Negociaciones con la derecha. ¿Cómo construir una oposición real frente al fraude constituyente en Chile?

El inicio del año político estuvo marcado por la derrota legislativa que sufrió el gobierno con la reforma tributaria. Un revés importante, porque deja en suspenso de dónde saldrán los recursos para la reforma de pensiones y otras promesas de campaña. Toda la agenda legislativa de reformas se desordena y queda suspendida en el aire.

La imagen de Gabriel Boric venía recomponiéndose en las encuestas. Sin embargo, esta derrota legislativa muestra de cuerpo entero la debilidad estructural del gobierno. Pero no sólo esto. También muestra cómo procede cuando queda sin piso político: arrodillándose a los dictados de los grandes gremios empresariales y la derecha.

Pero antes de ver las consecuencias políticas del rechazo a la reforma tributaria, hay que preguntarse a qué se debió esta “sorpresa”. Por supuesto, el gobierno y la oposición se echan la culpa mutuamente. Pero más importante que esto es descifrar la posición de los grandes empresarios en todo este entuerto.

Daniel Matamala en su última columna, “Pasó la vieja”, desliza que la reforma se cayó porque no tenía el apoyo de los gremios patronales. “En las últimas tres décadas (desde el acuerdo Foxley-RN de 1990), ninguna reforma tributaria estructural ha tenido éxito sin antes ser aprobada por el gran empresariado”. Según Matamala, más allá de las contingencias, el portazo a la reforma tributaria de Gabriel Boric sería expresión del bloqueo por parte de los empresarios. El hecho que toda la derecha haya votado en contra de la idea de legislar y que el impuesto al patrimonio fuese resentido por muchos gremios, va a favor de esta idea.

Sin embargo, hay algunas voces patronales que ven este portazo como una mala noticia: sería expresión de la ingobernabilidad del Congreso, del parlamentarismo “de facto”, del auge de los “extremos”, etc. Nada de eso iría a favor de la estrategia que vienen empujando hace meses: Empujar “grandes consensos” entre el gobierno, la derecha y el empresariado para recomponer la gobernabilidad la autoridad del Estado y sus fuerzas represivas, y para que en el plano económico la crisis la paguen las y los trabajadores y no los capitalistas.

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, habló de una “falla estructural de nuestro sistema político”. Francisco Pérez Mackenna, CEO de Quiñenco (holding del Grupo Luksic), dijo que los únicos que ganan con la votación del Congreso son los extremos. Recordemos que la misma OCDE le había dado el visto bueno a la reforma y Mario Marcel ya había negociado en privado con los gremios empresariales comprometiéndose a retirar el impuesto a los grandes patrimonios.

Más allá de las especulaciones, las consecuencias están a la vista: el gobierno de Gabriel Boric se apresta a negociar un “pacto fiscal” y acuerdo tributario con las patronales y la derecha. La reforma que se presentará será muchísimo más acotada. La agencia imperialista Fitch fue certera en el diagnóstico: “las propuestas del Gobierno probablemente tendrían que diluirse aún más para obtener suficiente apoyo para su aprobación”. Y por supuesto, acá no está hablando de “apoyo social”, sino de “diluir las reformas” para contar con la venia de los capitalistas.

De hecho, Gabriel Boric recibió este martes al ​​Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). La reunión fue alegre y cordial, es decir, los empresarios llevaron la voz cantante y le notificaron su lista de condiciones: recortar sustancialmente el proyecto de royalty minero, archivar el impuesto a los altos patrimonios y el cobro a las utilidades retenidas, agregar “incentivos a la inversión” y recortar recursos del Estado (bajo el eufemismo de “modernización del Estado”). Tan cordial fue la reunión, que varios dirigentes gremiales se comprometieron a acercar posiciones con la derecha y empujar un acuerdo lo más rápido posible para despejar “incertidumbres”.

Nuevamente las grandes reformas terminan en pequeños ajustes de la herencia de la dictadura.

El gobierno de Boric y la pelea contra el fraude constitucional

Hay quien podría objetar que el gobierno está bajo el asedio del empresariado y que esta derrota parlamentaria muestra (sumada a la derrota del plebiscito), que no hay posibilidad de ir más lejos. Que Chile “se durmió” y que el gobierno debe trabajar con la correlación de fuerzas que hay.

