Diversas organizaciones y activistas del Colectivo de apoyo a Doña Digna Rivera realizan una campaña de solidaridad para apelar la sentencia del Tribunal de Cartago donde se absolvió al asesino confeso del dirigente indígena Jerhy Rivera.
Lunes 16 de diciembre de 2024
En la petición establecen que "El Estado costarricense viene negándoles sus derechos y permitiendo continuamente las atrocidades que cometen los “ocupantes ilegales,” como los ya citados asesinatos. ¡Que un asesino confeso quede en libertad para regocijo de esos finqueros -jurídicamente ocupantes ilegales- es una verdadera afrenta al derecho y a la justicia para los pueblos!"
Y llaman a un "Cese a la impunidad del asesinato del indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera, del territorio térraba de Costa Rica. Invitamos a todas las personas, organizaciones o colectivos que deseen solidarizarse y suscribir la siguiente carta que será entregada el martes 17 de diciembre a dicho tribunal de apelación."
En un artículo de reciente publicación, desde La Izquierda Diario planteamos que: "Jehry Rivera fue un activista y líder indígena, brörán, que murió de dos balazos propinadas por Eduardo Varela, en el marco de una escalada de violencia hacia los extremos que se dio en el territorio indígena de Térraba, el 24 de febrero del 2020."
Además, "en 1977 la Ley Indígena le otorga propiedad de los territorios a las comunidades y los hace exclusivos “para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas”, que más tarde han sido llamados directamente territorios. Nada de esto detuvo el desarrollo capitalista y su ‘modernización’ del Pacífico Sur costarricense. Al día de hoy, según diversas fuentes, el territorio de Térraba está ocupado en mucho más del 50% de su extensión por no indígenas, pudiendo llegar al 80% u 85%.
La Ley parece distinguir dos propietarios no indígenas, unos de buena fe, para los cuales se indica su expropiación pagada o reubicación. Pero también establece en su artículo 5: “Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.”
Ahora bien, ningún Ejecutivo, ni Asamblea Legislativa o instancia judicial, han hecho absolutamente nada por sacar del territorio a los no indígenas, lo cual crea una situación clara de imposibilidad de acceso a derechos para las comunidades, derechos claramente consagrados en la Ley Indígena del 77."
Nos sumamos a la campaña e invitamos a todos nuestros lectores y lectoras a suscribir y compartir la petición que se encuentra en este link
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