Fernando Atria, quien renuncia al PS en octubre de 2019 y fue recientemente escogido como constituyente por el distrito 10, acaba de renunciar a lo que por tantos meses criticó: el veto del quorum de 2/3. Según él ya no es necesario porque la derecha no obtuvo el tercio, sin embargo, ¿la regla de este supra quorum es democrática?
Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Sábado 22 de mayo de 2021
Militante PS hasta el estallido
El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile fue electo por el distrito 10 por un cupo de Revolución Democrática. Atria militó hasta 2019 en el Partido Socialista, un partido empresarial neoliberal responsable de la privatización de las autopistas, los puertos, recursos naturales y otros servicios de energía básica. Pese a defender el programa del movimiento estudiantil de 2011 de educación universal gratuita financiada por el Estado, permaneció en un partido que preservó y perfeccionó la educación de mercado.
Su tesis era conspirar desde dentro. Hasta que el estallido lo obligó a buscar su camino propio. Desde ahí su discurso se basó en criticar el pacto del 15 de noviembre de 2019 y sus trampas. Sin embargo tras las elecciones de 15 y 16 de mayo de 2021, Atria acaba de mostrar su moderación propia de la tradición de un partido del orden como el PS.
En una entrevista defendió abiertamente mantener la regla constitucional de 2/3 para el quorum de contenidos cruciales de la futura Constitución.
"La regla de 2/3 fue una exigencia de la derecha para asegurarse un veto unilateral al contenido de la nueva Constitución. Se justificaba con la retórica de los grandes acuerdos, pero en la política de los últimos 30 años cuando la derecha habla de los grandes acuerdos (...), sin embargo, como la derecha no obtuvo 2/3, entonces esa regla opera ahora de modo distinto, ya no hay vetos unilaterales de nadie (...) va a ser una contribución a la discusión constituyente y no un riesgo de bloqueo"
¿Es cierto que no está presente el peligro del veto? La derecha por si sola no puede, pero los constituyentes de la DC, la ex Concertación, independientes no neutrales y otros pueden conseguir ese tercio necesario porque aún poseen afinidades ideológicas y de régimen. Lo demuestra indirectamente la imposibilidad de levar una carta presidencial común en la propia oposición. Es más, ya se preparan los partidos del régimen para hacer de la Convención otro palacio de acuerdos entre cuatro paredes.
Instancias de negociación reservadas
En junio el presidente Piñera tendrá que convocar a la primera sesión de la Convención. En su primera sesión debería escoger a su presidente y vicepresidente. Posterior a eso se debería acodar el reglamento de la Convención. Expertos adelantan que se debe imponer la posibilidad de negociaciones reservadas o secretas para "facilitar" los acuerdos.
Durante el debate constitucional, documentos como “Transparencia y Participación en el proceso constituyente, 4 claves para el debate” del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), escrito por los abogados Rodrigo Pérez de Arce y Catalina Tagle apuntaron a que “es razonable que el proceso cuente con elementos de confidencialidad en las discusiones de las comisiones y elementos de publicidad en las asambleas plenarias”.
Pérez y Tagle terminan por decir que dicho mecanismo es para evitar la presión social que se ejercerá sobre la Convención. Afirman que “ya hemos visto que hay llamados a rodear la Convención, podemos prever mucha presión sobre los convencionales, y eso va a ser un obstáculo para expresen su opinión libremente”.
Atria, que posó a izquierda, ahora favorece a que la Convención sea un instrumento para impedir la voluntad popular, pues los 2/3 siguen siendo un obstáculo considerando la composición de la misma Convención. Estas fuerzas de la moderación justamente desean aislar a los convencionales de la presión de las calles.
La Convención no puede funcionar si hay presos políticos en las cárceles
Lo que cree Atria es utópico. Que ya está pavimentado el camino a una Convención democrática, se ha embriagado por los resultados electorales y favorece a un proceso en paz con el consenso de los partidos del orden que tanto insistieron en el veto. Esta Convención si bien tiene una importante composición de independientes de izquierda, podría funcionar sobre el manto de la impunidad.
Decenas de jóvenes son presos políticos y están en las cárceles de Piñera, por eso no puede haber ningún acuerdo con el procedimiento de la Convención. No puede funcionar si un sector de los representados está criminalizado y brutalizado tras las rejas. Junto con rechazar el quorum de 2/3 hay que desarrollar la más amplia campaña por el indulto a los presos políticos de la revuelta por medio de una movilización nacional. Es necesario que los convencionales de la Lista del Pueblo y del PC/FA se pongan a disposición de este llamado movilizando esa fuerza en las calles.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
