CRISIS POLÍTICA. ¿Cómo enfrentar a la derecha en Bolivia y la escalada antipopular del MAS?

La actual coyuntura de crisis de la situación boliviana, se hace incomprensible sin remontarnos a dos momentos previos de enorme importancia: el primero es el levantamiento nacional y la insurrección popular alteña del octubre del 2003 que dinamitó las instituciones de la democracia pactada en el país y dejo por los suelos todo el sistema de partidos, estableciendo una nueva relación de fuerzas entre las clases sociales que se manifestó en la prolongada lucha y crisis que sacudió Bolivia hasta el final del proceso constituyente a fines del 2008. El segundo está dado por el pacto entre el oficialismo y la oposición para dar vía libre a una nueva Constitución esta vez pactada y negociada con la derecha política y cívica sobre la base de dejar afuera del texto constitucional importantes demandas de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. La crisis actual, aunque su manifestación superficial aparece como una crisis estrechamente política, contiene estas relaciones de fuerza más generales establecida por las masas en la década pasada y en los levantamientos nacionales que cambiaron sustancialmente al país, y que de agravarse la crisis actual amenazan volver a emerger. Es este el temor de los campos en pugna y el motor que impulsa a intelectuales y periodistas de diversa orientación a hablar nuevamente de “gran diálogo político”.

Luego de 13 días de paro cívico indefinido, y luego del llamado Cabildo Nacional del jueves 31 de octubre, en el que se realizaron simultáneamente en las capitales departamentales los cabildos regionales, la dirección del paro y de todo el movimiento contra el denominado “descomunal fraude” según voceros de la oposición, pegó un salto en su carácter reaccionario y derechista al lograr separar al ala moderada de la oposición política encabezada por la cabeza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y posicionar al movimiento cívico, sector de la derecha empresarial y clerical, como dirección del conflicto.

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El movimiento que empezó con la exigencia de una segunda vuelta que habría sido birlada mediante las gruesas irregularidades durante el proceso electoral, radicalizó sus consignas exigiendo la nulidad del proceso electoral y la renuncia de Evo Morales y García Linera. El giro dado por los cabildos acentuó su carácter reaccionario y con rasgos destituyentes cuando en los mismos se dio la palabra a militares subalternos quienes llamaron a las FF.AA a sumarse a la lucha por la “democracia” y expulsar a Evo Morales del gobierno. Este llamado fue adoptado por las resoluciones de los cabildos, en una salida abiertamente reaccionaria. La separación del ala moderada de la derecha política del movimiento cívico y la afirmación del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arrastrando tras de sí al conjunto de los cívicos del país, constituye un salto cualitativo en la polarización y en la tendencia a los extremos.

La violencia en Montero y la responsabilidad de la Unión Juvenil Cruceñista

EL miércoles 30 de octubre, previo al cabildo nacional, la ciudad de Montero en Santa Cruz se vio sacudida por fuertes enfrentamientos entre miembros de la semi-fascista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la población de Montero y militantes del MAS. Como resultado de los mismos, dos personas resultaron muertas por heridas de bala junto a decenas de heridos y varias viviendas de la población de Montero incendiadas. Este pico de violencia ya se había manifestado previamente en la zona del plan 3000 en la ciudad de Santa Cruz ante los intentos de la derecha cívica de imponer el paro en las barriadas populares y en la ciudad de Montero que no acataban las determinaciones de la patronal cívica, enviando grupos de choque para esta tarea. Como afirmaron los gremiales del mercado de Montero durante los primeros días del paro cívico, las actividades en la ciudad, de alta composición migrante y trabajadora, eran normales ya que por las características de la población que satisfacen sus necesidades básicas con el trabajo del día hacen imposible sostener un paro impuesto por los patrones del comité cívico. Sin embargo, ante esta situación, los cívicos con ayuda de los grupos de choque de la UJC, intentaron imponer su voluntad a la fuerza provocando la espontanea reacción popular alcanzando el punto más alto de violencia desde que empezó la crisis el 20 de octubre.

La diferencia de lo sucedido en Montero y en el resto del país, radica en el hecho de que a excepción de esta localidad, desde el oficialismo se ha mantenido una política de movilización parcial y controlada desde el mismo Estado. Es decir, el MAS solo ha recurrido a la acción de los elementos vinculados a la burocracia sindical, pero evitando impulsar una contra movilización generalizada. Esto obedece por un lado al temor del evismo del resultado impredecible que puede significar una intervención de las amplias mayorías trabajadoras del campo y la ciudad que podrían modificar la naturaleza del conflicto reactualizando las tendencias a una movilización independiente y corriendo el riesgo de perder el control de la misma. Y, por otro lado, a sus compromisos cada vez más consolidados en la administración eficiente del aparato estatal y del capitalismo local, que podría verse seriamente malograda si las tendencias a la lucha de clases subyacentes en la actual crisis se desarrollan. El oficialismo ha apostado desde el inicio de la crisis a una salida negociada de la misma mediante el rol de la OEA y la auditoria “integral y vinculante”, evitando avanzar hacia una escalada. Es en este sentido que se entiende la afirmación de Morales de que no se declarará Estado de Sitio mientras solicitaba una tregua a la oposición para suspender sus movilizaciones hasta que la OEA culmine la auditoria. Esta propuesta fue rechazada por la unanimidad de la oposición.

