Una de las primeras reformas aprobadas por el Senado de la República, la primera derivada del Pacto por México (acordado entre los partidos PRI, PAN y PRD), fue la “Reforma Educativa”, que era -y sigue siendo- de una total desconfianza, rechazo e incertidumbre por parte de profesores, trabajadores y padres de familia. Los profesores no sabemos con certeza qué va a ser de nuestro empleo, ni mucho menos del destino que tiene la educación de los niños y la juventud a nivel nacional.
Maestro Javier Méndez Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Viernes 16 de octubre de 2015
*Imagen tomada de: http://e-oaxaca.com/
Dicha desconfianza e incertidumbre recrudece al ver a un sindicato que prácticamente está borrado como figura de oposición a este atentado contra la educación y nuestra estabilidad laboral, sólo aparece para arrodillarse frente al Estado y explicar las "bondades" de la Deforma Educativa -bautizada así por algunos de mis compañeros maestros- defendiendo lo que con el paso del tiempo se está haciendo evidente: el desmantelamiento de la educación pública y la persecución al magisterio.
Control y represión por parte del gobierno
Como se muestra en el despido de 291 maestros de educación básica regular y técnica que por no presentarse al examen de evaluación "diagnóstica" -que en realidad es punitiva, porque si no pasas los tres intentos de prueba señalados en la Ley General de Servicio Profesional Docente, corres el riesgo de que te muevan de tu puesto de trabajo y, aunque no lo diga explícitamente, puedes ser despedido más fácilmente- de primer año de servicio, fueron automáticamente echados, situación respaldada por la ley sin derecho a revisión o amparo legal, lo que demuestra que la evaluación sirve de control laboral y no como formadora de educación de calidad.
Ahora con las suplicas de Aurelio Nuño, actual secretario de educación pública, pidiendo a los maestros que colaboren con la primera mitad de la evaluación, que consiste en subir a la plataforma del portal del Servicio Profesional Docente (SPD) cuatro evidencias del "desempeño" docente, muestra el enorme descontento frente a las medidas del gobierno para mantener a raya cualquier intento de insubordinación, pues la enorme carga de trabajo impediría a cualquier trabajador su derecho de organizarse políticamente. Como incluso lo expresa la "normalidad mínima”, establecida en el Acuerdo 717, la cual coarta el derecho de protesta y huelga de los trabajadores de la educación, al establecer como punto principal que “todas las escuelas y todos los docentes deben brindar servicio todos los días del ciclo escolar”.
Además, como aquí lo menciona la profesora de educación secundaria, Eva Parra, el hecho de que este reporte sea llenado por los directivos o supervisores de las escuelas fortalece enormemente el control de las autoridades sobre los maestros.
La reforma gira en torno a un control policial de la comunidad magisterial y estudiantil que acaten las normas sin lugar para la crítica. El gobierno ha comenzado a clasificar a las escuelas a partir del promedio que obtienen sus alumnos, haciendo que los maestros nos sintamos presionados por poner mejores calificaciones a nuestros alumnos sin que eso signifique que su conocimiento realmente haya aumentado. La apuesta del gobierno es hacer creer al pueblo que los altos promedios reflejan la calidad que en realidad no les brinda a los alumnos.
Se acerca el periodo de exámenes estandarizados, segunda etapa de evaluación docente, planeado tentativamente entre el 14 y el 29 de noviembre, y si queremos echar abajo la reforma educativa, para recuperar nuestros derechos laborales y la educación pública para los niños y jóvenes del país, debemos estar organizados para enfrentar al gobierno una fuerza capaz de impedir que nos ataque con la violencia de las fuerzas armadas a su cargo: policías, granaderos, gendarmes, etc., aplastando nuestra lucha y negando nuestro derecho a decidir, afectando también a las nuevas generaciones.
Presupuesto a la educación por los suelos
Ningún alto funcionario de la actualidad tiene a sus hijos inscritos en escuela pública, ninguno de ellos ha estado frente a un grupo, ¿Cómo deciden el futuro educativo de millones de personas sin siquiera conocer las carencias reales de cada escuela? Se desea implementar -por ejemplo- el uso de las tecnologías de la información (TIC´s) cuando en la escuela donde trabajo (en una zona urbana), la mayoría de los salones no tiene tomas de corriente eléctrica, más de la mitad de las computadoras de laboratorio no funcionan, hay cortes de luz recurrentes. Esto, ni siquiera se compara con las pésimas condiciones en las que son obligados a tomar clases miles de estudiantes de educación pública en escuelas en zona rural, donde carecen de pisos pavimentados, de luz eléctrica, a veces incluso de sillas, techos, instalaciones sanitarias o incluso de salones. El informe “Censo Educativo. Radiografía del dispendio presupuestal” del centro de análisis y políticas públicas, México Evalúa, realizado en 2014, reportó 2 mil 623 escuelas de educación básica en México con problemas de déficit de infraestructura, de las que los casos más graves son Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Cabe señalar que el presupuesto designado a la educación es tan escaso, que no sólo los maestros deben comprar sus materiales didácticos para trabajar, sino que en muchas ocasiones se les exige realizar actividades fuera de su horario laboral o que no les competen, para subsanar la falta de personal y recursos suficientes; además se exige a los padres de los alumnos que paguen cuotas cuando no, que además cumplan con funciones de mantenimiento como pintar muros, lijar o pintar bancas, arreglar instalaciones eléctricas, y a veces hasta asear las instalaciones. Por ejemplo, en Oaxaca, miembros de la gendarmería se ocupan de labores de mantenimiento que debería realizar personal capacitado y contratado para ello, pero esta situación también le sirve al gobierno como pretexto para mantener vigilancia militar en espacios públicos que no deberían ocupar, para controlar los movimientos del sector más combativo de la CNTE, la Sección 22.
Durante las juntas de Consejo Técnico Escolar (CTE) se plantea una Ruta de Empeora -otro rebautizo- que -lejos de apostar por resolver los problemas de infraestructura en las escuelas a través de exigir al Estado su aportación económica para garantizar el derecho a la educación pública, el acceso de la población a recursos culturales, científicos y tecnológicos; exigiendo la reducción de los altos costos de los salarios de los funcionarios de las cámaras de gobierno y del presidente, así como el no pago de la deuda externa y la aplicación de impuestos progresivos a los grandes capitales: de empresarios y terratenientes- se convierte en la imposición de una serie de actividades que solo engordan la carga administrativa de los docentes con el llenado de formatos que parecen interminables y no reflejan un cambio real en las condiciones tan miserables que viven nuestras escuelas.
Así es como me toca vivir día a día la reforma educativa en mi trabajo, de forma precaria, como viven cientos de miles de docentes. Es por ello que desde La Izquierda Diario y el Boletín de trabajadoras y trabajadores de la Educación Nuestra Clase, te invitamos a que describas y denuncies las condiciones en las que se encuentra tu centro de trabajo, no solo en cuestiones materiales o en los servicios, sino también para denunciar abusos de las autoridades.
Mándanos tu denuncia al correo: [email protected].
Con información de La Jornada y Ángulo 7.