El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el lunes las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que se dio a conocer el presunto secuestro del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que opera en el departamento del Chocó. Junto con Alzate habrían sido capturados un suboficial y una abogada, mientras que un soldado que manejaba la embarcación huyó y avisó de lo ocurrido a las autoridades.
Miércoles 19 de noviembre de 2014
Fotografía: Flickr, Martin Schulz
Para el martes 18 estaba programado el viaje del equipo negociador por parte del gobierno colombiano a Cuba, donde desde hace dos años se desarrollan las negociaciones, pero el viaje fue suspendido “hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas”, dijo el mandatario al término de una reunión con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los altos mandos militares.
"Las FARC fueron las responsables de este secuestro, un secuestro totalmente inaceptable. Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas (...) y les exigimos que las liberen cuanto antes", precisó Santos.
Diversos elementos extraños fueron señalados sobre los hechos ocurridos en el caserío Las Mercedes, lugar de los hechos. Santos pidió a las Fuerzas Militares intensificar todas las operaciones necesarias para rescatar al general y a sus dos acompañantes, así como una investigación para establecer por qué viajó a la zona violando los protocolos de seguridad.
En un primer momento, una portavoz de las FARC dijo que estaban averiguando cómo fueron los hechos ocurridos y evitó pronunciarse por el momento sobre la decisión de Santos. "Es muy difícil hablar desde acá, y saber qué pasó realmente en Colombia. Entonces hay que esperar un poco y tener paciencia", dijo por teléfono a Reuters. "Por el momento no vamos a decir nada", agregó.
Luego, un editorial del sitio Anncol titulado “Es el conflicto ¡Estúpido! consideró “sospechosa y poco clara” la entrega del general Rubén Darío Alzate a "un supuesto comando" guerrillero y afirmó que existe un boicot para acabar con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana.
Sin embargo, un comunicado del día lunes del Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC confirmó que el general Alzate se encuentra en su poder, no sin advertir su subordinación “a las decisiones que adopten instancias superiores de las FARC-EP”.
Desde la capital cubana en el día de ayer, los negociadores de las FARC admitieron que el secuestro del general Alzate es un "hecho extraordinario", aunque al mismo tiempo "normal" dentro de una guerra, llamando a reflexionar sobre la necesidad de un cese el fuego bilateral para que avance el proceso de paz.
Tras la confirmación, "Pablo Catatumbo" (alias de Jorge Torres Victoria) afirmó ante los medios en La Habana que "Esta delegación de paz tiene la disposición a contribuir a una pronta y sensata solución a este problema".
Esta interrupción de negociaciones ocurre en el marco de una fuerte disputa por la opinión pública sobre el desenlace de las negociaciones, que durante los últimos dos años han avanzado en tres importantes puntos de los seis puestos en discusión. Por un lado, el oficialismo, que cuenta con el visto bueno de la mayoría de la burguesía colombiana y del imperialismo -el propio Obama le dio su respaldo- y por otro lado algunos sectores de la derecha colombiana.
El principal detractor de las negociaciones de La Habana es Álvaro Uribe, ex presidente y actual senador, quien sostuvo una política más abiertamente militarista durante sus ocho años de gobierno, la que fue encabezada por el actual presidente Santos, en aquel entonces ministro de Defensa. El uribismo cuestiona, principalmente, lo que se refiere a las garantías de desarme la guerrilla y la política de “justicia transicional” sobre la que se pretende anclar el proceso.
El gobierno de Santos, por su parte, apuesta a los “diálogos de paz” como principal pilar de su estrategia de “lavado de cara” del régimen. Sin embargo, la presentación de las negociaciones como salida política al conflicto armado, que lleva más de medio siglo, oculta que la principal responsable de la violencia ha sido la sistemática represión estatal y paraestatal, con su secuela de más de 200 mil asesinados y desaparecidos y millones de campesinos desalojados de sus tierras.
Santos ha rechazado hasta ahora establecer un alto al fuego bilateral y se mantienen las operaciones militares sobre las áreas en que actúa la guerrilla, además de un fuerte control represivo en todo el país. Tampoco han cesado los asesinatos y amenazas de paramilitares y sicarios.