Sin embargo, como señalamos líneas arriba, en Montero la intervención popular fue espontánea y motivada por la violencia derechista. Así mismo, los lugares tanto en La Paz como Cochabamba en que se desarrollaron algunos choques con los bloqueadores obedecieron fundamentalmente a choferes y gremiales que se encuentran imposibilitados de trabajar y que recurren al desbloqueo directo pero sin generalizarse los enfrentamientos. En el caso de La Paz, los bloqueos y marchas solo se han mantenido en las zonas de clase media y alta pero sin afectar el funcionamiento del aparato estatal como sí sucede fundamentalmente en Santa Cruz.

Por otro lado, en la ciudad de Tarija se produjo esta semana una concentración de las poblaciones de los once municipios rurales del departamento para la conformación de un “comité contra el golpismo” y adelantando la formación de piquetes y vigilias hasta que termine la auditoria de la OEA, en un claro respaldo al gobierno. De la misma manera para este martes 5 de noviembre la Central Obrera Boliviana (COB) junto a otras organizaciones sociales, convocan a movilizarse en La Paz en respaldo al oficialismo. En la misma sintonía la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa anunció una gran concentración de mujeres en Cochabamba para el miércoles 6 de noviembre para exigir el respeto a los resultados electorales y contra los bloqueos que afectan “fundamentalmente a las mujeres”, por el respeto al “derecho al trabajo” y “contra el odio racial”. Estas movilizaciones y gestos por parte de la burocracia sindical y campesina en defensa del gobierno de Evo Morales se realizan manteniendo el férreo control estatal sobre las organizaciones obreras, campesinas indígenas y populares y evitando la discusión de las propias demandas que son ninguneadas o negadas por el actual gobierno.

Cabildo del sábado 2 de noviembre otorga 48 horas para la renuncia de Evo Morales

Este sábado, se desarrolló un nuevo Cabildo en la ciudad de Santa Cruz, donde participaron desde el ex defensor del pueblo, Rolando Villena, hasta diversos comités cívicos departamentales, como Oruro, La Paz, Cochabamba, Tarija y Pando. Se excusaron los cívicos de Potosí y Beni que “no pudieron llegar” mientras que Sucre directamente no apareció.

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El desarrollo del Cabildo se concentró en discursos contra el fraude, por la renuncia de Evo Morales, y por la nulidad de las elecciones pasadas del 20 de octubre. Ninguna propuesta o posible salida al conflicto se expresó en este Cabildo salvo las basadas en la exigencia de una rendición incondicional del gobierno, objetivos que parecen difíciles de lograr por lo menos por ahora. Sin embargo, Camacho redobló la apuesta y dio un ultimátum al gobierno para que éste presente su renuncia en 48 horas, y afirmó, muy suelto de cuerpo que el “garantizaba” a sus oyentes en el cabildo un resultado semejante. Así mismo, el cabildo, al igual que los desarrollados el jueves 31 de octubre, reiteró el llamado a las FF.AA. para que garanticen la vigencia de la democracia en el país.

La heterogeneidad de los cívicos regionales: la dirección de conflictos del Sur

El viernes 1 de noviembre, los comités cívicos de Tarija, Sucre, Potosí, Oruro y el Comité Cívico Popular de Cochabamba, constituyeron la llamada Dirección Nacional de Conflictos del Sur, a los que se sumaron la Universidad Mayor de San Andrés, los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA), el Consejo departamental de Salud (CODESA)- de La Paz y las juntas vecinales de la zona Sur de La Paz.

