Ada Colau ha oficializado estos días su mandato como alcaldesa de las élites y los grandes empresarios tras el pacto para cogobernar conjuntamente con el PSC. Los comunes dan un paso más en su integración en el Régimen del 78.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 11 de julio de 2019
En una comparecencia conjunta, BComú y PSC presentaban este miércoles el acuerdo para la formación del gobierno municipal de Barcelona, en el que Ada Colau repetirá nuevamente como alcaldesa, bajo el nombre de ’Acord d’Esquerres per al Govern’ (Acuerdos de Izquierda para el Gobierno). El nuevo equipo de gobierno queda repartido de forma paritaria entre las dos fuerzas políticas, lo que supone un regreso del PSC por la puerta grande.
El 15 de junio Colau era investida con los 8 votos del PSC y los 3 de Valls. Los primeros eran votos del partido del 155, que pide más de 10 años de cárcel para los presos políticos catalanes por medio de la Abogacía del Estado y, en clave “ciudad”, los padres de la “marca Barcelona”. Los segundos eran votos del que es conocido por ser el "campeón" en la expulsión de inmigrantes en Francia. Las bases de BComú validaban entonces que la que fuera hasta el momento la “alcaldesa del cambio” - aunque en cuatro años el balance es el del incremento de la pobreza, los alquileres y el riguroso pago de la deuda- sea ahora la “alcaldesa de las élites y el 155”.
La otra alternativa en pugna, la de Ernest Maragall de ERC como alcalde con el apoyo de BComú, no variaba mucho en la agenda de gobierno. ERC ha sido un socio recurrente del PSC en el Ayuntamiento en sus 30 años de gobierno, como lo sigue siendo de un buen número de municipios. Privatizaciones de servicios, pelotazos urbanísticos y gentrificación es también el legado de la centroizquierda catalanista allá donde ha gobernado.
Casi un mes después de la investidura, Colau y el líder del PSC, Jaume Collboni, se han puesto de acuerdo y han presentado lo que será el cartapacio para este nuevo mandato, que no han dudado en definir como “claramente progresista y de izquierdas”.
Sin embargo, poco o nada tiene de progresista cogobernar con los mismos que durante décadas impulsaron la Marca Barcelona desde el gobierno municipal, gestionando los intereses de los grandes empresarios y los lobbys de la ciudad, a la vez que se reprimía y perseguía a la juventud y a los inmigrantes sin papeles y demás sectores populares. De hecho las grandes tenencias de alcaldía pasarán a manos del PSC, incluyendo todas las del área económica.
El propio Collboni ostentará la primera tenencia con materias en empresa y ocupación, promoción económica y de la ciudad, turismo y relaciones institucionales. Sin duda, el mejor aval para el lobby turístico y los grandes eventos internacionales de la ciudad, como el Mobile World Congress, que no solo verán respetados sus intereses, sino que sus millonarios beneficios seguirán incrementándose a costa de redoblar la ultra precariedad laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes.
También Laia Bonet, del PSC, mantendrá a buen recaudo los negocios de la concertación público-privada en el conjunto del área metropolitana de Barcelona al asumir la coordinación territorial y metropolitana. Los más de 600 altos cargos de TMB que vienen cobrando pastizales de más de seis cifras podrán seguir respirando tranquilos.
Con este plantel en el área económica no puede sorprender que BComú haya dejado fuera del acuerdo promesas electorales como la remunicipalización del servicio de aguas, de recolección de residuos, la limitación del número de cruceros o la garantía de que la ampliación del tranvía no será a costa de su privatización.
Otra de las grandes competencias que ganará en peso es la de seguridad, que pasa a ser una tenencia de alcaldía propia y será asumida por el que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra en su paso por la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle. Lejos, muy lejos, queda el discurso de BComú de la disolución de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana de hace cuatro años. Por el camino queda la profundización de la represión del equipo de Colau hacia los vendedores ambulantes y las campañas de racismo institucional contra uno de los sectores más desprotegidos de la ciudad como son los manteros, y que sin duda volverá a incrementarse de la mano del PSC.
La juventud tampoco tendrá nada que celebrar con un cogobierno municipal que, sin duda, mantendrá la persecución de los espacios alternativos o autogestionados y favorecerá los locales de ocio con precios prohibitivos para la mayoría de los jóvenes, tal y como ha hecho históricamente el PSC, vetando así el derecho a la diversión. Ni que decir de los montajes policiales contra decenas de jóvenes que durante años han cuestionado el modelo capitalista de la ciudad.
En cuanto a las competencias que asumirá BComú, se encuentran la de urbanismo, infraestructuras y movilidad, asumida por Janet Sanz, segunda teniente de alcalde. Un área en la que destacará, como no puede ser de otra forma, el incremento de las tarifas de los billetes del transporte público, tal y como viene haciendo estos últimos cuatro años y como también hizo el propio PSC en innumerables ocasiones durante sus mandatos.
Una política que, sin duda, es uno de los principales factores de precariedad para los más jóvenes, pero que, a su vez, ha levantado también uno de los mayores movimientos populares en Barcelona durante estos últimos cuatro años como es la Plataforma Stop Pujades.
Por otra parte, Laura Pérez asumirá las competencias de feminismos y LGTBI, además de Servicios Sociales. Un área que aún teniendo a BComú al frente, se seguirá oponiendo, como en estos pasados cuatro años, a la remunicipalización de los servicios públicos y seguirá concediendo las licencias a grandes empresarios y propiciando su enriquecimiento a costa de pauperizar los servicios esenciales, tal y como hizo con Accent Social (Clece), propiedad de Florentino Pérez, para la externalización de los servicios de ayuda a domicilio.
Y es que desde su llegada al Ayuntamiento de la ciudad, BComú hizo más bien poco para diferenciarse de los anteriores gobiernos municipales del PSC y poner soluciones a algunas de las demandas sociales más sentidas, como la lucha contra los desahucios, el problema de la vivienda, planes de emergencia social o la remunicipalización de los servicios públicos, respetando así los intereses de los grandes capitalistas y enfrentándose a las huelgas de trabajadores como Movistar o TMB.
Sin embargo, ahora, con el pacto oficializado de BComú con el PSC, Ada Colau pasa a asumir abiertamente las políticas neo-liberales de los socialistas catalanes. Los Comunes delinean claramente la hoja de ruta del neorreformismo de integrarse en gobiernos autonómicos y municipales junto al PSOE y tratan así de allanar, también, las negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para la formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Sin embargo, al tratarse de Barcelona y hacerlo de la mano de los carceleros del 155, este pacto es un salto aún mayor en la integración en el Régimen del 78.
