En 2021 los policías Díaz Cáceres y Montes de Oca fueron condenados a perpetua por la muerte del niño de 12 años. Tras un escandaloso fallo de la Corte Suprema de Tucumán anulando ese juicio, este lunes comenzó el nuevo proceso. Defensa del gatillo fácil y la represión a ambos lados de la grieta.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Jueves 3 de agosto de 2023 13:27
Este lunes comenzó el juicio que la Corte Suprema mando hacer de nuevo, anulando la sentencia de cadena perpetua para los dos uniformados que mataron a Facundo Ferreira, de sólo 12 años de edad, de un tiro por la espalda en el año 2018 (doce fueron los disparos que realizaron los efectivos). La condena que lograron con su lucha los familiares, acompañados de organizaciones sociales y políticas, tuvo lugar en un fallo dividido. Precisamente de los jueces que señalaron su negativa a la condena encontraron los argumentos en el tecnicismo de que “no se habrían analizado correctamente las pruebas”, para -otra vez en Tucumán- fallar de forma escandalosa, anulando las condenas y ordenando un nuevo juicio.
No fue el único caso, apenas días antes también volvieron para atrás otra perpetua al agente Mauro Navarro. Este había sido condenado por el asesinato de Miguel Reyes Pérez, ocurrido en 2016. Ambos casos enmarcados en la conocida “doctrina Chocobar”, por otro policía que mató a un ladrón por la espalda en Buenos Aires. Patricia Bullrich, parte en ese entonces del gobierno de Macri defendió por todos los medios este caso de gatillo fácil. Del otro lado de la grieta, desde el gobierno del PJ tucumano -tanto Manzur como Jaldo- avalaron con el mismo criterio el asesinato de Facundito, demonizando a su familia y defendiendo el accionar policial, en boca de su ministro de Seguridad que salió a preguntarse qué hacía un chico de esa edad de noche por la calle.
Ahora la familia debe revivir todo ese dolor, volver a declarar y soportar las provocaciones de la defensa de los abogados de los policías. Una de las letradas manifestó sin pudor que su defendido cometió el delito “de tener sangre azul”, por ser la tercera generación de policías en su familia. Otro manifestó a la prensa que el homicidio “fue justificado” porque hubo un enfrentamiento. Es importante señalar que en el juicio anulado por la Corte que responde a Manzur y ahora a Jaldo, quedo claro que Facundo nunca manipuló un arma. La estrategia de la policía es ir por la absolución o en su defecto, una condena por exceso de legítima defensa. Esa noche manipularon la escena, uno de los policías había consumido drogas, plantaron un ingresó al hospital Padilla fraguando hasta el nombre y la edad del niño.
Tal como denunció la abuela de Facundo, hay un trasfondo político y recordó como responsable de que estuvieran la mayor parte del tiempo esperando el proceso en libertad. Montes de Oca sólo fue detenido tras robar una cartera en Lastenia. Cáceres, el de sangre azul, realizaba tareas de mantenimiento en los vehículos de la fuerza en la subjefatura de Policía; lo cual no impidió que participe de un linchamiento de un supuesto ladrón en Barrio El Bosque, durante la cuarentena. El responsable de la libertad de ambos fue el juezFacundo Maggio, abogado del mismísimo genocida Antonio Bussi, promovido en su cargo con la aprobación, otra vez, del PJ local. Familiares de Facundo denunciaron esto y también que los mismos comisarios son quienes van en persona a recibir dinero de los transas en los barrios “nunca se va terminar su corrupción” denunciaron este lunes. También la abuela de Facundo dio su testimonio sobre la persecución y hostigamiento que siguen recibiendo de la policía tucumana.
Sin grieta para la represión
En nuestra provincia son cada vez más los casos de gatillo fácil donde claramente se ve un patrón represivo desbocado de parte de la policía contra los jóvenes pobres, que luego son defendidos por el Gobierno. Incluso la semana pasada trascendió de otro caso de gatillo fácil donde la Justicia -amparada en tecnicismos- dejó libre al policía Fabián Ledesma: se trata de quién mató por la espalda en el Barrio Ciudadela al joven Raúl Robles, también por portación de rostro y aquí también el uniformado vació su cargador efectuando once disparos, dos de los cuales acabaron con la vida de Raúl, de apenas 16 años. Pericias determinaron que al joven le dispararon a una distancia de 50 centímetros; esto ocurrió en febrero de 2018, apenas un mes antes del asesinato de Facundo, lo cual deja al descubierto un verdadero modus operandi avalado por el poder político y judicial, ambos en manos del PJ provincial.
Hay que enmarcar esta ofensiva antiderechos y estigmatizante hacia la juventud en el pretendido “corrimiento a la derecha de la sociedad”, donde a ambos lados de la grieta compiten por ver quién tiene la mano más dura. Ejemplo de ello son los tres proyectos de bajar la edad de imputabilidad presentados por Bullrich, Larreta y también por el espacio que lidera el candidato de Unión por la Patria, el Frente Renovador de Sergio Massa. Todos partidos que están militando el ajuste para honrar la estafa del FMI, defienden un aparato represivo que viene acumulando decenas de aberrantes abusos. Ejemplo claro de ello es la terrible represión en Jujuy comandada por Morales, los casos espantosos que siguen ocurriendo en Tucumán y otras provincias como el pasado fin de semana en Santiago; donde la policía detuvo y amenazó con “hacer desaparecer” al camarógrafo de La Gaceta Franco Vera por documentar una salvaje represión en el ingreso a un partido de fútbol.
No estamos ante un sector podrido de la policía: es toda una institución represiva al servicio del estatus quo, defendidos por los grandes medios, los jueces y avalados por el personal político de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio; quienes saben que, como en Jujuy, el pueblo resistirá un ajuste salvaje que no pasa sin represión.