El gobierno se prepara para designar a la nueva autoridad máxima de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Fuertes cuestionamientos por parte de trabajadores y sindicatos.
Sábado 9 de mayo de 2020
En medio de fuertes cuestionamientos, se prepara la designación del ingeniero Mauricio Bisauta en el máximo cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El funcionario, de larga data en la institución, es conocido por alinearse en los cargos dirigenciales durante los distintos gobiernos. Fue vicepresidente de la institución en la gestión de Cristina Fernández y presidente de la empresa ENSI durante el gobierno de Macri, en donde fue uno de los responsables de los ajustes y el desmantelamiento de la PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la provincia de Neuquén.
Esta última, que es la única en Latinoamérica, desarrolla la producción de agua pesada para el funcionamiento de las centrales nucleares de Atucha y Embalse, y atraviesa una fuerte crisis tras la cancelación del proyecto de una nueva central de potencia con la misma tecnología.
Sus trabajadores vienen sosteniendo durante los últimos años una importante lucha por la reactivación de la planta y el resguardo de los puestos de trabajo frente a los despidos y la falta de pago de los salarios. El desmantelamiento significó una reducción del plantel de trabajadores de más de 400 a menos de 100. El macrismo, con complicidad de Bisauta, proponía la reconversión de la planta para la producción de agroquímicos, y una eventual privatización.
El éxodo en CNEA donde más de 1000 trabajadores altamente calificados migraron de la institución hacia otras empresas por los bajísimos sueldos es otro de los ejemplos de una política que contó con el aval de funcionarios y autoridades. El anterior mandato de Bisauta, como vicepresidente,en la gestión de Norma Boero, terminó con el triste récord de casi la mitad del personal contratado bajo diversas modalidades de precarización laboral y con la continuidad de las tercerizaciones en los sectores de limpieza y mantenimiento, una problemática profunda en todo el Estado y el sector científico tecnológico.
La potencial designación del nuevo presidente provocó la crítica de algunos sectores sindicales como ATE y la Asociación de Profesionales de la CNEA quienes destacan el papel que cumplió Bisauta como parte del desguace macrista en el sector, que contó con cientos de despidos en las empresas asociadas de CNEA como lo es la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. que opera las centrales de potencia. Las críticas también se hicieron escuchar desde algunas agrupaciones integrantes del Frente de Todos.
Por su parte, en estos días se dio a conocer un comunicado de la Agrupación Peronista de la Energía Atómica, respaldando la designación y acusando a las voces críticas en forma macartista y en tono amenazante de ”comunistas”. Así como suena, bien a tono con las convocatorias de la derecha tuitera esta última semana.
La política energética con Alberto Fernández
En el trayecto recorrido por el gobierno de Alberto Fernández en materia energética, no se han vislumbrado grandes innovaciones en sentido opuesto a lo hecho por sus predecesores. Un análisis pormenorizado nos permitiría ver que nunca fue la prioridad de este gobierno cambiar el manejo de la política energética. Si pensamos en la campaña presidencial propiamente dicha, el discurso estuvo lleno de declaraciones y mensajes de buenas intenciones hacia los buitres petroleros, brindándoles las mayores garantías para la explotación de Vaca Muerta, que iba a ser la gallina de los huevos de oro (para pagar la deuda ilegítima y odiosa) y que ahora comienza a perfilarse más como un complejo contaminante y deficitario en el marco de la crisis del petróleo acentuada por la pandemia.
En la cuestión tarifaria, a pesar de haber denunciado los aumentos de Macri, el gobierno archivó el proyecto de ley que proponía retrotraer las tarifas a 2017 y aunque las mantuvo durante estos meses, frente a la consulta sobre los nuevos aumentos que había anunciado Santiago Cafiero para junio, el presidente respondió que “no estamos en condiciones de aumentar nada”. Admitió que “vamos a seguir trabajando las tarifas” dejando la puerta abierta a las presiones de las privatizadas.
