esenciales. Mientras, por otro lado, da la espalda a los trabajadores sin atender sus reivindicaciones y sin apoyar su lucha contra la precariedad y los incumplimientos de los pliegos contractuales.
A dos años de la llegada de los “ayuntamientos del cambio” nada parece haber cambiado. La política hoy viene siendo la de adaptarse a los poderes fácticos de las ciudades donde gobiernan, en lugar de enfrentar a esta democracia para ricos.
La remunicipalización es esencial para mejorar la calidad de los servicios públicos, hoy en manos de grandes empresas privadas. Para ello, la única forma de conseguirlo es mediante la movilización social en las calles. Levantando un movimiento entre todos los sectores de servicios que luche por imponer está demanda, sin ningún despido y bajo gestión de los propios trabajadores. Solo así, con medidas de este tipo, se podrá empezar a poner los cimientos para la recuperación de todo el sector público y para atacar consecuentemente el grave problema de la precariedad laboral y el desempleo.
