Estado Español. Comienzan los recortes exigidos por Bruselas en el Estado español

Esta medida, sin embargo, es solo una parte de la reaccionaria agenda de recortes en políticas estructurales que se avecina y que será avalada por el “Gobierno más progresista de la historia”- la nueva contrarreforma laboral será otra-, como condicionalidad para recibir los 140 mil millones del fondo de recuperación anti-covid19 destinado al Estado español.

El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la parte socialista del Gobierno de coalición, tenían reservada una amarga sorpresa para su socio de coalición Unidas Podemos, respecto a la política de un tema tan delicado socialmente como son las pensiones. Nada menos que un recorte en las futuras pensiones de entre un 5,5% y un 6,3%, por la ampliación en 10 años del período de cómputo para el cálculo, que pasaría de 25 a 35 años.

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Pedro Sánchez rememora así la reforma de Zapatero de 2011, que amplió de 15 a 25 años, todavía en proceso, el período de cómputo. Algo que es solo la antesala de la extensión del cómputo a toda la vida laboral, y de facto es ya prácticamente eso, ante la dificultad que está suponiendo actualmente tener carreras profesionales de más de 35 años para las y los trabajadores del Estado español. Todo, por fuera del Pacto de Toledo y después de haber aprobado ya duras reformas en pensiones, estás sí consensuadas con su socio de Gobierno y los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, en el marco del Pacto y el acuerdo parlamentario. La excusa son las exigencias en reformas estructurales impuestas de la Unión Europea para recibir el ingente fondo anti covid-19, que pasan por un fuerte recorte de las pensiones y la profundización de la contrarreforma laboral, además de solventar problemas de homogeneización del mercado interno.

Así, entre bambalinas se ha movido Sánchez y sus ministros, devolviendo el golpe a Pablo Iglesias de algunos movimientos en la sombra de éste, como la presentación pública de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado acordados entre ellos previamente, para presentar una enmienda contra los desahucios y los cortes de suministros a familias vulnerables. O, la insistencia pública de la subida, aunque escasa, del salario mínimo, por ejemplo. Un golpe difícil de encajar para Unidas Podemos dada la sensibilidad de gran parte de su electorado y de su base social hacia las políticas de recortes de pensiones -incluido un amplio movimiento de pensionistas, que hay que ver cómo va a reaccionar-, pero también de la propia base del PSOE.

CCOO y UGT se han declarado contrarios a esta ampliación. Sin embargo, recordemos que la reforma de Zapatero ya contó con su beneplácito en la misma dirección, por lo que está por ver si su oposición no pasa de ser meramente formal por el hecho de haber planteado la reforma sin pasar previamente por la mesa de diálogo social, o si plantean acciones de lucha.

El Pacto de Toledo queda tocado

En realidad, y como se ha señalado, todo empezó con la pantomima de la aprobación del documento del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones en el Congreso de los diputados, hace apenas unas semanas. Aunque lo acordado, con el referendo de una gran mayoría parlamentaria, ya implicaba importantes ataques a las pensiones al retrasar la edad de jubilación, acercándola lo más posible a los 67 años, evitando a toda costa las jubilaciones anticipadas. Y abriendo, además, un proceso de privatizaciones muy peligroso, al imponer la creación de fondos de pensiones públicos bajo gestión privada, para gestionar privadamente los aportes de las y los trabajadores surgidos de la negociación colectiva y a costa de parte de las futuras subidas salariales, y todo para complementar las pensiones públicas.

La ampliación del período lleva a un cómputo que abarca en la práctica la vida laboral total de gran parte de las y los trabajadores, puesto que pocos podrán alcanzar este número de años dada la fragilidad del mercado laboral español, con índices de desempleo históricos que difícilmente bajan del 15% de la población activa. Además de condenar a las futuras generaciones que si por algo se caracterizan es, precisamente, por la precariedad laboral y el desempleo, a recibir pensiones de miseria. Será, pues, un golpe duro para amplias capas de las y los trabajadores jóvenes y mujeres, consecuencia de los pocos años de cotización efectiva de media que podrían llegar a tener, y con muy bajos salarios, que es, y todo apunta será, la realidad fundamental en sus dificultosas y complicadas carreras laborales hasta su jubilación.

El ataque y la consecuente rebaja de las pensiones, por lo tanto, será muy importante para los derechos sociales de las y los trabajadores que verán así amenazados gravemente sus ingresos después de años y años de trabajo y explotación. Es un ataque directo a un derecho esencial que debería permitir una vejez en condiciones de vida digna, algo que como se ve el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos por muy de izquierdas y progresista que se declare, como gestores del capitalismo, son incapaces de garantizar. Lo cierto es que en cuanto ese derecho se universaliza y comienza a alcanzar prestaciones un poco más cuantiosas, enseguida es estigmatizado y valorado como insostenible para las arcas públicas.

