En menos de un año, en la facultad de derecho de la Universidad Diego Portales, han existido dos denuncias públicas aludiendo a actos de violencia machista entre estudiantes.
Miércoles 11 de abril de 2018
El primero aconteció a finales del año pasado, cuando el protocolo de acoso y abuso sexual había sido recientemente creado. Pero fue la semana pasada, cuando nuevamente salió a la luz una denuncia, esta vez por abuso sexual, por lo que estamos frente a un delito penal que perfectamente podría ser denunciado en fiscalía.
Muy bien sabemos que el movimiento de mujeres llegó para quedarse, remeciendo el sentido común de quienes antes no cuestionaban ni condenaban estas conductas. Hemos sido las y los estudiantes quienes hemos repudiado masivamente estos hechos una y otra vez, convocando a jornadas de reflexión, potenciando la exigencia y necesidad de un protocolo que realmente ampare a las víctimas y esté acompañado de instancias preventivas.
Y es aquí donde nos preguntamos: ¿Cuál es el rol de la universidad en estos casos?
Desde septiembre pasado, la UDP cuenta con un protocolo que sanciona acciones de violencia sexual. La particularidad de éste es que cada vez que se creaban instancias para debatirlo entre estudiantes y aportar modificaciones mediante un trabajo conjunto en asambleas, estas propuestas no eran aceptadas por la autoridad universitaria.
El protocolo existente sustenta sus pilares en la revictimización de quienes denuncian, contemplando una fase de “mediación” entre las partes. Esta etapa se traduce en que víctima y victimario lleguen a un acuerdo común de conciliación, entre cuatro paredes frente a alguna autoridad de la Universidad. Situación que puede ser bastante intimidante, ya que, como bien sabemos, los estudiantes no nos encontramos en una relación de igualdad frente a quienes dirigen la universidad, por lo que es muy factible que se suela aceptar con facilidad su propuesta.
¿Dónde está la revictimización?
El protocolo señala en su artículo trece, que recibida la denuncia, será la “Dirección Jurídica” quien evaluará si se debe seguir con la investigación, si se debe enviar el caso a comité de ética o tribunal de honor, o si se hace una mediación entre víctima y victimario siempre que ellos acepten.
a)La víctima muchas veces no tiene cómo probar su relato, debido a las condiciones materiales en que estos ocurrieron - producto de que no hubo testigos o estaba oscuro, por ejemplo - por lo que ir a un proceso común y corriente no se tiene sustento pues se carece de evidencia. Es aquí, ante la falta de evidencias, cuando el rol de la mediación se presenta como la única solución posible, siendo esta etapa la verdadera solución práctica que contempla el protocolo.
b) La víctima se ve obligada a mediar con el agresor algún acuerdo común, a pesar de que el protocolo señala su carácter voluntario. Ya sabemos que estar implicada en un caso de denuncia es un proceso desgastante emocional y psicológicamente, y como es la “autoridad universitaria” la que les “recomienda” mediar, la victima suele ceder, solo para acabar con el proceso rápidamente, y el victimario suele aceptar porque evidentemente no existirán consecuencias importantes. Por lo que ésta medida se traduce básicamente en hacer las paces bajo la vigilia de la autoridad de turno, una vía para no comprometer a la universidad a un escándalo mayor.
Creemos firmemente que los protocolos deben existir, pero no deben ser la única medida a tomar. Proponemos la creación de protocolos que permitan enfrentar el machismo de forma transversal, cuestionando la estructura en que se sustenta el sexismo en las universidades (en mallas curriculares, precariedad laboral, acceso, feminización, etc). Y que no funcionen como un simple manual de sanciones aplicables, potenciando el punitivismo y sin enfocarse en la necesidad de prevenir estos actos.
Para esto es necesaria la creación de un “Organismo Triestamental” que funcione con independencia de las autoridades y que esté conformado por personas elegidas democráticamente, no al azar, garantizando imparcialidad, funcionando de forma abierta a las organizaciones de mujeres y la organización de los estamentos, fomentando la participación y real injerencia de los estudiantes en la toma de decisiones, mostrando una nueva forma de entender el rol de las universidades
De lo contrario los protocolos, terminarán siendo una armónica manifestación “Pro-igualdad entre géneros”, pero que en la práctica se traducen en letra muerta, más aún, si no son fruto de la participación de estudiantes, profesores y funcionarios, para entender la problemática del machismo como algo transversal que permea todos los sectores de la sociedad como también las universidades.
