Al fin comienza la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Madrid con la oposición de los populares. La necesaria retirada de algunos vestigios de la dictadura se queda en lo simbólico y no ataca las bases franquistas del Régimen del 78.

Lucía Nistal @Lucia_Nistal
Martes 2 de febrero de 2016
Monumento a José Calvo Sotelo, en la plaza de Castilla. Foto: www.elmadriddefranco.wordpress.com
El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a retirar algunos de los monumentos franquistas de la capital. El pasado viernes 29 de febrero se eliminó la lápida conmemorativa del fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel Bajo y este lunes 1 de febrero se quitó la lápida al falangista José García Vara en la plaza de Felipe IV y el monolito en recuerdo del Alférez Provisional que se levantaba en el barrio de los Jerónimos, el cual tuvo que ser abandonado en el césped debido a la interposición de individuos que se sentaron encima del mismo y lo cubrieron con una bandera española.
Durante los próximos seis meses continuará la retirada de monumentos y el cambio de nombre de algunas calles dedicadas a figuras del franquismo, tal y como se decidió en el pleno municipal del 22 de diciembre con el voto en contra del Partido Popular que evita una vez más cualquier condena a la dictadura.
La aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en Madrid ha venido marcada por sucesivos conflictos entre el PSOE y Ahora Madrid a partir de la repentina retirada del apoyo de estos últimos a la primera propuesta del PSM, algo que no parece olvidar el Partido Socialista que ahora se queja de no haber sido avisado de la retirada del monolito.
Rencillas electoralistas aparte, la eliminación de estos vestigios franquistas de la capital es un gesto tan simbólico como necesario que debe ser llevado a cabo sin vacilar ante las manifestaciones aisladas de "nostálgicos" de la dictadura que traten de evitarlo.
Sin embargo, estas medidas se quedan en la superficie y no erradican las raíces de la Dictadura sobre las que se desarrolla el Régimen del 78 ni atacan la impunidad de los crímenes franquistas sobre la que se edifica la pactada "democracia" española.
Para acabar con la herencia franquista, para tratar de reparar lo irreparable urgen una serie de medidas que pasan por la desclasificación de los archivos de la dictadura, la condena explícita del Régimen de Franco, sacar a los muertos de las cunetas y permitir el entierro digno que sus familiares exigen, juzgar a los culpables de una enorme represión manchada de sangre y acabar con una monarquía designada como sucesora por el mismo Franco.
La continuidad del franquismo y la flagrante impunidad de sus verdugos duele especialmente en días como el pasado 1 de febrero, cuando se cumplieron 36 años del asesinato de Yolanda González, militante trotskista torturada y asesinada durante la "modélica" Transición por el fascista Emilio Hellín Moro, el cual no solo no ha sido juzgado, sino que ha trabajado "para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático”.
Estos casos evidencian las grietas del fallido discurso de la reconciliación que en realidad no han sido sino el olvido de los crímenes de la dictadura genocida de Francisco Franco y el continuismo con gran parte de sus pilares. Un discurso lamentablemente adoptado por Carmena en su elogio a la Transición, la cual legitima con su presencia en actos como el desfile del 12 de octubre, celebración anual del españolismo más rancio.

Lucía Nistal
Madrileña, nacida en 1989. Teórica literaria y comparatista, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid. Milita en Pan y Rosas y en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT).