También serán juzgados cuatro ex policías por secuestros y torturas. Uno de ellos es el acusado de asesinar a Emilio Ferezin, responsable de Montoneros en Santa Fe. Organizaciones de Derechos Humanos convocan a concentrarse en Tribunales Federales.
Jueves 2 de febrero de 2017
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe comienza hoy el juicio por secuestros y torturas a trece víctimas que estuvieron en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención “La Casita”, ubicado en las afueras de la Ciudad de Santa Fe.
En esta causa es acusado el ex juez federal Victor Brusa, condenado en el juicio donde dió testimonio Silvia Suppo, asesinada días antes de la lectura del fallo, crimen que aún continúa impune y por el cual su familia y organismos de derechos humanos siguen exigiendo verdad y justicia. También deben comparecer ante la justicia el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía Provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi. Todos los acusados se encuentran en este momento cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad.
Se trata de uno de los pocos juicios que tienen en el estrado a cómplices civiles de la dictadura militar. Victor Brusa era un funcionario judicial durante la dictadura y fue promovido a juez en democracia. A este “premio” se sumó la impunidad que gozó hasta hace pocos años. Como hemos denunciado anteriormente en La Izquierda Diario a casi 41 años del retorno a la democracia pocos fueron los jueces condenados por sus crímenes durante el terrorismo de estado a pesar del rol fundamental que jugaron durante esos años.
Uno de los crímenes que se investigarán en esta causa es el homicidio de Emilio Osvaldo Ferezin, responsable político de Montoneros en Santa Fe, por el cual está acusado Ramos Campagnolo. Jose Roberto Diab también fue acusado por este crimen pero falleció impune en 2015 mientras cumplía de forma privilegiada una condena en prisión domiciliaria. Ferezín estuvo en cautiverio en el centro clandestino de “La Casita” y murió producto de las torturas a las que fue sometido.
Este centro de tortura, como muchos otros, aún no fue localizado y se conoce de su existencia por las declaraciones de los testigos. Esta es otra razón por la cual es urgente la apertura de los archivos de la dictadura, algo que fue negado por todos los gobiernos. Esta es una medida básica para llegar a la verdad cuidando a los testigos, juzgar a todos los genocidas, encontrar a los nietos apropiados y saber el paradero de los compañeros desaparecidos.
Juicios con demoras, una política de reconciliación
Este juicio oral y público debía realizarse en septiembre del 2016 pero fue aplazado por definición de la justicia que dijo "tener complicaciones en la agenda". La realidad es que la mayoría de los juicios para investigar el terrorismo de Estado se encuentran seriamente retrasados lo cual da un indicio que más que un problema de agenda se trata de una política de enlentecer el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Este ralentizamiento de los juicios comenzó en la década pasada, con el gobierno kirchnerista que se decía de los derechos humanos, como lo demuestran año tras año los informes estadísticos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad. Hoy se quiere frenar los juicios y con ello mantener la impunidad.
En la provincia de Santa Fe es un problema alarmante. En la mayoría de los juicios que se llevaron adelante en los últimos años, así como los que están en curso, los acusados ya han sido condenados en otras causas. A su vez los últimos fallos generaron un enorme repudio por las condenas dictadas que sin dudas dejan un sabor a poco, como sucedió con la sentencia por Cambiaso y Pereyra donde dictaron 4 perpetuas y 6 absoluciones.
Quizás el caso más emblemático en la provincia sea la causa Acindar, donde la abusiva lentitud de la justicia para avanzar con la causa ya suma 41 años de impunidad. En este juicio se investiga la responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A durante la gesta obrera conocida como “El Villazo”. Aquí se encuentra implicada la patronal de Acindar que instaló un Centro Clandestino de Detención dentro de la fábrica. Martínez de Hoz era uno de los directivos de la empresa.
Estos comportamientos de la justicia cuentan con el aval de la política adoptada por el Gobierno Nacional. Las declaraciones de distintos funcionarios del gobierno como Gómez Centurión quien negó la existencia de un plan sistemático o el intento del presidente Mauricio Macri de mover el feriado del 24 de marzo son una muestra de que el objetivo es “dejar el pasado atrás” y avanzar en una reconciliación con las fuerzas armadas y los cómplices civiles que perpetraron el golpe. Mientras, avanzan en endurecer las medidas represivas ante las luchas de trabajadores como en AGR-Clarín o en políticas de mano dura como la baja de edad de imputabilidad. Este 24 de marzo se espera una multitudinaria marcha. La pelea por memoria, verdad y justicia y la defensa de los derechos humanos se encuentra a la orden del día.
