El martes 30 de enero, las calles volverán a expresar su rechazo al presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber indultado el pasado 24 de diciembre al ex dictador Alberto Fujimori, sobre quien pesan sentencias por la muerte de los 9 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, por el asesinato de 15 personas en la masacre de Barrios Altos y por el secuestro de dos periodistas. Al parecer, la paz y la estabilidad social que se buscaba lograr con la visita papal, duro muy poco o fue insuficiente ante los desaciertos y la fragilidad de un gobierno que empieza a hacer agua por todos lados.
Lunes 29 de enero de 2018
Esta es la quinta movilización nacional que se convoca desde que Kuczynski decidió indultar a Fujimori. El grado de participación social en las anteriores movilizaciones ha sido significativo, sobre todo si se considera que estas se dan en un periodo difícil y que no existe una instancia unitaria que centralice de manera orgánica dichas acciones. Otro hecho destacable ha sido la participación activa de muchas regiones del interior del país, donde se han dado masivas marchas, lo cual ha llevado a constituir espacios de coordinación regional y a que los manifestantes – en algunos casos - asuman propuestas de salida a la crisis que empiezan a poner en cuestionamiento el régimen heredado de la dictadura fujimorista.
Un gobierno en crisis
Apenas el papa Bergoglio se despedía de los peruanos, otra denuncia periodística conmocionaba al gobierno de Kuczynski. El programa televisivo Cuarto Poder daba a conocer que la empresa personal de PPK, Westfield Capital junto con el Banco de Crédito, se encargaron de colocar – hace algunos años atrás - bonos de Odebrecht por 100 millones de dólares para financiar el proyecto Olmos, apropiándose de 1 millón de dólares por la operación, monto que fue cobrado por el socio y amigo de PPK, Gerardo Sepúlveda. El actual presidente peruano, quien en ese momento se desempeñaba como ministro, habría firmado el decreto que garantizaba esos bonos, lo cual pone en evidencia - una vez más - que este habría incurrido en conflicto de intereses y por tanto en actos de corrupción.
Esta denuncia no hace más que ratificar la estrecha relación “empresarial” y política entre el actual presidente peruano y la constructora Odebrecht, empresa acusada de corromper a políticos y funcionarios públicos para ganar licitaciones que le permitían implementar millonarios proyectos de construcción. De ser ratificada esta denuncia con las declaraciones de Jorge Barata, las cuales están programadas para fines de febrero, la crisis gubernamental en curso podría alcanzar dimensiones insospechadas.
Estos elementos de corrupción, sumados al indulto concedido al ex dictador Fujimori y al estancamiento económico sin visos de solución a corto y mediano plazo debido a la crisis internacional que nos agobia, se convierten en los factores condicionantes de la estabilidad presidencial y del viraje que pueda tomar la situación política que se vive hoy en el Perú.
Cambiar algo para que nada cambie
Por esa razón, desde diversos sectores políticos se vienen ensayando propuestas de salida a la presente crisis. Todas ellas parten de un hecho concreto que día a día va siendo ratificado por la realidad y que se expresa en la incapacidad política del actual presidente para administrar el estado burgués y para oxigenar el régimen neoliberal impuesto por la dictadura de Fujimori a través de la Constitución de 1993.
Sectores de la derecha, vinculados al fujimorismo, como es el caso del economista Elmer Cuba, e incluso intelectuales de centro izquierda como Alberto Adrianzen, preocupados por preservar lo que queda del gobierno y evitar de esa manera que el descalabro llegue a mayores, proponen la renuncia del presidente o retomar la figura de la vacancia presidencial. De darse esto, la dirección del gobierno recaería en el actual primer vice presidente Martin Vizcarra o en Mercedes Araoz, segunda vice presidenta. Con esta salida lo que se quiere en realidad es aplacar la bronca social y buscar una recomposición en el marco del orden establecido. La agrupación de izquierda Frente Amplio, liderada por el ex sacerdote Marco Arana, también suscribe esta opción, por esa razón hace poco volvieron a insistir con la propuesta de vacancia presidencial desde el parlamento.
El Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista del Perú Patria Roja y el Partido Humanista, agrupados ahora en un nuevo frente denominado Juntos Por el Perú JP, el cual cuenta con inscripción electoral, consideran que la salida a la crisis pasa por adelanto de elecciones. A decir de estos sectores, ello permitiría a “las fuerzas progresistas, democráticas, nacionalistas y de izquierda” disputar el gobierno y convertirse en una alternativa de poder capaz de llevar adelante la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permitiría cambiar la constitución de 1993.
