El informe fue aprobado el 23 de junio por la Comisión legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Las reformas que plantea el informe se enmarcan dentro de las políticas que, desde hace décadas, los gobiernos de turno orientan para privatizar la educación superior, buscando orientar las universidades en función de los aparatos productivos, es decir de los negocios empresariales capitalistas, por lo que creen necesario también desbancar las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales.
Sábado 27 de junio de 2020
El informe aprobado por la Comisión legislativa que analiza el FEES, orienta la privatización de la educación y la profundización de la precarización laboral, http://www.laizquierdadiario.cr/Comision-legislativa-propone-rebajas-en-salarios-y-posibles-despidos-en-universidades, políticas que continúan en la línea de resquebrajar la autonomía universitaria, pues interviene directamente el manejo del presupuesto universitario y el rumbo político de la Universidad.
¿Qué proponen?
La primera propuesta es una reforma constitucional “para evitar roces entre la autonomía universitaria y el equilibrio financiero”. La segunda, es constituir al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) como un organismo creado por ley que le permita abordar temas sobre cómo debe estar conformado y cómo gobernar. La tercera, pretende modificar el proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y la Unidad del Enlace del presupuesto universitario.
La Comisión vuelve a insistir en que, si no se realizan ajustes, se deberá proceder a realizar despidos, cierre de Sedes y algunas carreras, especialmente las que la Comisión considera que “adoctrinan”. Según el diputado Erick Rodríguez, diputado que se independizó del partido de derecha PIN y miembro de la Comisión, las carreras como Sociología y Seminarios de Realidad Nacional “favorecen a las corrientes de izquierda” y funcionan como “aparatos ideológicos gratuitos para los partidos de izquierda”. Es claro que el diputado derechista tiene a las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades en la mira, al mejor estilo de Bolsonaro en Brasil.
¿Qué significan estas propuestas?
Esta reforma constitucional orientada al “equilibrio financiero”, en los hechos continúa y profundiza la transformación del modelo universitario corporativo, es decir con énfasis en pérdidas y ganancias, y dedicada a la venta de servicios; contrario a universidades orientada en las necesidades de la juventud, la clase trabajadora y el pueblo.
El ataque a Acción Social, los recortes al FEES de los últimos años, la medida elitista y excluyente que implicó la virtualidad forzada del semestre impuesta por las autoridades que expulsó a los y las estudiantes con menos recursos, son algunos ejemplos concretos de cómo se viene profundizando esta orientación en la Universidad de Costa Rica.
Por otro lado, se pretende instaurar legalmente a CONARE como el órgano que ejerce la gobernanza de las Universidades. Ya de entrada, la medida significa legalizar un funcionamiento completamente anti-democrático, pues deja en manos de unos pocos jerarcas las decisiones financieras que tienen efectos graves en comunidades universitarias de decenas de miles. Es decir, becas, salarios, TCU´s, proyectos de investigación y acción social quedan sujetados a las inclinaciones políticas de un puñado de personas que, además, son elegidas mediante un sistema ya de por sí excluyente para las mayorías estudiantiles y trabajadoras.
Debemos evitar el desmantelamiento de las universidades públicas por el Gobierno y los partidos de derecha enfrentando también el modelo que imponen las autoridades universitarias
Las autoridades universitarias, junto con el gobierno y los partidos de la derecha, ya han demostrado hacia dónde quieren direccionar a las Universidades, y es en función de favorecer a las empresas y el gran capital, para lo cual no dudan en hacer alianzas con entes internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE.
Las autoridades universitarias, al igual que el Gobierno, quieren aprovechar la crisis y la pandemia para imponer políticas de ajuste y de desmantelamiento de la educación superior pública. Estudiantes, trabajadores y trabajadoras, debemos enfrentar estas medidas y utilizar todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición para organizarnos. No podemos dejar paso libre a las rapiñas que nos quieren cobrar esta crisis.
Cuando hablamos de la defensa de la universidad pública partimos de que debemos combatir también el actual modelo universitario que se ha venido imponiendo desde las diversas autoridades universitarias en contubernio con los distintos gobiernos de turno a lo largo de los años.
Sobre la universidad actual se impone un sistema estamental y profundamente antidemocrático, basado en una arbitraria diferenciación jerárquica entre el resto de los mortales y una verdadera casta privilegiada que se abroga la potestad exclusiva de dirigir la universidad en todos los aspectos de la vida de todos y todas en la universidad: administrativos, jurídicos, culturales, laborales, deportivos, reivindicativos, gremiales, de seguridad. Frente a todo esto, somos miles de docentes, de estudiantes y trabajadores que no tenemos ni voz ni voto.
Esta casta maneja el presupuesto en la Universidad de manera discrecional, como les viene en gana, y a espaldas de la comunidad universitaria, trayendo su secuela de desigualdades y corrupción: por eso mágicamente hay dinero para lujos de las autoridades pero no para las necesidades estudiantiles. Mientras gozan de “salarios” altísimos, mantienen a millares de docentes interinos sin trabajo estable y muy bajos salarios y a otros trabajadores con salarios también precarios y ningunean las pocas y miserables becas que no alcanzan para nada. En aras de la “rentabilidad” se recurre a la tercerización y precarización laboral, que se han convertido en la nueva normalidad del modelo corporativo de universidad.
