El próximo viernes 21 de junio, desde la Plaza de la Escuela 83, familiares, amigos y compañeros de Gonzalo Guenchur marcharán por el centro de Comodoro Rivadavia para exigir justicia a un mes del trágico crimen del joven de 17 años. Ante el discurso securitario y mano dura del gobierno provincial, que solo ofrece pobreza, represión y encierro, ponemos a debate una propuesta desde la izquierda.
Miércoles 19 de junio de 2024 15:42
El crimen de Gonzalo Guenchur que solo tenía 17 años y fue cruelmente asesinado el martes 21 de mayo de este año, alrededor de las 7 de la mañana en el barrio Ceferino Namuncurá, en la zona sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuando quiso recuperar el celular que le habían robado cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela. Noelia Alderete, madre de Gonzalo, expresó a través de las redes sociales su dolor y frustración: “A un mes y todavía no hay certezas”.
Este crimen volvió a instalar en la agenda política de la provincia de la mano del gobernador Ignacio Torres, que reproduce en la provincia los dichos de Patricia Bullrich, el reclamo de bajar la edad de imputabilidad a los menores.
“El hecho de un joven menor de edad asesinando a sangre fría a Gonzalo Guenchur es impactante, conmovedor. Escuchamos mil veces que el homicida ejecutó a un inocente. La noticia nos causa escalofríos, genera miedo. Pero esta tragedia, no nos pueden hacer olvidar que el número de menores que cometen esos delitos es insignificante. Según los datos, un 5% de los homicidios son cometidos por jóvenes que están por debajo de la edad actual de imputabilidad” señala José Garriga Zucal, Doctor en Antropología social (UBA), investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín.
El discurso punitivista y la campaña alrededor de la llamada "inseguridad" están basados en (falsos) sentidos comunes, en un discurso mentiroso y cifras manipuladas. Sin embargo, cala hondo en amplios sectores de la sociedad porque sería necio negar la existencia, hoy, ayer y mañana, de robos y en menor medida, de homicidios. La repetición al infinito de un hecho delictivo en cadena nacional, día tras día, da la idea de que no ocurrió uno, sino centenares de delitos. De este modo, el "te matan por un celular" parecería dar cuenta de una ola imparable de asesinatos que asedian nuestro país. Así, de manera esquemática, se construye la campaña punitiva y de mano dura del gobierno y su ministra estrella.
Gonzalo Guenchur
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Cada cierto tiempo, sobre todo ante un crimen brutal, la cuestión de la baja de la imputabilidad vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda política, con argumentos que alegan que esta medida es necesaria para mitigar el delito. Estas propuestas punitivas con respecto a la infancia y adolescencia no son exclusivas de nuestro país; lamentablemente, podemos observarlas en diversas partes del mundo.
Esta “demagogia del castigo” fomenta la acción de la fuerza policial contra las infancias y adolescencias, dando lugar a ejecuciones extrajudiciales: el hostigamiento y los casos de "gatillo fácil" parecen dirigirse siempre hacia los sectores más humildes y desfavorecidos, sino veamos el caso de Lautaro Labbe, de 16 años, asesinado por la policía de Comodoro Rivadavia en 2023.
Lo que sugieren los organismos especializados en infancia y adolescencia, como la Unicef que ha afirmado que “En Argentina, la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”.
Amparado en el asesinato de Gonzalo Guenchur, el gobernador Torres se suma a la propuesta del ministro de Justicia Cúneo Libarona, que mandará un proyecto al Congreso para bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos como robo o hurto. El mismo gobierno que amplifica la miseria y precarización de la vida de millones de pibes y pibas, plantea la cárcel como “destino” para quienes quedan a merced del gran delito amparado por policías y funcionarios.
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Estos sectores de la juventud, brutalmente castigados por las medidas de ajuste de oficialistas y opositores, son los principales destinatarios de las leyes penales. Son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, así como la violencia policial. Es perverso, porque no plantean ni una sola medida para resolver los problemas básicos de los jóvenes.
La baja de edad de punibilidad no es un proyecto solo de La Libertad Avanza o del Pro. En 2009, por impulso del gobierno de Cristina Kirchner, la Cámara baja aprobó que pase de 16 a 14 años. Perdió estado parlamentario y finalmente no se aprobó.
Como señala Daniel Satur “El reaccionario “debate” sobre la baja de la edad de imputabilidad se reaviva en medio de una crisis económica y social que deja a cada vez más niños y niñas en la pobreza. La ministra de “seguridad”, que sabe de balas pero desprecia casi todo lo demás, sueña con criminalizar a la población desde los 12 años”.
Con su ametralladora de iniciativas estigmatizantes, criminalizadoras y represoras, Bullrich es la colaboradora perfecta de Milei, que viene aplicando un brutal plan de saqueo sobre los ingresos populares en beneficio directo de los sectores más concentrados y poderosos de la economía. Esa política quiere aplicar el gobernador Torres en la provincia de Chubut. Un plan de ajuste sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras que sólo puede “pasar” si, a la vez, se aplica una férrea política de control social, criminalización de la pobreza y represión a la protesta.
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Vale recordar que hace veinte años fue el naciente kirchnerismo el que impulsó la sanción de las llamadas “Leyes Blumberg”, un paquete de normas de endurecimiento de penas que, lejos de resolver las causas de la “inseguridad”, profundizó la represión en los barrios y la saturación de las cárceles con una población cada vez más pobre y joven.