Se trata de una autojustificación que no resiste análisis. Las decisiones que ha tomado el gobierno han ayudado a que se asiente el relato y la agenda de la derecha. Han tomado en sus manos las banderas de los sectores conservadores en materia de política exterior (sin ir más lejos, aprobaron el TPP11) y en materia represiva. En educación y salud no han hecho nada y firmaron un nuevo fraude constitucional totalmente aberrante, diseñado cuidadosamente para que sea la derecha la que redacte la nueva constitución. Si hasta militantes históricos como Miguel Lawner, lo calificaron como el “acuerdo de la infamia”.

Pero sobre todo, resulta claro que el gobierno de Apruebo Dignidad y la ex Concertación, incluyendo en un lugar destacado al Partido Comunista, no han hecho ningún intento serio por movilizar a sus bases para empujar reformas estructurales. Han hecho exactamente lo contrario: desmovilizar sistemáticamente bajo la excusa de no “hacerle olitas” al gobierno y no desestabilizar más la situación.

Pero no basta con desenmascarar el discurso autojustificatorio de los partidos reformistas. Hay que trabajar para mostrar un curso alternativo y que surja una oposición de izquierda al gobierno de Gabriel Boric. Una voz que defienda un programa que parta por las demandas históricas expresadas en el estallido y las necesidades sociales urgentes: aumento inmediato de salarios y pensiones acorde a la inflación con un mínimo de $650.000; educación y salud pública, gratuita y de calidad; el derecho al aborto y derechos sexuales y reproductivos; fin a las AFP; nacionalización de los recursos estratégicos bajo gestión de trabajadores y comunidades, incluyendo el litio que será concesionado a los privados; un plan de vivienda financiada con impuestos a las grandes fortunas, inmediata devolución de las tierras reclamadas por las comunidades y desmilitarización de territorio mapuche, entre muchas otras.

Es indispensable explicar que ninguna de estas demandas serán resueltas con el nuevo fraude constituyente. Existe una gran apatía y desafección con el actual proceso constitucional. Lo vemos y lo sentimos todas y todos. Debemos apuntar a que se transforme en rabia, y la rabia en movilización y organización.

Construir una voz política que se ubique como alternativa frente al fracaso reformista del Frente Amplio y el Partido Comunista, requiere limpiar banderas y dejar de ubicarse como viudas y viudos del apruebo. Si nuestra lucha fue por Asamblea Constituyente Libre y Soberana y esa es aún nuestra perspectiva, entonces hay que decir con claridad: la Convención Constitucional no fue una verdadera Asamblea Constituyente. Defender y aferrarse al anterior proceso constituyente, como pretenden algunas organizaciones como la Coordinadora 8 de Marzo y Movimientos Sociales Constituyentes, es la vía más rápida para ser la pata izquierda del gobierno de Boric, lo que significa levantar un muro con millones de trabajadoras y trabajadores que no apoyaron la Convención ni a este gobierno, pero que comparten la urgencia de demandas sociales que no han sido satisfechas.

La tarea es reagruparnos y volver a fortalecer las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, territoriales. Romper definitivamente con la ilusión que la vía institucional y constitucional resolverá nuestras demandas. Identificar que, por el contrario, esta vía ha sido el gancho con el que los dueños del país, junto con los partidos de los 30 años y los partidos reformistas, nos dividieron, nos sacaron de las calles y nos desorganizaron. Reagruparnos pero no para quedarnos entre nosotros, sino para ir a disputarle a los reformistas la conducción y orientación de organizaciones como los sindicatos, centros de estudiantes, juntas de vecinos, organizaciones de pobladores, etc., que siguen siendo instancias claves de defensa de los intereses inmediatos de trabajadores/as, estudiantes y pobladores.

La campaña contra el fraude constituyente y por el voto nulo debe servir como puntapié para esta tarea. Comienzan a articularse espacios como la Coordinadora Nacional contra el Fraude, o la campaña #YoAnulo. Junto con diversas compañeras y compañeros, estamos impulsando una declaración unitaria entre organizaciones sociales, intelectuales, dirigentes sociales, agrupaciones políticas y cientos compañera/os. Pero debemos llevar esta pelea a las calles. Para eso estamos proponiendo a estas organizaciones impulsar y organizar una marcha contra el fraude constituyente para que nuestra voz se haga sentir.

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Debemos inspirarnos lo que hacen nuestros hermanos y hermanas de clase en otros lugares del mundo. Las y los millones de trabajadores y jóvenes que se enfrentan a la reforma jubilatoria de Macron en Francia deben ser una inspiración, porque muestran que sí se puede organizar una gran lucha contra los planes de los gobiernos.