Catalina Pérez, presidenta de RD, partido que encabeza el Frente Amplio, accedió a ser parte de la reunión convocada por el ejecutivo con los presidentes de los partidos y propone medidas para “restituir” la democracia.

Galia Aguilera Profesora, y dirigenta del Partido de Trabajadores Revolucionarios
Viernes 1ro de noviembre de 2019
14 días de jornadas con carácter de revuelta popular, masivas evasiones y manifestaciones en distintas estaciones de la gran capital, 70 estaciones de metro resultaron con daños y 20 de ellas quemadas, barricadas a lo largo del país, manifestaciones artísticas, combinadas con concentraciones y marchas pacíficas multitudinarias, millones en las calles de todo el país, la frase “no son los 30 pesos, son los 30 años” expresaba el sentir de una sociedad basureada por la popularmente llamada “clase” política, es decir, por los representantes político de la clase empresarial, aquellos que han legislado a favor de la decadencia, desesperación y desgracia de las grandes mayorías que recibe sueldos que no permiten vivir tranquilos, con deudas y sin poder satisfacer las necesidades básicas de una familia, como es la salud, educación, pensiones, vivienda, trasporte, a pesar de dejar su vida en los trabajos, y en la pobreza total cuando no se consigue un empleo.
Frente a todo este descontento, la línea del gobierno fue imponer un estado de emergencia y toque de queda, es decir militares en las calles equipado con rifles, lacrimógenas, gas pimienta y bombas de humo que la población repudio ampliamente en las calles. La ofensiva del gobierno significó un saldo de 23 muertos confirmados durante el estado de emergencia. El INDH ha presentado 167 acciones judiciales, cinco son por homicidio, 120 por torturas, de estas 18 son por violencia sexual; además de 13 amparos, entre otras causas, y ha registrado 4271personas detenidas en comisarías, y 1035 heridas en las visitas a centros de salud.
Sólo alrededor de la Plaza Italia se concentraron más de 1 millón 200 mil de personas el viernes 25 de octubre en pleno estado de emergencia, la masividad fue tal, que alcanzo a todas las ciudades de Chile. Claramente una manifestación multitudinaria que cuestiona el régimen y cada uno de los pilares de la herencia neoliberal impuesta en la dictadura de Augusto Pinochet. En la encuesta Cadem, Piñera cae a un 14% de aprobación, transformándose por lejos el presidente con más baja aprobación en la historia de esta mediciones.
Mientras las calles gritan #FueraPiñera, Revolución Democrática planteaba acusación constitucional a su fiel primo y delfín, el ahora exMinistro del Interior Andrés Chadwick, quien fue relevado del gabinete en el cambio ministerial del 28 de octubre. El cambio de gabinete fue considerado como un “chiste”, pues después de revelar "he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición", sólo relevó de su gabinete a tan solo cuatro carteras: Deportes, Trabajo, Economía e Interior, el resto solo fueron enroques.
El primer intentó del gobierno para cuadrar a los partidos del régimen, Revolución Democrática se negó debido al estado de emergencia. Una vez bajado el estado de excepción, el gobierno vuelve a proponer la reunión con los partidos del régimen, esta vez Catalina Pérez, presidenta de RD, asiste a la instancia.
En declaraciones que mostraban un pie en cada trinchera, la diputada por el Frente Amplio, trata de articular un discurso para no quedar mal con nadie, y mostrar su clara disposición a un dialogo que propone redireccionar una salida conciliada la crisis actual.
Su justificación fue que “los partidos tienen la obligación de dialogar” sus propuestas con el gobierno, si bien reconocen que el gobierno fracaso, la salida es que se mantenga con “la obligación y deber de gobernar con las ideas de las grandes mayorías en la calle”. Es decir, que existe la posibilidad de dialogar con un gobierno que impuso una represión brutal contra los manifestantes, donde la misma diputada plantean que existe graves violaciones a los derechos humanos; “esperamos que sea hoja de ruta cambie no es posible la restitución democrática si nos asegura el resguardo de los derechos fundamentales de nuestro país”, pero lo que no da cuenta la diputada de la región de Antofagasta es que durante más de 30 años Chile se consolidó una democracia en beneficio de los ricos, y que la represión durante estas jornadas expreso la defensa brutal de este gobierno y el régimen que lidera.
