OTRO PUNTO DE VISTA. Como investigadora en formación de la universidad, el “Caso Cifuentes” no me sorprende

Foto: EFE/ Emilio Naranjo

A estas alturas, resulta muy difícil seguir afirmando que se trata de un caso aislado, cuando ha salido a la luz la implicación de diferentes cargos de la URJC cuyas cabezas comienzan a rodar, como el intermitente responsable del máster o la funcionaria que cambió el expediente, cuando siguen apareciendo “distinguidos” alumnos con actas falsificadas, listas de estudiantes engordadas, firmas falsas, profesoras amenazadas, calificaciones retocadas…

Y todo esto ocurre, evidentemente, con la connivencia de toda una estructura universitaria que culmina en el rectorado, con el Rector Javier Ramos a la cabeza. Un Rector que, recordemos, fue la apuesta del anterior “Rector Copión” Fernando Suárez -protegido por el gobierno de la comunidad de Madrid que trató de impedir que compareciera para dar explicaciones en la Asamblea-, y que ganó las elecciones pese a ser el candidato menos votado gracias al voto del profesorado permanente, ponderado al alza pasando por encima de la voluntad del resto de la comunidad universitaria.

Y aquí tenemos uno de los elementos clave que convierten a las universidades en cortijos de determinados intereses políticos y económicos, la clara falta de democracia de un sistema electoral que pondera el voto hasta el punto de que el profesorado permanente, que conforma en torno al 5% de la comunidad universitaria, tiene por ley -en concreto, por la LOU- más del 50% de peso en las elecciones, así como de representación en los organismos de decisión de las universidades.

Pero aún hay más, existe un organismo irónicamente llamado “Consejo social”, presente en las universidades públicas desde los años 80 y reforzado también con la LOU en el 2001. Es el lugar donde se decide el presupuesto universitario, las ramas de estudio, las colaboraciones con empresas, o los complementos salariales de rectorado. El presidente es nombrado a dedo por el gobierno de la Comunidad Autónoma en cuestión. En el caso de la URJC, fue elegido Amancio López Seijas, un empresario dueño de un emporio hotelero, casualmente amigo de la infancia de Rajoy. En todo caso, recomiendo como ejercicio de desvelamiento y cierto masoquismo, buscar en Google a los presidentes de los consejos sociales de todas las universidades públicas españolas, no tiene desperdicio.

Pero el escándalo sigue, en ese organismo solo hay tres representantes de la comunidad universitaria -un estudiante, un profesor y un administrativo- que son elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad y no por la propia comunidad universitaria. Se suman a tres cargos natos entre los que se encuentra el Rector, y el resto se compone de supuestos representantes de los “intereses sociales” que no son más que grandes empresarios o concejales de los grandes partidos. Os propongo el mismo ejercicio de búsqueda de nombres en internet, vais a encontrar a altos cargos del BBVA, del Banco Sabadell, de Repsol, de farmacéuticas, concejales del PP y del PSOE…

Con esta democracia de cartón, ¿a quién le sorprende que las grandes decisiones de la universidad no respondan a los intereses de la comunidad universitaria y mucho menos de las mayorías de la sociedad? De hecho, ni siquiera se trata de algo ilegal, lo cual hace el problema aún más grave: las leyes que regulan el funcionamiento están hechas a medida del poder político-empresarial y, si de verdad queremos defender una universidad totalmente pública, tenemos que cuestionar hasta el final sus bases y no dejar pasar otro escándalo más con una solución cosmética, como ya ocurrió con los plagios del anterior Rector de la misma universidad que está hoy en las portadas de todos los medios, solventado con unas elecciones adelantadas y un sucesor elegido a dedo.

Es el momento de cuestionar también la otra pata que sostiene este régimen de clientelismo, la enorme precariedad sobre la que se sostiene la universidad. Es de conocimiento común que cuando tu empleo depende de la veleidosa voluntad de altas instancias, resulta difícil expresar cualquier tipo de crítica, o actuar de manera independiente. Pues bien, la universidad se ha llenado de figuras como la de profesor visitante, cuya contratación puntual depende enteramente del rectorado, o la de profesor asociado, pluriempleado que cobra desde 300€ al mes, que sustituyen a puestos de trabajo fijos y, en algunas universidades, imparten hasta el 70% de las clases.

He aquí la autonomía universitaria, he aquí la libertad de cátedra y el espíritu crítico y transformador de una universidad que, lejos de ser un motor de transformación de una sociedad y un sistema que a todas luces no funcionan, se convierte en su réplica.

Por eso, las y los trabajadores de la universidad y el estudiantado no podemos permitirnos el lujo de limitarnos a pedir la dimisión de la corrupta Cifuentes, o tal vez la del Rector responsable, tenemos la responsabilidad de profundizar en los problemas endémicos de un sistema universitario que permite y promueve este tipo de actuaciones, que exige a los alumnos tasas imposibles y regala másteres a los poderosos, que configura los planes de estudio tomando un café con grandes empresarios y concejales del PPSOE, que no hace público el salario total de los altos cargos y, en definitiva, que vende nuestra universidad al mejor postor.

Conquistemos una universidad que nunca fue nuestra, tomemos el ejemplo de los estudiantes y los trabajadores franceses que a 50 años del mayo del 68 vuelven a salir a la calle. Que los vientos de cambio del mayo francés lleguen a las universidades españolas.