El 21, mientras recibía al primer ministro chino Li Qekiang, el presidente Santos defendió como "acción legítima" un cruento operativo sorpresa contra un campamento del frente 29 de las FARC en Guapi, región del Cauca. El bombardeo conjunto de Ejército, Fuerza Aérea y Policía empleó modernos helicópteros de origen noarteamericano y poderoso armamento, dejando dejó 26 guerrilleros muertos.
Martes 26 de mayo de 2015
El Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP respondíó anunciando el fin de la tregua unilateral que mantenía desde diciembre al tiempo que reiteraba su voluntad de proseguir las conversaciones. Su comunicado del 22/05 dice: “Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación.
Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes, para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales”.
El 24, las Fuerzas Armadas lanzaron un nuevo ataque contra el Bloque Magdalena Medio, en Alto la Cruz municipio de Segovia, dejando siete guerrilleros muertos y uno capturado.
Después de que un frente las FARC retuviera y liberara al Gral. Alzate a fines del año pasado, la dirección guerrillera inició una tregua unilateral como medida para facilitar la continuidad del diálogo en La Habana y limar las tensiones de un proceso de negociaciones que se mantiene sin suspensión de hostilidades.
Desde entonces, la actividad de la guerrilla descendió a niveles mínimos. Según el CERAC (un centro de análisis del conflicto) que “tanto el nivel de víctimas, como el número de combates y acciones ofensivas de estos cinco meses, son los menores registrados desde 1984, comparando este mismo período en cada año, desde entonces”. El Espectador del 24/05 comenta que “De acuerdo con los promedios históricos, las muertes de la fuerza pública se han reducido en un 64%, los combates con las Farc se han reducido en un 55%, las muertes de civiles se han reducido en un 73% y las acciones ofensivas de las FARC se redujeron en un 85%.
Por su parte, Santos había decretado la suspensión de bombardeos. Para ambas partes era de interés un “desescalamiento” en los combates que facilitara las negociaciones y les ganara apoyo en la opinión pública ante las críticas del uribismo y sectores militares a los términos del diálogo.
Sin embargo, la presión militar sobre las zonas de actividad guerrillera se mantuvo y en algunas zonas, aumentó. El 14 de abril una columna de las FARC atacó un destacamento militar en el Cauca, matando a 11 uniformados e hiriendo a otros 20. Como respuesta, Santos ordenó la reanudación de los bombardeos y el Ejército preparó su venganza, ejecutada en los bombardeos de días pasados.
La acción no parece haber sido línea del comando guerrillero, sino respuesta inconsulta de mandos locales ante el avance militar. Se puede leer en El Espectador del 24/05 que “Es evidente que el cese había debilitado la autoridad de los comandantes sobre sus tropas. Mientras los negociadores de La Habana no enfrentan problemas de seguridad, los guerrilleros rasos en el monte tenían la orden de quedarse quietos mientras los operativos del Ejército seguían. El episodio del Cauca demostró que no todos estaban dispuestos a seguir las orientaciones del secretariado, si estas los ponían en condición de desventaja militar. Por esto existe un riesgo real de que haya resquebrajamientos internos en las FARC, que históricamente siempre ha sido una organización monolítica”.
Si bien la disposición de ambas partes es continuar las conversaciones, la situación evidencia dificultades mayores para avanzar ante lo que puede ser una encrucijada decisiva.
Es que más allá de los últimos enfrentamientos, el problema central es acercar posiciones en el tema de la justicia. Se dice en la revista La Semana (23/05), que “Todo lo anterior hace pensar que llegó el momento de darle un timonazo al proceso. Lo ideal sería una definición rápida del punto que ha tenido estancado el progreso en los últimos meses: la Justicia. Por tratarse de un tema tan espinoso, siempre se ha ido aplazando pero no puede ser eterno y hay que llegar a alguna fórmula aunque sea imperfecta. Si esto se logra, el otro punto pendiente, el del fin del conflicto, fluiría”. El problema se condensa en los términos de una “justicia transicional” que garantice a los comandantes guerrilleros el no ser perseguidos y encarcelados si se arriba a un acuerdo de paz que permita su reinserción como fuerza política. Este podría ser el nudo de la cuestión a desatar en los próximos meses, o bien, el desencadenante de un nuevo impasse e incluso, el fracaso.
Para Santos es un problema crucial llevar a buen puerto las negociaciones, punto central de su programa de gobierno. Obtener el desarme guerrillero sería un gran triunfo político que le permitiría aparecer como el pacificador de Colombia tras más de medio siglo de guerra interna, y con ello, lavar la cara del Estado colombiano y legitimar los avances que la burguesía y los terratenientes lograron en las últimas décadas, al amparo de la ofensiva neoliberal y el desplazamiento de millones de campesinos.
Colombia ha firmado un TLC con Estados Unidos, del cual es uno de los más estrechos aliados en América Latina. Ahora negocia un tratado también con China, posicionándose como bastión regional del orden y la reacción. El proceso de paz, cuya meta no es otra que la “rendición negociada” de la guerrilla, encubre estos objetivos estratégicos de la oligarquía colombiana y no es casual el apoyo que ha recibido del gobierno de Washington y la Unión Europea.
Sin embargo, tras más de dos años de reuniones en Cuba, hay un desgaste de las expectativas en el diálogo, crece el escepticismo en medios militares y la prédica del ex presidente Uribe, partidario de una mayor presión militar para arrodillar a las FARC, encuentra eco mediático. El propio gobierno de Santos, cuya popularidad cayó por debajo del 30%, enfrenta un complejo panorama de dificultades económicas y desgaste político. Para los jefes de la guerrilla, cuya estrategia política y militar ha fracasado poniéndolos en una encerrona de la que no imaginan otra salida política que un acuerdo, el tiempo trabaja en contra, pues arriesgan un mayor debilitamiento militar, político y moral en sus bases.
Todo ello pesa en las negociaciones. Pero si bien crea inestabilidad, las FARC y Santos necesitan avanzar. La mayor parte de la clase dominante y el imperialismo apoyan el proceso. Está por verse si las tensiones actuales prevalecen y llevan a un nuevo impasse, o se destraba el curso de las conversaciones.
Lo que no cabe esperar, es que de la mesa en La Habana surja una “paz” favorable a los intereses del pueblo colombiano. Por supuesto las FARC tienen derecho a negociar, en su propio nombre, pero no a afirmar que de esa negociación puede salir una paz favorable al pueblo colombiano. La pacificación que propone Santos no acabará con la violencia del régimen ni reparará sus crímenes.
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Eduardo Molina
Nació en Temperley en 1955. Militante del PTS e integrante de su Comisión Internacional, es columnista de la sección Internacional de La Izquierda Diario.