Ellos imponen una universidad excluyente, los mecanismos actuales de "selección" para ingresar no son más que filtros que condenan a quedar fuera de la educación superior mayormente a personas provenientes de las clases explotadas y pobres, como lo demuestran todos los datos estadísticos existentes. La continuación de la educación es un derecho inalienable, por eso el ingreso debe ser irrestricto. Lo que ocultan los argumentos que intentan justificar la "necesidad" de una "selección" (discriminatoria, excluyente) es que razonan desde la lógica del "mercado de trabajo" capitalista. Son ellos los que han venido imponiendo también modelos de universidad en consonancia con el Banco Mundial, como lo hemos expresado reiteradas veces.
Por eso es que decimos que el enfrentar los planes que vienen desde la Asamblea Legislativa y del propio Gobierno pasa también por denunciar el actual modelo imperante. Y para ello hay que organizarnos. Los ejemplos de organización afloran en otras partes, como vemos con los estudiantes, docentes, trabajadorxs de la salud en Ecuador y Colombia, las protestas de trabajadores y trabajadoras precarias en diversos países, así como las movilizaciones en contra del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. En Costa Rica no puede ser diferente.
Lejos de adoctrinar como sostiene el retrógrado diputado el diputado Erick Rodríguez, la Universidad puede y debe brindar las herramientas, el conocimiento y los recursos para pensar qué tipo de educación y qué tipo de universidades queremos construir. Defendamos la libertad de cátedra y exijamos la libertad de crítica a lo existente, a poner en duda lo que se considera como dado, condición necesaria para la búsqueda de la verdad, que es lo que busca terminar de abolir dicho reaccionario diputado cuando se refiere a las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales.
Organicemos estudiantes junto a los trabajadores y docentes interinos
Defender las universidades públicas al servicio de la clase trabajadora es una tarea que podemos llevar adelante entre estudiantes organizadxs, docentes y trabajadorxs. El SINDEU debe también pronunciarse y garantizar la organización de la mayoría de los y las trabajadoras universitarias, especialmente de docentes en interinazgo, a quienes han dejado por fuera debido a concepciones antidemocráticas y burocráticas impidiendo la organización real de miles de trabajadores y trabajadoras
También la FEUCR, dirigida por Alternativa, debe renunciar al silencio cómplice, y los acuerdos con las autoridades que pretenden adecuar la Universidad a la “nueva normalidad”, aun cuando esto signifique impulsar un modelo corporativo y elitista de educación; en su lugar, deben volcarse hacia la comunidad estudiantil. Conformar comités de crisis virtuales en este momento es una salida organizativa que nos permitiría organizarnos en todos los sectores de la universidad.
Por eso decimos que la defensa de la educación pública, no puede ser en abstracto. Al contrario, se abre necesariamente la discusión sobre el modelo universitario que queremos, sobre el presupuesto universitario y el destino de ese presupuesto. La verdad es que la exigencia de un mejor presupuesto es una pelea justa que no puede quedar en manos de quienes defienden esta universidad excluyente, debemos dar esta lucha a la par que también luchamos contra el manejo de los recursos universitarios por parte de las autoridades y contra la universidad elitista.
Es necesario crear Comités y Asambleas virtuales por Facultad para pelear contra los sectores que quieren desmantelar las universidades públicas. En medio de la crisis económica y sanitaria, debemos aprovechar todos los espacios virtuales para organizarnos, para que no sea la juventud y el pueblo trabajador quienes paguen las consecuencias. Pues si la nueva normalidad, así como la vieja normalidad, son sinónimo de expulsión de estudiantes de la Universidad, recortes y precarización laboral para el sector interino, becas que no alcanzan y políticas orientadas a la privatización de la educación, es necesario hacerle frente a esa normalidad y transformarla desde la raíz.
Estos Comités permitirían que seamos estudiantes y trabajadores quienes tomemos las decisiones políticas de la Universidad y no que sea la casta, pues ya han demostrado que gobiernan en detrimento de nuestros intereses.
Desde Organizate, llamamos a construir una juventud, junto con trabajadores y trabajadoras de la Universidad, que se levante para enfrentar y construir una universidad que se organice para pelear contra todos los ataques hacia sus condiciones de estudio y de trabajo, que plante las banderas por una verdadera defensa de la educación pública, gratuita, masiva y de calidad. En medio de una crisis económica y una pandemia que ha venido a demostrar que la vida y las condiciones de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres no les importan a las grandes empresas, necesitamos darle vuelta a esa lógica, necesitamos una juventud con total independencia política que pelee por poner como prioridad nuestras necesidades. Una juventud que luche por una universidad abierta a los trabajadores y el pueblo pobre, por una universidad cuya producción de conocimiento esté al servicio de las luchas e intereses de las mayorías trabajadoras.
Luchar por la educación pública implica luchar por una universidad en el que sean estudiantes y trabajadores quienes decidan sobre los recursos materiales e intelectuales de la Universidad, y ponerlos en función de las mujeres, estudiantes y clase trabajadora. Para esto, es necesario apostar al voto universal y al control político de la universidad por parte de quienes ponemos a andar la Universidad: estudiantes, trabajadores y trabajadoras, así como pelear por el ingreso libre e irrestricto (dinero para la educación no para la deuda externa). Es necesario luchar por una Universidad al servicio de los trabajadores y las mayorías populares.