Como señala Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires “Lo sorprendente, teniendo en cuenta esta realidad donde se agudiza la miseria y la presión a delinquir por desesperación (la mayor parte de las veces impuesta por las llamadas "fuerzas de seguridad" como en el caso de Luciano Arruga), es que sólo el 0,4 % de las condenas registradas por el propio Ministerio de Justicia de la Nación en 2016 pertenezcan a menores de 16 años y que en 2017 en la Provincia de Buenos Aires sólo el 3,2 % de las denuncias involucren a los menores”. Y agrega “Mientras tanto, según la CORREPI, el 50% de los casos de gatillo fácil policial tienen como víctimas a los menores de 25 años. Contrastando las estadísticas puede verse a las claras que el sector más vulnerable de la sociedad, el que más sufre la crisis vía ajuste y represión, es puesto como blanco de estigmatización y pasa de ser víctima a ser victimario”.
La derecha y su versión neopunitiva pregona la baja de la edad de imputabilidad directamente tratando a los menores como enemigos peligrosos y por lo tanto culpables de gran parte de los males sociales. Esto se sostiene sin muchos argumentos científicos ya que todas las estadísticas dan cuenta del bajo porcentaje de menores que cometen delitos. La opinión de los expertos que predomina es que no hay ninguna vinculación entre la edad de imputabilidad y la cantidad de crímenes que se cometen, lo cual quiere decir que es inútil y demagógico pretender bajar los índices de criminalidad bajando la edad de imputabilidad. Además, dentro de los pocos delitos que son cometidos por adolescentes, hay una clara preeminencia de los delitos contra la propiedad, mientras que los delitos contra la vida o integridad física son estadísticamente marginales. Estos datos empíricos dejan en evidencia que los medios de comunicación distorsionan en forma consciente la realidad, montando campañas mediáticas para manipular y usar emocionalmente a las víctimas para lograr falsos consensos en torno a la avanzada punitiva y criminalizar a una juventud que es la que más sufre las consecuencias de las políticas económicas, que más padece la desocupación y el ajuste.
Que hoy vuelva a la agenda la idea de una ley para bajar la edad de imputabilidad, con Bullrich e Ignacio Torres aprovechando el atroz crimen al joven estudiante Gonzalo Guenchur, no es más que un intento de desviar responsabilidades para revictimizar a la gente pobre, que se tiene que adaptar a las terribles condiciones de vida. Si el gobierno diera vuelta las prioridades, en vez de construir un hotel para turistas multimillonarios o pagarle al FMI, pusiera plata para las escuelas (Ej. la escuela "de cartón" en la ciudad de Trelew, que en los últimos meses tuvo que evacuar por pérdidas de gas; la escuela de arte, que cada que llueve se cae más a pedazos), para crear espacios verdes y parques en los barrios, centros recreativos en los mismos, si el gobierno priorizara la creación de puestos de trabajo duraderos para que todos podamos acceder a un sueldo igual a la canasta básica familiar, nadie tendría razones para robar. Pero prefieren traer esta línea punitivista. Porque no te lo dicen, pero su plan es seguir incrementando las terribles condiciones de vida y de trabajo, nos quieren pobres y controlados por las fuerzas de "seguridad". Plata para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida nunca hay, pero para empeorar la vida de los jóvenes e incrementar la represión barrial, sí.
Hay que terminar con situación de vulnerabilidad social y la falta de futuro que afecta a millones de niños y adolescentes. Construir centros recreativos en los barrios populares para que todos las y los jóvenes puedan disfrutar del arte, la cultura y el deporte. Garantizar becas de estudio y boleto estudiantil. Aumentar el presupuesto para la educación pública y asegurar vacantes en todas las escuelas del país. Dejar de pagarle al FMI y que los millones de dólares que hoy van al pago de la deuda externa se destinen a las necesidades de las grandes mayorías.
En tanto el referente del PTS/Frente de Izquierda, Nicolás del Caño afirmó que “desde el Frente de Izquierda somos muy claros: decimos ‘no a la baja de la edad de imputabilidad y a la criminalización de la juventud’; exigimos que haya jornada reducida de trabajo, con un sueldo acorde a la canasta familiar, para que todos los jóvenes puedan terminar sus estudios; y planteamos que para terminar con el delito organizado hay que desbaratar definitivamente a las mafias que operan desde el propio aparato del Estado”.
El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que viene planteando que en una crisis de la magnitud que atraviesa el país con el 54.4% de pobreza, la salida punitivista que propone todo el arco político menos la izquierda, no solo no es una solución, sino que “esto significa que como en este sistema capitalista las condiciones de vida de las grandes mayorías populares son cada vez peores, aumenta la desigualdad social y es donde actúan las organizaciones delictivas” declaró Myriam Bregman.
Por esto nos oponemos, junto a Unicef y muchas organizaciones a la baja de la edad de imputabilidad. Esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullrich, lo escuchamos de Pichetto (que parece que quiere igualar a Miky Vainilla) sino que también lo hemos escuchado de Sergio Massa, que encabeza la ista de diputados de Frente de Todos. Nosotros nos oponemos a la baja de la edad de imputabilidad y a la mano dura.
Frente a este escenario gravísimo, la única política "activa" del gobierno hacia esta juventud es criminalizarlos, encerrarlos y aumentar así su marginalidad. Sólo el Frente de Izquierda se niega a sancionar leyes que profundicen aún más el control policíaco-militar y la represión contra las mayorías sociales.