Para dar respuesta a la situación, Catalina Pérez plantea la amplificación de este diálogo promoviendo así la “restitución” de la democracia de Piñera por sobre los movimientos ciudadanos y sociales, proponiendo una agenda corta nombrada “no más abusos”, que entre sus medidas se encuentra la necesidad de quitar el proyecto de reforma tributaria, subir el sueldo mínimo a 420 mil pesos que para ella le permitiría a una familia de 4 personas salir de la pobreza, que el gobierno ingrese un proyecto paralelo para asegurar que al menos la pensión básica que permita sacar a los adultos mayores de la línea de la pobreza y en 5 años avanzar a pensiones equivalentes al sueldo mínimo. Propuestas bastante escuetas si pensamos en las necesidades de un o una trabajadora o para quien vive los últimos años de vida.
La líder del principal partido del Frente Amplio plantea la responsabilidad de entregar propuestas al gobierno al mismo tiempo que plantea la necesidad de un proceso constituyente, pero ¿Es legítimo un proceso constituyente liderado con un Gobierno que viola los derechos humanos e impone una brutal represión sobre un pueblo movilizado? ¿Por qué el camino a un proceso constituyente debe mantener la figura del ejecutivo bajo recomendaciones de una agenda corta? ¿Por qué los millones de movilizados deben confiar que el gobierno escuchará?.
Te puede interesar: Qué tipo de Constituyente y cómo imponerla: un debate con el PC y el Frente Amplio
A esta estrategia se pliegan los organismos de la mesa de unidad social compuesta por centrales sindicales como la CUT, la Unión Portuaria, el Colegio de Profesores, No+AFP, Confech, organizaciones feministas, de la vivienda, ciudadanas, ambientales, etc., En el llamado a la última huelga general de 24 horas, eliminan de su convocatoria el #FueraPiñera, junto a un pliego de demandas, plantean nueva Constitución Política de la República vía Asamblea Constituyente, muestra que su disposición se encuentra en un dialogo ya actuante.
La estrategia del FA al igual que de la mesa de unidad social, es que el camino para conquistar una asamblea constituyente es que el gobierno tome ciertas medidas mínimas, respetando la institucionalidad represiva actual, es decir aspirar a una justicia y paz social en manos de quienes dispararon contra el pueblo.
Una asamblea constituyente libre y soberana, que discuta los temas estructurales que la sociedad necesita pasa porque ninguna de las instituciones del régimen estén por sobre esta instancia, para así el pueblo, trabajadores, mujeres y jóvenes, decidan. Sería una nueva burla que para acabar con toda la herencia pinochetista se tenga de amparador el gobierno actual completamente deslegitimado. Esta estrategia lo que está haciendo es dándole oxígeno a un gobierno y régimen moribundo.
La gran fuerza social hoy desplegada en las calles, podría imponer ya una asamblea constituyente libre y soberana, para tal situación la apuesta fundamental, es que los grandes sectores económicamente estratégicos como la minería y otros sectores de peso productivo, paralicen los grandes centros económicos junto con los sectores públicos que han estado presentes, como el sector de salud y educación, organizando asambleas, comités y coordinadoras en todo Chile, dando un golpe de gracia al gobierno, y conseguir la instancia para poder luchar por las necesidades del pueblo, luchando por medida como, poner fin al saqueo con la renacionalización de los recursos naturales controlada y gestionada por los trabajadores y las comunidades; No más AFP, por una pensión mínima acorde a la canasta básica familiar y por un sistema de reparto público, tripartito y solidario, gestionado por trabajadores y jubilados; Educación gratuita, de calidad, no sexista ni heteronormativa; el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo-nación mapuche; Fin al negocio inmobiliario con un plan de viviendas públicas, que implique una reforma urbana integral en beneficio de las grandes mayorías, entre otros.