Según afirmó Echalar, dirigente del Comité Cívico de Sucre y militante del POR (Partido Obrero Revolucionario), este organismo es para dotar de carácter popular al actual movimiento buscando tomar distancia de las manifestaciones más de derecha que se han venido expresando en las movilizaciones y bloqueos. Esta política se apoya fundamentalmente en la diversidad de demandas locales que los diversos comités cívicos tienen, que establecen importantes desigualdades entre los mismos. Así el Comité Cívico de Potosí, ha venido peleando desde hace ya meses en defensa del litio del salar de Uyuni y exigiendo el pago de regalías departamentales que el gobierno habría eximido a una trasnacional alemana para la industrialización del mineral. Sin embargo gobierno anunció la abrogación del DS 3738 que fue el motivo central de las protestas potosinas desde mucho antes de las elecciones, abriendo la posibilidad de una fractura entre algunos integrantes del movimiento cívico nacional, situación que fue desmentida por las declaraciones de Pumari del Comité Cívico de Potosí quien junto a Camacho de Santa Cruz, manifestó que Potosí tiene varias demandas no satisfechas y que esta abrogación llegaba muy tarde, concluyendo que hoy los cívicos se encuentran más unidos que nunca.

Imagen: Camacho y Pumari cierran unidad pese a la abrogación del D.S. 3738

El pronunciado giro a la derecha ha visto en la OEA un organismo “populista”

Los cabildos han manifestado su rechazo a la auditoria llevada adelante por una comisión de la OEA acordada entre el gobierno de Evo Morales y Luis Almagro, secretario general, de la OEA. El rechazo es sustentado en que Almagro habría avalado la nueva postulación de Morales y García Linera desconociendo los resultados del 21F así como habría sido un organismo impotente para terminar con la “dictadura” en Venezuela. Si bien la propuesta de una auditoria vinculante e integral al proceso electoral boliviano habría sido formulada inicialmente por los personeros de la oposición de derecha, el allanamiento a la misma por parte de Evo Morales y la OEA, provocó el rechazo inmediato de estos mismos voceros quienes endurecieron sus demandas exigiendo directamente la nulidad.

Para la OEA -que viene observando cómo en el conjunto del continente americano se desarrollan cada vez más tendencias a la lucha de clases como lo evidencia lo sucedido en Ecuador, Haití, Honduras y especialmente Chile, con jornadas revolucionarias que sacudieron el país trans andino, además de la convocatoria a huelga general en Colombia así como crisis orgánicas profundas como en Perú o Argentina que hacen prever futuras convulsiones sociales-, la necesidad de encontrar una salida negociada e institucional a la crisis es su política privilegiada pero sin dejar de apoyar “las demandas democráticas” de la población movilizada, como ya exigió la ONU, que desgastan y arrinconan al gobierno de Evo Morales.

La reciente renuncia del jefe coordinador de la comisión encargada de llevar adelante la auditoria, el mexicano Arturo Espinoza Sillis, para evitar que se comprometa la “imparcialidad” del proceso de auditoria estuvo motivado por declaraciones previas al proceso electoral donde Espinoza se había referido a la voluntad de Morales de quedarse en el gobierno de la manera que sea, lo que podría comprometer los resultados de la auditoria al conocerse la parcialidad contra Morales del principal responsable de la misión de la OEA. Esta renuncia aumenta las susceptibilidades de la oposición movilizada que considera que esta renuncia es parte de la desinstitucionalización que la comisión de la OEA viene sufriendo y cuyos resultados son cuestionados antes de conocerse.

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La responsabilidad del MAS en la ofensiva derechista actual

Luego del pacto constitucional del 2008 entre el MAS y los cívicos que habilitaron la aprobación del texto constitucional, hoy la vieja derecha regional y cívica levanta con fuerza cabeza y se convierte en el sujeto central de la crisis política en curso. Ha podido hacerlo gracias a la política sostenida por Evo Morales y el MAS durante todos estos años de crecimiento económico que han facilitado los negocios empresariales y particularmente de la agroindustria. Primero fueron los pactos del gobierno con la derecha política y cívica para “lavar” el texto constitucional estableciendo importantes garantías a los derechos propietarios de la tierra y las industrias, constitucionalizando el latifundio. Luego vinieron los importantes acuerdos con la agroindustria cruceña a la que se financió con fondos de pensiones en créditos baratos al sector, la ampliación de mercados para la exportación de soja y carne de res a China, y por lo mismo la enorme extensión de la frontera agrícola que derivaron en los recientes incendios en la Chiquitanía. Luego fueron los crecientes rasgos autoritarios del gobierno que avanzaron en la judicialización y persecución política de los sectores obreros o campesinos que se movilizaron por diversas demandas corporativas pero que fueron respondidas con dureza y represión desde el Estado, como sucedió con las muertes, decenas de heridos, el procesamiento de cientos de campesinos y finalmente el encarcelamiento de los dirigentes de ADEPCOCA. El mismo recorrido sufrieron dirigentes sindicales de diversas empresas como fue la hidroeléctrica Yanacachi, trabajadores fabriles de diversos departamentos, y trabajadores de servicios. La impunidad en los asesinatos como en la Universidad Pública de El Alto o más atrás en Caranavi, o las represiones brutales a los indígenas del TIPINIS contribuyeron a entregarle en bandeja varios de estos sectores a la oposición política como forma de eludir la represión estatal si Morales cae.

