Militarización. Colombia: Denuncian al gobierno de Duque por masacre de indígenas

Diversas organizaciones indígenas y de derechos humanos colombianas denunciaron al gobierno de Iván Duque, así como a quien actualmente desempeña el puesto de secretario de la Defensa, Guillermo Botero por la masacre en curso contra las comunidades indígenas y pueblos campesinos al registrarse mas de 15 asesinatos contra líderes y referentes sociales que en total dan un saldo de más de 100 casos registrados en lo que va del año.

Se trata de una situación de crisis en diversas regiones de Colombia, que ha ocasionado el desplazamiento de miles de habitantes de las regiones del norte. Es consecuencia de la continuidad de la estrategia de militarización y guerra impulsadas por el gobierno turno que poco se diferencian de sus antecesores.

Integrantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) junto a arzobispos de ciudades como Cali y Popayán realizaron en días recientes una “Caravana por la vida” con destino hacia Tacueyó, una comunidad indígena ubicada en el municipio de Toribío, justo en el departamento de Cauca.

La manifestación pacífica intenta mandar un mensaje de solidaridad y denuncia por lo ocurrido en las últimas semanas, aunque diversos sectores hablan de una estrategia constante que se extiende por todo el territorio colombiano.

Se ha tejido una gran colcha de retazos como un compromiso para arropar la vida, para cuidar de ella. Hoy se queda en Tacueyó para cubrir y proteger los colores de la esperanza. ¡Para la vida todo, para la guerra nada!, declaración de la ONIC.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció un supuesto plan social que pretende sanear esta situación en la región. Sin una cifra oficial o algún material más real se habló de aumento al presupuesto educativo, programas de emprendimiento y seguridad alimentaria.

Sin embargo, estas medidas no bloquearon un reforzamiento de la presencia militar en la zona, ya que el ministro de la Defensa anuncio el despliegue de 2,500 efectivos extra pertenecientes a la fuerza élite del ejército para el supuesto combate de unidades disidentes de la guerrilla disuelta FARC.

Los indígenas aglutinados en la ONIC se encuentran actualmente buscando vías internacionales de respaldo a su situación puesto que el discurso oficial es el de negar la crisis -más allá de reconocer los terribles sucesos de la última semana, algo ineludible por el impacto que tuvo en medios- no existen garantías de que este proceso se detenga.

Las instituciones del gobierno colombiano han negado la participación de grupos paramilitares en los hechos inclinándose por denunciar al narcotráfico como el responsable por los asesinatos e intentos de homicidios. Es bien sabido que en cualquiera de los dos casos ambas organizaciones armadas mantienen vínculos importantes con empresas y organismos oficiales como la policía y el ejército sin las cuales es imposible que operen.

No se puede esperar ninguna solución del mismo responsable de aplicar los actuales ajustes a jóvenes y trabajadores. La situación con las comunidades indígenas se suma a la larga lista de desacuerdos con la actual administración, el camino de la movilización y la organización es la única alternativa real para enfrentar esta calamidad.