La mayoría de los 140.000 millones irán para aumentar los enormes beneficios de las grandes empresas

Los fondos europeos que se van a recibir y van a ser la razón justificativa de los recortes estructurales, que van a sufrir la clase trabajadora y las clases populares, como consecuencia de las exigencias de Bruselas. Y no solo en las pensiones sino también en la profundización de las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, van a dirigirse en su gran mayoría a garantizar los negocios y los beneficios de las grandes empresas españolas.

Sobre todo, respecto de los 72.000 millones a fondo perdido que va a recibir el Estado español y que es la parte más jugosa, al tratarse de ayudas directas, para las grandes corporaciones empresariales. Solo en 2021 se espera que lleguen unos 27.000 millones, según los presupuestos recientemente aprobados.

El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha preparado todo un procedimiento administrativo que va a garantizar que esos fondos lleguen encauzados hacia grandes proyectos que van a encabezar sociedades mixtas público-privadas, bajo un paraguas jurídico que han denominado PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). En esos proyectos que van a ser de gran magnitud para garantiza un gasto potente y rápido de los recursos, van a jugar el papel de locomotora las grandes empresas asociadas con el Estado, que realmente será quien corra con todos los riesgos, la inversión de los capitalistas va a estar plenamente asegurada.

El Gobierno de coalición va a confiar la ejecución de esos recursos, en definitiva, a la gran empresa porque solo así se pondrán en marcha “proyectos de gran envergadura, que no acaben enfangados en problemas de ejecución, e incluso, que haya menos resquicios para la corrupción” (sic), según señalaban hace algunos días fuentes de la Administración.

Bajos salarios y bajos impuestos para las empresas y las grandes fortunas son el corolario del déficit de las pensiones

Mientras la crisis generada por la pandemia golpea duramente los ingresos fiscales del Estado y las continuas ayudas a las empresas rebajando cotizaciones, facilitando moratorias y exenciones a la seguridad social de las empresas, profundizan el déficit de la seguridad social, el Gobierno de coalición no se ha planteado en ningún momento aumentar significativamente los ingresos atacando los beneficios de las grandes empresas, las entidades financieras y los grandes capitalistas.

Venimos de un sistema fiscal que ha ido incrementando desde la crisis de 2008 los ingresos recaudados por impuestos indirectos, los más injustos socialmente hablando. Durante el último período tras la crisis de 2008, se recuperaron también los ingresos por IRPF, sin embargo, el impuesto de sociedades, el que pagan las empresas más grandes, se ha reducido a la mitad. Esto contrasta con el hecho de que los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35 crecieron durante los últimos años, mientras los salarios sufrieron fuertes devaluaciones.

Así, las empresas del IBEX 35 han ganado un 11,3% más desde 2008, mientras los salarios han disminuido de media un 4,2%, según un estudio de Oxfam Intermon. Las bajadas salariales, además tienen picos muy superiores en algunos casos, para los más precarizados que pueden llegar al 20%. Para hacernos una idea del volumen de beneficios de las empresas del IBEX 35, tenemos que señalar que en 2017 alcanzaron los 40.238,98 millones de euros, mientras en 2018 fueron de 39.187 millones, un 2,6% menos. En 2019, ya con la desaceleración económica bajaron hasta los 27.792 millones de euros. Sin embargo, es evidente que el volumen de beneficios es enorme. Pues bien, pese a eso se han incrementado la recaudación por IRPF, mientras el Impuesto de Sociedades como se ha comentado se ha reducido a la mitad.

Frente a esta situación el Gobierno “más progresista de la historia” ha planteado únicamente reformas fiscales epidérmicas para aumentar la recaudación en apenas 9.000 millones entre 2021 y 2022, según las estimaciones más optimistas. Limitándose en el impuesto de Sociedades a limitar algunas exenciones por dividendos y plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en filiales extranjeras. Bajándolas del 100% actual al 95%. Dejando abandonada la idea de un tipo fijo mínimo del 15%, para evitar que las empresas sometidas a un nominal del 25%, acaben pagando cifras ridículas incluso por debajo del 10%.

Mientras en el IRPF solo se han incrementado dos puntos sobre las rentas salariales de más de 300.000 euros únicamente, en lugar de los dos puntos para los de más de 130.000 euros y más de cuatro para los de más de 300.000 euros que era lo acordado originalmente entre PSOE y Unidas Podemos. Por no hablar del impuesto sobre el Patrimonio sobre las grandes fortunas que prácticamente está bloqueado por muchas comunidades autónomas, son las que lo gestionan, que solo subiría un punto del 2,5% al 3,5%. Las Socimis también han visto incrementar sus obligaciones tributarias pasando a ser del 15%.

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En definitiva, la ampliación del tiempo de cómputo para el cálculo de la pensión, de llevarse a cabo, será un ataque directo a los derechos esenciales de la clase trabajadora y las clases populares por parte del Gobierno que se autocalifica como “el más progresista de la historia” pero que beneficia a las grandes empresas mientras ataca derechos esenciales de los trabajadores. Por ello, hay que llamar a la movilización unitaria, impulsando asambleas democráticas en los centros de trabajo y enseñanza, para forzar un calendario de luchas que desborde a las burocracias sindicales y lograr así doblar el brazo al Gobierno para garantizar unas pensiones dignas.