Derecho a la educación. Comipems: exclusión y elitización en la educación media superior

El pasado fin de semana, 282 mil 596 jóvenes presentaron examen para acceder a alguno de los bachilleratos públicos en la zona centro del país. Según Daniel López, representante de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), más del 50 % de los aspirantes solicitaron las Escuelas Nacionales Preparatorias o los Colegio de Ciencias y Humanidades, ambos sistemas pertenecientes a la UNAM. Mientras que la tercera opción más socorrida son las vocacionales que dependen del Instituto Politécnico Nacional.

Según el funcionario, el número de jóvenes que se registraron para el examen tuvo un ligero incremento, es decir, hubo siete mil aspirantes más que el año pasado, debido a las medidas de prevención para evitar el covid-19. Asimismo, apuntó que “este fin de semana presentarán el examen 140 mil 045 aspirantes, el próximo fin serán 142 mil 551 sustentantes”.

Exclusión y elitización

Recordemos que la Comipems, integrada por instituciones públicas de educación media superior, coordina cada año, desde 1996, el concurso de asignación a la educación media superior de la Zona Metropolitana del valle de México. Este organismo, nacido por instancias neoliberales, tiene como fin último organizar la exclusión, pues los gobiernos, al disminuir la inversión pública en la educación media superior y universitaria, generaron que ya no se abrieran más espacios y, por lo tanto, se estancara el número de lugares disponibles, mientras la población sigue aumentando.

Se puede contraargumentar que el examen es igual para todas y todos los aspirantes y como resultado se elige a los mejores, sin embargo, esta idea tiene una trampa, porque si bien es cierto que son las mismas preguntas, el problema es que cada estudiante se encuentra en condiciones diferentes para afrontarlo, es decir, no basta con solo estudiar, sino que los hijos de una clase social privilegiada tiene mejores condiciones –cursos de regularización, tiempo para estudiar, preparación en escuelas privadas, etc.— respecto al hijo o hija de un obrero que debe trabajar para poder sobrevivir. Por ende, nos encontramos con un lento, pero constante proceso de elitización de la educación, que, dicho sea de paso, el gobierno de la 4T no ha revertido. Además, hay que considerar que el problema educativo no se resuelve impidiendo la continuidad de los estudios, sino todo lo contrario.

Por supuesto que siempre habrá excepciones, jóvenes de las clases populares, que puedan superar los obstáculos, pero siempre serán la excepción y no la regla –además de que se trata de naturalizar el individualismo y la competitividad—. No obstante, la inmensa mayoría serán excluidos de los bachilleratos de las grandes universidades públicas y dirigidos a opciones técnicas. Ahora, no debemos pensar que se desprecia los bachilleratos técnicos, el problema es que estas escuelas tienen como objetivo la preparación de mano de obra barata para las grandes empresas, he ahí uno de los puntos finos de la discusión

Por una educación al servicio del pueblo trabajador

Una primera demanda que se debe levantar es por un aumento sustancial generalizado para toda la educación pública. Cualquier gobierno revela sus prioridades –independientemente de su discurso— al destinar dinero público a una u otra actividad. En el caso del gobierno de Morena, la educación se ha mostrado como no prioritaria, pues el presupuesto ha sido magro e insuficiente respecto al nivel de exclusión. Según datos del propio Comipens, alrededor de solo el 20 % de los aspirantes ingresarán a la UNAM.

Si comparamos esta situación con los miles de millones de pesos que se otorgan a la Guardia Nacional y al Ejército, los cuales tiene incrementos presupuestales de hasta 2 cifras, es posible comprobar en dónde está una de las prioridades del gobierno, en la militarización del país. Lo mismo podríamos decir respecto al Fobaproa, el pago de la deuda externa o los megaproyectos, cuando todos esos recursos podrían destinarse a educación, salud y otras necesidades sociales, aunque es algo que el gobierno de la 4T no está dispuesto a hacer. 

Finalmente, los estudios recibidos deben responder a los grandes problemas y necesidades nacionales y del pueblo trabajador. No es posible que profesionistas y técnicos altamente calificados que fueron formados con dinero público sean aprovechados por las grandes transnacionales que solo buscan el lucro privado.

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