Por otro lado, el Nuevo Perú de Veronika Mendoza, el MAS de Gregorio Santos, Democracia Directa de los fonavistas y Perú Libre de Vladimir Cerrón, vienen impulsando la propuesta denominada Proceso Constituyente, la cual consiste en realizar reuniones entre ellos y otros sectores en diferentes regiones del país para “discutir y recoger” elementos a ser considerados en la configuración de una nueva constitución, la cual, solo se daría después del triunfo electoral de esta coalición en un probable escenario de adelanto de elecciones.
El denominado proceso constituyente tiene por objetivo entonces amalgamar una alternativa electoral, en función de un conjunto de reformas al neoliberalismo, que les permitirá a quienes hacen parte de este embrional frente, pelear por nuevas elecciones. Esto se da debido a que paradójicamente el grupo de Mendoza, que saco casi el 20% en la votación presidencial pasada y el grupo de Gregorio Santos que obtuvo casi el 5% de la votación nacional, actualmente carecen de inscripción y será muy difícil que la obtengan debido a las elevadas barreras impuestas por la autoridad electoral (necesitarían casi un millón de firmas válidas para inscribirse).
¿Cómo empezar a cambiarlo todo?
Como vemos, mas allá de los matices, los énfasis y la fraseología, las diversas fuerzas de la “izquierda” peruana coinciden en centrar su atención en una salida electoral a la presente crisis. Esto tiene que ver con la estrategia reformista y gradualista que comparten, la cual se expresa en la priorización de los escenarios propios de la institucionalidad burguesa, antes que en la lucha de clases o la estructuración real en el movimiento de masas.
Esta visión, de concretarse, podría resultar contraproducente, ya que la posibilidad de que se dé un adelanto de elecciones en el marco jurídico vigente se convertiría en un desvió institucional de la movilización social en ciernes, con lo cual se terminaría relegitimando el orden establecido con nuevos rostros. Y si a pesar de eso, alguna de las fuerzas de la izquierda reformista peruana, alcanzara la victoria electoral, por su carencia de volúmenes de fuerza o nula estructuración en el movimiento social, lo más probable es que termine como Syriza en Grecia: administrando la crisis del capital.
Para empezar a cambiarlo todo, es necesario construir una alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud que pueda darle continuidad a la lucha social abierta por el indulto a Fujimori. Sin embargo, esta lucha no puede reducirse a una exigencia jurídica o ética. Se tiene que poner en evidencia la relación entre el capital y la casta política que gobierna el país, así como los límites del régimen político heredado del fujimorato. Para avanzar en ese sentido se deben incorporar nuevas demandas que permitan vincular a la clase trabajadora como sujeto activo. Esto quiere decir, tomar las demandas concretas de diversos sectores de la clase obrera y del pueblo como los maestros, los trabajadores mineros, la juventud, las mujeres, los campesinos y darles un carácter transicional, que partan de lo concreto, pero que no se reduzcan a las reivindicaciones mínimas, sino que más bien estén orientadas a cuestionar al sistema económico y político en su conjunto.
A la par, se deben ir construyendo espacios de articulación y centralización que nos permitan a los trabajadores y al pueblo desarrollar un plan nacional de lucha que contemple la convocatoria a un gran paro nacional activo. Es necesario entonces, que la CGTP, los maestros organizados, la federación minera y el resto de centrales sindicales convoquen cuanto antes a un encuentro nacional ampliado de organizaciones obreras y populares para unir las luchas y encarar desde la calle y con la movilización la crisis del gobierno.
Es cierto que PPK debe irse, pero no debe irse solo. Junto a él tendrían que irse también el resto de integrantes del ejecutivo, del parlamento, así como los jueces y fiscales que blindan a los políticos y empresarios corruptos. Para lograr ese objetivo, urge pelear por una asamblea constituyente libre y soberana, dejando en claro que a ella solo llegaremos por la lucha directa del movimiento de masas y que ella, mientras dure, no solo tendrá la libertad para dar vida a un nuevo orden jurídico – que desde ya recogerá las demandas más sentidas del pueblo trabajador - sino que también tendrá la soberanía suficiente para administrar el poder ya que será en la practica la que reemplace al gobierno de Kuczynski, y emergerá como resultado de la victoria de los trabajadores y el pueblo contra el viejo régimen político heredado del fujimorismo.
