El Ejército irrumpió en el pueblo Palmarito, municipio Quecholac, Puebla, el miércoles 3 de mayo. Los muertos: 7 pobladores, entre ellos al menos un niño, y 7 militares, y la indignación de un pueblo de campesinos. La versión oficial alega enfrentamiento con ladrones de ductos. Pero es imposible el robo de combustible y su venta sin la participación de funcionarios.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Lunes 8 de mayo de 2017
El Ejército no sólo balaceó a numerosos pobladores desarmados, y desapareció a 13 personas, según las denuncias de los pobladores. También detuvo a 14 personas, entre ellos 5 menores, uno de los cuales falleció producto de las heridas provocadas por la agresión de los militares. Poco después, los pobladores bloquearon la carretera que comunica Puebla con Veracruz, con neumáticos prendidos fuego. La excusa para el operativo fue el robo de combustible.
Así es que con la excusa de combatir al crimen organizado, en particular a quienes se dedican al robo de ductos, el panista Antonio Gali, gobernador de Puebla, junto con el gobierno de Peña Nieto, ordenó el envío de 2,000 militares al pueblo de Palmarito. Los pobladores, que apenas han enterrado a sus muertos, arden de indignación.
Por su parte, los maestros organizados en el Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) exigen que no se militarice el denominado “Triángulo Rojo” -que incluye los municipios Palmar de Bravo, Quecholac, Tecamachalco, Acajete, Tepeaca y Acatzingo-, al tiempo que demandan a las autoridades locales que se investigue el robo de hidrocarburos, en el que consideran que están involucrados funcionarios de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
De tomas clandestinas y alianzas corruptas
La paraestatal Pemex declaró en 2000 en Puebla 15 tomas clandestinas del oleoducto. Para 2016, llegaron a 1,533. En el plano nacional, en el 2015 se detectaron 5,252 tomas, en tanto que en 2016 la cifra ascendió a casi 7,000. En promedio cada dos horas se perfora algún nuevo ducto y el impacto económico que se crea por el mercado de hidrocarburos robado llega a 40.000 millones de pesos al año (unos 2.000 millones de dólares), según datos oficiales. Muchas de estas tomas ocasionan explosiones, contaminación o incendios que ponen en riesgo a la población y al medio ambiente.
Huachicoleros es el nombre de quienes se dedican a “ordeñar” los ductos de Pemex. Huachicoleo se llama la actividad. Según distintos informes, en algunos casos se fusionaron con cárteles del narcotráfico, en otros operan coordinados. Palmarito, de acuerdo con el fiscal de Puebla, es una plaza en disputa entre dos grupos: Los Buchanan’s -de los cuales fueron detenidos 87 miembros- y otro encabezado por alias Toñín.
Se calcula que Pemex perdió entre 8.000 millones de dólares por el huachicoleo entre 2009 y 2016. El combustible robado se vende a empresas estadounidenses, que de esta manera abaratan el costo del combustible que necesitan, industrias mexicanas y particulares. Son 10,000 barriles de petróleo diario que saquean los cárteles del narcotráfico a Pemex.
En 2016 se sancionó una ley que endurece las penas contra el robo de combustible en México. Es la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Hidrocarburos, más conocida como ley antiordeña. La normatividad impone penas de 15 a 25 años al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos. A su vez, penaliza a quien compre, enajene, reciba, comercialice, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos sin consentimiento de contratistas, permisionarios o distribuidores. Claro que no tuvo efecto: las tomas clandestinas se incrementaron un 33% y se presentaron solamente 33 investigaciones ante un juez, y en muchos casos, todo queda sin efecto.
El robo de hidrocarburos es un negocio muy rentable. Pero imposible de llevar a cabo sin el aval de las autoridades. ¿Cómo ocultar las pipas donde se traslada el combustible? ¿Cómo pasa a través de la frontera? ¿Cómo llevan a cabo los trámites de aduana?
De acuerdo con Raúl Benítez Manaut, sólo personas capacitadas y que estén al tanto de la operación de los ductos puede realizar la ordeña de combustibles. Señala que se trata de trabajadores sindicalizados de la paraestatal y que toda la actividad se realiza con la participación de funcionarios de Pemex, del sindicato, así como autoridades de gobiernos locales. En otros informes, se dio conocer que los grupos del crimen organizado reclutan para estas operaciones a trabajadores de Pemex, bajo amenaza de muerte a ellos y a sus familias.
Se trata de todo un entramado de corrupción y de nuevo la sombra de los vínculos de la “casta política” con el crimen organizado se perfila en esta escena dantesca.
Alto a la militarización y al saqueo
Desde 2006, durante el gobierno del panista Felipe Calderón se ha desatado la guerra contra el narco, donde la clave fue el despliegue de la militarización en todo el país para imponer un clima de terror. Una guerra financiada por Estados Unidos con los fondos de la Iniciativa Mérida, que incluye la venta de armas, el entrenamiento de las fuerzas represivas por parte de agentes estadounidenses y hasta el accionar de estos últimos en territorio mexicano.
El único resultado de esto fue el incremento de los feminicidios, de las ejecuciones, de las desapariciones forzadas, de los casos de personas torturadas por el Ejército o la Marina, de los desplazamientos forzados. No existen cifras oficiales, pero se estiman entre 100,000 a 200,000 muertos y de 20,000 a 30,000 desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una política de Estado para mantener a raya la protesta social, para facilitar la entrega de recursos al capital privado. Y no lo han logrado: desde el movimiento por Ayotzinapa, luchas en la industria maquiladora de la frontera norte, la lucha contra la reforma educativa del magisterio son las expresiones más representativas que cuestionaron en los hechos al gobierno de Peña Nieto.
Mientras tanto, se suceden casi con vértigo los casos de altos funcionarios vinculados con el narcotráfico, como los exgobernadores César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Rubén y Humberto Moreira de Coahuila por mencionar sólo
algunos. Y son los mismos parásitos de la casta política quienes gobiernan en beneficio de las trasnacionales, los magnates y el imperialismo estadounidense.
Contra la militarización y el saqueo de Pemex -que se perpetra también a gran escala “legal” con la reforma energética- es fundamental la unidad entre los trabajadores de Pemex, organizados desde las bases y expulsando a Deschamps y sus secuaces, con maestros y trabajadores de la industria y los servicios, así como con los sectores populares. Sólo esa enorme fuerza social puede terminar con la militarización, el robo de combustible, con la venta de los recursos energéticos y las refinerías a las trasnacionales y con los despidos en el sector.
Sólo la renacionalización bajo control obrero de Pemex puede garantizar que la explotación de hidrocarburos se lleve a cabo de manera racional y protegiendo el medio ambiente. Sólo así los recursos que genere esta industria estratégica se pueden poner al servicio de las necesidades de las mayorías, para garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda.
