La alcaldesa de Barcelona inaugura un monumento en honor a Salvador Puig Antich, militante revolucionario del MIL ejecutado por la Dictadura en marzo de 1974. Todo un abuso de la memoria de parte del nuevo reformismo.
Pere Ametller @pereametller
Viernes 1ro de abril de 2016
Foto: EFE
En el discurso que dio Ada Colau con motivo de la inauguración del monumento en memoria de Puig Antich en la plaza que lleva su nombre, se refirió a que “No sabemos que pensaría Salvador Puig Antich de este acto y de que estemos las instituciones”. Estas palabras se deben a la evidente contradicción de que las instituciones sean quienes pretendan homenajear a un revolucionario que ideológicamente se situaba muy lejos de los postulados de la izquierda institucional.
El propio Puig Antich definía a su grupo de la siguente manera: “agitación armada, relación directa no dependiente, antileninismo, antigrupusculismo, autodefensa, huelga insurreccional, violencia proletaria, antiautoritarismo, etc., conceptos que aunque insuficientemente explicados centran, cuando menos, nuestra pràctica política”.
Solo con esto ya resulta cuanto menos paradójico, que Ada Colau, la principal representante de un nuevo reformismo que defiende abiertamente la vía institucional y de “cambio” en acuerdo con lo viejo, se apunte a reivindicar la memoria de Puig Antich.
Puig Antich reivindicaba la “huelga insurrecional” mientras Colau proclamaba hace poco que la huelga de TMB era desproporcionada y trataba de boicotearla haciendo públicos los sueldos de los trabajadores a la vez que guarda silencio sobre los sueldos de los directivos.
Esta es la realidad, lo que hace Colau. Con su política de gestos en la que se enmarca este y otros discursos, lo que dice, la alcaldesa esconde tras el relato de libertad y justicia social una práctica que cada día se acerca más a los clásicos gobiernos del PSC que ha tenido la ciudad durante 30 años.
Resulta ofensivo que se reivindique la figura de Puig Antich por parte de quien se pone al otro lado de las luchas de los trabajadores contra la precariedad laboral. Como se suele decir “el mejor homenaje es seguir luchando” y Colau, y su equipo, desde el Ayuntamiento no solo se han posicionado en contra de las reivindicaciones de los trabajadores de TMB, sino que han traicionado a los huelguistas de Telefónica rompiendo el compromiso de las ecaleras al renovar el contrato del Ayuntamiento con Telefónica.
La campaña de persecución y represión de la Guàrdia Urbana hacia los “manteros”, orquestada bajo las ordenes de BeC, es otro capitulo del gobierno de Colau, una política que en nada se diferencia de los anteriores ayuntamientos de PSC o CiU.
Colau habla de las memorias en plural, reivindicando la memoria popular de las luchas y la resistencia. Pero esconde que la memoria popular es también aquella que no olvida que ICV-EUiA, los cuales forman parte de su coalición municipal, son quienes han gobernado Barcelona desde la Transición junto al PSC, degradando Barcelona a una ciudad escaparate que acomoda los barrios para el turismo y echa a sus vecinos de ellos. Los mismos culpables del caso del 4-F que se cobró la vida de Patricia Heras. Ni olvidamos que ICV-EUiA fue quien desde el Govern de la Generalitat reprimió a los estudiantes que se manifestaban contra la implantación del plan Bolonia. Esta es la auténtica memoria de las luchas populares de Barcelona que Ada Colau calla, posicionándose al otro lado de la trinchera.
Por otro lado, Colau habla de que los poderes fácticos no querían ver a BeC en el Ayuntamiento, lo cual seguramente es cierto. Pero obvia que ICV tiene una deuda enorme con La Caixa. Es un elemento cuanto menos tranquilizador para el poder el hecho que uno de los principales partidos de BeC, cuyos dirigentes ocupan responsabilidades tan importantes como al dirección de TMB, tengan estos lazos de dependencia económica con la principal entidad bancaria de Cataluña y representante de la oligarquia.
Esta reivindicación de Puig Antich recuerda demasiado a la que hacen todos los democratas de bien, que por otro lado, no dudan en reprimir y criminalizar toda lucha. Hace unos meses revelábamos que lo que parecia una medida antirepresiva escondia en realidad todo lo contrario. Jaume Asens, teniente alcalde de Barcelona en Comú, afirmaba que el Ayuntamiento confía en el Ministerio Fiscal para defender sus intereses en las causas abiertas contra distintos manifestantes. El mismo Ministerio Fiscal que sistemáticamente acusa a los huelguistas y manifestantes pidiendo enormes penas de prisión. También defendió tanto en la rueda de prensa, como en una posterior discusión por Twitter, que el ayuntamiento exigiera responsabilidades civiles a los manifestantes.
Esta es la posición de los que sin problemas reivindican a un militante de una agrupación armada que atracaba bancos, pero hoy exigen a los manifestantes los costes de contenedores quemados y confían en el aparato represor del Estado. Para ellos la lucha se ha detenido en el pasado. Esta muy bien reivindicar a los luchadores del pasado, pero los que hoy luchan por la defensa de sus derechos se encuentran con un “Ayuntamiento del cambio” cada vez más parecido a los gobiernos anteriores de la ciudad.