Finalmente, la violación de las normas pactadas con la derecha referidas a la reelección, y posteriormente el desconocimiento de nada menos que de un referéndum como el 21F, permitió que grupos y plataformas ciudadanas inspiradas en la visión de la democracia liberal, terminaran concluyendo que este gobierno avanza en un rumbo dictatorial y por lo tanto legitima el ejercicio del derecho a la resistencia. Han sido las políticas del actual gobierno en la administración del Estado, en sus acuerdos con el mundo de la industria y las finanzas, así como la creciente represión y persecución política a los sectores populares y finalmente las enormes irregularidades observadas en el escrutinio final de votos el 20 de octubre lo que ha permitido que hoy la derecha reaccionaria de los cívicos levante cabeza.

Impulsar la autoorganización y movilización independiente de los trabajadores contra la derecha y por nuestras propias demandas

Ante este escenario desde la LOR-CI hemos afirmado que nuestro rechazo a las medidas antipopulares y autoritarias que el gobierno viene desplegando no pueden significar de ningún modo el apoyo a un bloque social y político abiertamente patronal y empresarial, y que al igual que en el pasado empieza a aflorar sus convicciones conservadoras y reaccionarias, desplegando con cada vez más fuerza las manifestaciones racistas, federalistas, homofóbicas y clericales como lo evidencian las misas y cadenas de oración en puntos de bloqueo de Santa Cruz ,Tarija y hasta en La Paz.

Evo Morales, mientras busca una salida negociada con la oposición se niega y teme impulsar la movilización de las grandes masas trabajadoras del país, limitándose a amenazar como afirmó el pasado 31 de octubre en una entrevista de Radio Panamericana, "Cuidado algunos dirigentes cívicos, cuidado que el pueblo se rebele con tanto daño que están haciendo no solamente en la parte económica sino también en la parte de confrontación. (…)". Con estas declaraciones Morales, recurriendo al fantasma de la movilización popular, pretenden empujar a los cívicos a que se avengan a una salida negociada y evitar el escalamiento de la crisis, preservando lo esencial del reaccionario pacto constitucional del 2008 que dejo afuera importantes demandas de los trabajadores y el pueblo.

Solo la movilización generalizada de las y los trabajadores del campo y la ciudad, junto al conjunto de los sectores populares, puede terminar con la actual ofensiva derechista, y volviendo a poner sobre la mesa de discusión todas y cada una de las demandas democráticas que este gobierno en complicidad con la oposición ha ninguneado todos estos años.

Se hace urgente impulsar el reagrupamiento de las y los trabajadores para pelear por una salida independiente a la crisis rechazando las presiones que diversos sectores obreros y populares han manifestado a sumarse al actual movimiento cívico y que el POR alienta. Un primer paso en este reagrupamiento puede ser el encuentro convocado por algunas organizaciones sindicales independientes del campo y la ciudad este próximo 9 de noviembre en la ciudad de La Paz, encuentro que debe discutir las formas para impulsar la auto organización de los trabajadores y el pueblo combatiendo la estatización de nuestras organizaciones sindicales e impulsando la movilización para imponer nuestras demandas.

Esta pelea debe pasar por impulsar la recuperación de nuestras organizaciones sindicales expulsando a la burocracia que hoy actúa como correa de transmisión de la política del gobierno y que durante estos años actuaron como policía política en fábricas y empresas persiguiendo a quienes intentaron mantener la independencia política o reclamando derechos sindicales. Esta burocracia es la que hoy pretende movilizarse de manera controlada en apoyo al gobierno evitando que sean los trabajadores y campesinos quienes discutan de manera democrática como enfrentar la ofensiva cívica, rechazar un eventual diálogo que como el del 2008 se firmara contra los trabajadores y el pueblo y fundamentalmente por sus propias demandas.

Esta lucha por la autoorganización independiente de las y los trabajadores debe impulsar la lucha contra la estatización de nuestras organizaciones, contra la persecución política y judicial de los dirigentes sindicales, avanzando en la alianza entre los diversos sectores de trabajadores del campo y la ciudad para enfrentar juntos la demagogia democrática que los campos en disputa, tanto del oficialismo como la oposición, vienen instrumentalizando, planteando que la única salida genuinamente democrática pasa por imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que sobre la base de la movilización independiente restablezca en la agenda política todas y cada una de las demandas de los trabajadores, los pueblos indígenas, el movimiento campesino, el movimiento ecologista, el movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como las diversas tareas democráticas que el MAS y la oposición pactaron no discutir el 2008.