Reuniones entre Defensa y la comandancia en jefe definieron los cambios al cuestionado sistema de reembolsos. También hay preocupación por el mantenimiento del potencial bélico.
Domingo 19 de mayo de 2019
Para contextualizar, a principio del año pasado, la ministra en visita Romy Rutherford amplió el caso de fraude al fisco por parte de la institución, abriendo una arista denominada Empresas de turismo donde oficiales del Ejército habrían participado receptando dineros públicos, implicando a empresas de turismo por facturas falsas de servicios no prestados, que resultó en la salida del general del ejército y segundo al mando de la institución militar, John Griffiths.
Por ello, hoy los ex comandantes en jefe, se ven con el agua hasta el cuello porque los fraudes del ejército ya no se pueden esconder bajo la alfombra. Cada vez queda más al descubierto la serie de irregularidades que se cursan con los dineros públicos que maneja la institución. Así, la inédita diligencia que dictó Rutherford implica un golpe a la ya nula credibilidad de los Altos Mandos.
Esta semana, el Ejército marcó un hito desde que comenzaron los cuestionamientos a la institución por el millonario fraude que allí se investiga. En una hoja de ruta, definida entre el Ministerio de Defensa y la comandancia en jefe, se firmó la resolución para pedirle a su personal la restitución de los dineros obtenidos a través del cuestionado sistema de pasajes y fletes.
Esta nueva postura del Ejército marca un cambio en la visión de la institución respecto del “derecho a pasajes”, pues antes no se habían reconocido errores. Desde que la ministra en visita Romy Rutherford abrió la arista “Empresas de turismo”, siempre se habló de un “derecho”.
El tema, en su conjunto, ya lleva años. Las presuntas irregularidades partieron siendo denunciadas por el propio Ejército en 2014. Se trataba de un desfalco en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), con recursos obtenidos de la Ley Reservada del Cobre. Pero el caso creció en complejidad y procesados. Tras la fiscal militar Paola Jofré las indagatorias fueron asumidas por dos ministros en visita: primero Omar Astudillo y ahora Romy Rutherford, quien investiga 27 aristas distintas.
Una de ellas, sin embargo, descubierta por la propia Rutherford, es la que más complica al Ejército, ya que los investigados son en su mayoría generales y coroneles.
“Empresas de turismo”
Según los antecedentes de la causa, el sistema de pasajes del Ejército permitía que los militares obtuvieran ingresos directos a sus cuentas corrientes, a través del dinero que sobraba de la adquisición de boletos para sus comisiones de servicio al extranjero.
A partir de eso el Ejército tomó algunas decisiones. En diciembre de 2018 el ministro de Defensa, Alberto Espina, comenzó a liderar una serie de reuniones con el comandante en jefe, general Ricardo Martínez, para afinar los cambios. En el Edificio de Zenteno estas reuniones de coordinación se extendieron hasta abril pasado, tras un informe en derecho sobre el funcionamiento de la compra de pasajes, efectuado por el abogado Jean Pierre Matus, que luego dio origen a una investigación administrativa. El ministro solicitó -y acordó con el general Martínez- que si se comprobaban malas prácticas pasadas habría que reconocerlo y solicitar a los involucrados la restitución del dinero. Y así fue.
El informe concluyó en sus puntos clave que los pasajes no son “un derecho a una cantidad de dinero que ingresa al patrimonio del personal para su libre disposición”.
Esa investigación administrativa, firmada por el coronel José Álvarez, corroboró las observaciones de Matus y propició el mea culpa respecto de “errores administrativos y de interpretación institucional”.
En el Ejército se considera que el mal uso de la compra de pasajes era una práctica generalizada entre todo el personal, desde soldados rasos hasta generales, bajo un desorden normativo, pero que la investigación solo ha puesto el foco en los altos oficiales. Las actas de procesamiento que se han cursado hasta la fecha, sin embargo, difieren de esta visión.
La interna
La investigación de Rutherford inquieta al mundo castrense, pues se cree que podría afectar el denominado Mantenimiento del Potencial Bélico (MPB). Además, en los mismos círculos se estima que el Ejército habría dado señales concretas. Entre ellas, dar de baja a 21 generales en noviembre de 2018 (de los cuales ninguno ha sido procesado) y esta misma resolución que fija la devolución de dineros.
Otras fuentes del caso difieren de esa visión. Aseguran que la colaboración de la institución ha sido parcial. Sostienen que los oficios de solicitud de información demoran hasta seis meses, lo que motivó una incautación el 22 de abril pasado en el Edificio Bicentenario, donde se obtuvo información de los generales pasados a retiro a partir de la cual se tomarán algunas declaraciones próximamente. Desde el Poder Judicial, además, señalaron que esa diligencia no fue coordinada, como dijo el Ejército en esa ocasión.
Las fuentes consultadas agregaron que parte de la información que se envía al tribunal está incompleta. Por ejemplo, en noviembre de 2018, en medio del procesamiento a uno de los inculpados, Rutherford encontró un cuaderno con 20 hojas arrancadas del libro Registro de Rol de Agencias.
En Defensa se mantiene el apoyo a Martínez, quien cuenta con la confianza del gobierno. Rutherford, en tanto, seguirá con las pesquisas, que involucrarán a más generales y coroneles activos.
Además, diez meses le quedan a la jueza para terminar con su visita en la causa. Por ello, se aproxima a cerrar algunas aristas, para luego abocarse por completo a las más complejas, como la del excomandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, y la de “Empresas de turismo".
Es por esto que ante una institución profundamente cuestionada, sumida la corrupción y las practicas de brutal violencia contra mapuche, estudiantes, mujeres y trabajadores es necesario apostar por su disolución, debido a que es una utopía reformarlas cuando desde sus bases no tienen otro objetivo que ostentar privilegios a cambio de la defensa de los intereses empresariales.
