RECORTES. ¿Cómo impacta recorte del 75% a gasto operativo en las dependencias estatales?

En medio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en darle una vuelta de tuerca a la austeridad republicana. El presidente apunta a reforzar el discurso sobre el cuestionamiento a la alta burocracia del Estado y a las dependencias llenas de familiares de los altos funcionarios, así como subsecretarias que, al ser muy especializadas, no tendrían un impacto real y que abonan a un exceso de burocracia innecesaria.

Es así que, en medio de la pandemia, el Gobierno Federal ha decretado un recorte del 75% del gasto operativo o gasto corriente del presupuesto público. La Secretaria de Hacienda aplicará el recorte sobre los recursos de las instituciones públicas en los capítulos “2000 materiales y suministros” y “3000 servicios generales, considerados como gastos corrientes”.

Detrás de la retórica de AMLO para justificar este recorte, que pareciera por fin apuntar a la eliminación de los sueldos de altos funcionarios como los magistrados, los diputados y senadores, está la realidad de miles de trabajadores precarios al servicio del estado que han sido despedidos.

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Quienes han pagado la austeridad no son los altos funcionarios. Los recortes de personal previo a la pandemia apuntaron al sector de trabajadores contratados por capítulo 3000 o nómina ocho, formas precarias de contratación y con salarios de entre 5 mil y 9 mil pesos.

¿Cómo y a quiénes impacta el recorte?

Conforme al decreto presidencial, el recorte del 75% al gasto corriente impactaría a todas las secretarias de Estado y sus órganos desconcentrados, organismos descentralizados como como Inmujeres, Injuve, Pueblos indígenas o el CEAV, empresas con participación estatal como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y –en medio de la pandemia- al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), exceptuando a la Secretaria de Salud.

Lejos de lo que lo que plantea el presidente, los capítulos 2000 y 3000 no constan de gastos prescindibles como viajes de funcionarios públicos, prestaciones de los altos funcionarios o publicidad oficial, sino que garantizan servicios esenciales para el funcionamiento de las dependencias estatales.

Estos capítulos contemplan el pago de servicios básicos como la electricidad, el agua, gas, telefonía e internet, así como el arrendamiento de edificios y terrenos, servicios subcontratados de limpieza y manejo de desechos, servicio de protección y vigilancia, seguro de bienes patrimoniales, servicios financieros y bancarios y servicios postales.

Desde el capítulo 2000 de materiales y servicios, la CFE adquiere combustibles nacionales y de importación, fundamentales para su funcionamiento y el IMSS y el ISSSTE aseguran la partida presupuestaria para medicinas y productos farmacéuticos y para materiales, accesorios y suministros de laboratorio.

En este mismo capítulo se encuentra la partida para “Materiales y útiles de enseñanza para planteles educativos” que la SEP reparte a la UNAM, el IPN, la UAM y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro o el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.

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A su vez, en este capítulo se contemplan materiales, uniformes y vestuarios de protección personal para los trabajadores de la CFE, Pemex y la SEP.
En el capítulo 3000 de Servicios Generales, entra la partida presupuestaria de investigación científica y desarrollo, del cual las principales afectaciones serían a las investigaciones que desarrolla Pemex, la Secretaria de Turismo, la Sader y la Secretaria de Bienestar.

Este capítulo también contempla el pago de inmuebles y vehículos como el arrendamiento de equipo e instrumento médico del IMSS y el ISSSTE, así como la impresión de documentos oficiales, la instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, y la partida presupuestaria de “servicios generales para planteles educativos” distribuidos a la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, el IPN y a la Subsecretaria de Educación Media Superior que administra al Conalep, CETIS y CBTIS.

El recorte no es para todos

Pese al discurso del gobierno de la cuarta transformación, el recorte al gasto corriente no aplicará al Poder Judicial, ni al poder legislativo (diputados y senadores) y sus órganos autónomos.

Tampoco se tocará el presupuesto de la Secretaria de Defensa Nacional, la Secretaria de Marina y la Guardia Nacional, quienes por decreto presidencial participarán en tareas de seguridad pública hasta el final del sexenio, desplegando más de 150 mil tropas en todo el país.

Así mismo la partida destinada al pago de la ilegal deuda externa se mantendrá intacta.

La pandemia es incómoda porque demuestra las enormes diferencias sociales en el país. Mientras se habla de 12,5 millones de desempleados tras el covid-19, los empresarios continúan empujando para que seamos nosotros quienes paguemos la crisis, con estos despidos, pero también con recortes salariales, un plan de endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional y facilidades fiscales para preservar sus obscenas ganancias.

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Ellos también forman parte de los intocables, pese a la confrontación de Obrador con la Coparmex por los despidos y el apriete mediante los adeudos en el pago de impuestos, la realidad es que tras varios decretos presidenciales, ninguno apunta a la prohibición de los despidos o la puesta en pie de impuestos progresivos a las grandes fortunas de aquellos que construyen sus ganancias a partir de la precarización de millones de trabajadores.

Nuevamente son los trabajadores estatales y sus familias quienes pagarán el apriete de la austeridad republicana y no los jueces, magistrados, diputados, senadores, militares, marinos y gendarmes, mucho menos los empresarios.

Es plenamente posible cambiar las prioridades y recortar los salarios millonarios de quienes mencionamos arriba, dejar de pagar la ilegitima deuda externa e invertir en salud, ciencia, cultura y educación y no en la continuidad de la militarización del país, así como imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas de los Slim, Salinas Pliego y Germán Larrea.