En cuanto a la política nuclear, los pronunciamientos de funcionarios de primera línea fueron escasos. En los primeros días del año se pudo conocer la decisión de que la CNEA permanezca bajo la órbita de la conflictiva Secretaría de Energía, apagando así las expectativas generadas de que vuelva a ser fuente consultora privilegiada del poder Ejecutivo. Tampoco hubo aún, anuncios sobre el camino a seguir con los proyectos paralizados para la construcción de dos nuevas centrales de potencia. El nuevo directorio de Nucleoeléctrica Argentina SA anunció la reactivación de las obras del sitio Atucha (pileta de combustibles y CAREM 25) bajo contratación directa de la empresa, pero sin investigar el avance de las obras que fueron otorgadas por el macrismo a Techint y Caputo. Tampoco se anunció como se financiarán dichas obras, mientras se pagan miles de millones de dólares a los especuladores internacionales que podrían destinarse a la reactivación del golpeado sector nuclear.
En los hechos, en materia energética, no se propone cambiar lo sustancial de una política que mantiene el esquema de las privatizaciones que en los 90 en el sector nuclear fueron parte de un plan de reducción de la CNEA a su mínima expresión, el cual avanzó solo parcialmente gracias a la lucha y resistencia de sus trabajadores. El combo se completa con subsidios millonarios y tarifazos que garantizan el negocio de unos pocos, la famosa “patria contratista”, desde donde hoy salen los principales lobbistas para evitar un impuesto a las grandes fortunas, como propone el proyecto de ley de Nicolás Del Caño y el Frente de Izquierda.
Un debate para poner en pie un programa de les trabajadores
En los últimos años, bajo el gobierno macrista, se profundizaron las discusiones entre los trabajadores del sector nuclear. Los ataques y el intento de desguace, alertaron a grandes sectores sobre la necesidad de elaborar y construir un programa propio de las y los trabajadores, retomando la tradición histórica del sector, atravesada por importantes y necesarios debates tecnológicos, sobre la autonomía y la soberanía.
Entre ellos se discute la necesidad de poner en pie un plan nuclear que dé curso a la construcción de una cuarta central con uranio natural y agua pesada de la PIAP, cuya tecnología es ya conocida y dominada en el país, mientras se da un fuerte impulso al desarrollo de nuevas tecnologías como el propio enriquecimiento de uranio. También se resalta la importancia de la reactivación y culminación las obras del CAREM-25, RA-10 y PIECRI. De la mano de estas discusiones aparece la necesidad de terminar con la precarización y la tercerización laboral, recomponer los salarios, y democratizar la toma de decisiones. El intento de privatización de Dioxitek S.A. en el anterior gobierno, pone de relieve la necesidad de avanzar sobre la estructura neoliberal que preparó estas sociedades al servicio del lucro privado.
Frente a las expectativas de algunos sectores de que un cambio de gobierno iba a ser la vía para hacer realidad el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores, hoy el futuro del sector se está definiendo entre cuatro paredes, y en sentido contrario a los intereses del pueblo trabajador. Mientras continúan las disputas por arriba, la situación salarial de los trabajadores nucleares se sigue agravando y las novedades sobre las paritarias siguen en suspenso. La vuelta al trabajo tras la pandemia comienza a discutirse en los sectores para exigir las condiciones óptimas de seguridad e higiene, así como el pago de los salarios completos a las y los trabajadores de limpieza por parte de las empresas tercerizadas. Sería un grave error rifar la independencia política de los trabajadores, es necesario que los sindicatos se pongan a la cabeza de estos reclamos generando instancias amplias de participación con reuniones por sector, un fuerte cuerpo de delegados mandatados y asambleas generales, unificando las luchas con el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo..
Serán necesarios nuevos pasos en la organización de los trabajadores, de forma independiente de los gobiernos y las autoridades, para dar impulso y seguir desarrollando un programa propio, que barra de una vez por todas con las privatizadas y los negocios en la energía. Organizar de manera planificada y democrática una empresa estatal única de energía bajo control de sus trabajadores y participación de comités de usuarios, que defina cómo articular los distintos tipos de producción energética, pensando en la provisión de la misma como un derecho humano esencial, en un desarrollo armónico con la naturaleza. Una orientación contraria a la actual, donde priman intereses foráneos como la obtención de divisas al servicio del pago de la deuda externa o el enriquecimiento de unos pocos magnates nacionales o extranjeros.
